Los conflictos entre caseros e inquilinos pueden acabar en los tribunales, no solo por impagos, tambien cuando las viviendas se encuentran en mal estos. Y es lo que le ha ocurrido a un propietario francés de 75 años, con graves problemas de salud y dificultades económicas, que se enfrentó a una denuncia tras ser acusado de no realojar a una familia que vivía en un piso declarado insalubre. La situación afectaba a una pareja y sus dos hijos menores, que denunciaron las condiciones en las que residían.
Tras la denuncia del inquilino las autoridades inspeccionaron el inmueble y el resultado fue que la vivienda presentaba múltiples deficiencias, como ausencia de calefacción, presencia de moho, filtraciones en el cableado eléctrico y riesgo de caídas. Tras la evaluación de los servicios municipales y de la Agencia Regional de Salud, el apartamento fue declarado no apto para la habitabilidad, tal y como recogen desde La Depeche.
A raíz de ello, la administración ordenó al casero de 75 años, que era representante de una sociedad inmobiliaria, que realojara a la familia en un plazo de dos meses y que la vivienda permaneciera vacía hasta ser reparada. Sin embargo, pasado ese tiempo, los inquilinos seguían viviendo en el piso. El inquilino aseguró que el propietario le había pedido que buscara otro alojamiento por su cuenta, mientras que este defendía que no había podido cumplir con la orden debido a su situación económica y a la dificultad de encontrar una alternativa adecuada para una familia de cuatro miembros.
El proceso judicial y las pruebas que llevaron a su absolución
Durante el juicio, la clave se centró en determinar si el propietario había ignorado deliberadamente su obligación de realojar a la familia. Su defensa sostuvo que no hubo una negativa intencionada, sino una imposibilidad real de cumplir con el mandato. “Este edificio necesita reparaciones, sin duda. Pero el expediente no demuestra en absoluto que el propietario esté intentando eludir sus responsabilidades”, explicó su abogada.
Además, se aportaron pruebas que resultaron determinantes como registros de llamadas, mensajes y visitas a una agencia inmobiliaria que confirmaban que el acusado había intentado encontrar una solución para reubicar a los inquilinos. También se acreditó que el resto de viviendas de su propiedad estaban ocupadas, lo que limitaba sus opciones.
Ante estos elementos, la justicia consideró que el casero había hecho esfuerzos reales de realojo, aunque no llegaran a materializarse. Al no poder demostrarse una falta total de actuación, el propietario fue absuelto de todos los cargos.
