
El partido Sumar, al que pertenece Yolanda Díaz (ministra de Trabajo y Economía Social) ha registrado una proposición de ley (PL) en el Congreso de los Diputados para establecer una actualización de precios en los contratos del sector público. Esto es así porque se van a producir incrementos en estas cuantías con la aplicación de los convenios colectivos y con la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) a 1.184 euros en 14 pagas.
La exposición de motivos de esta proposición, que ha recogido Europa Press, explica que durante estos últimos 5 años el SMI ha subido varias veces en España hasta llegar a la cuantía que ya se ha aprobado con los sindicatos para este 2025. Los convenios colectivos, por tanto, han tenido que ponerse al día mejorando los salarios de los diferentes sectores profesionales por el coste de la vida y la subida del IPC.
Sumar ha explicado que estas actualizaciones han mostrado un problema estructural en la contratación pública. Y este no es otro que la falta de mecanismos jurídicos que permita absorber estos incrementos salariales dentro del presupuesto para los contratos públicos.
“Se han generado importantes disfunciones” en estos contratos con los que “se pone en peligro su viabilidad, afecta a las empresas negativamente y perjudica la calidad de los servicios públicos y los derechos de los trabajadores”.
Licitaciones desiertas y con un bajo interés para las empresas
Las plurinacionales están ‘en pie de guerra’ ya que aseguran que la falta de mecanismos para revisar los precios provoca, entre otras cosas, que se resuelvan anticipadamente los contratos públicos por la incapacidad de las empresas adjudicatarias de asumir los incrementos salariales. Pero, además, se están viendo licitaciones desiertas o con una participación extremadamente baja por la ausencia de garantías a las empresas.
La coalición que lidera Yolanda Díaz, Sumar, ve “imprescindible” que se dote al sistema de contratación pública de instrumentos que garanticen su adaptabilidad a las dinámicas económicas y sociales actuales dando seguridad a las empresas y a las entidades adjudicatarias. Pero, sobre todo, ofreciendo certidumbre y calidad respecto de la prestación de los servicios públicos gestionados de forma indirecta.
Modificación “urgente” de la Ley de Contratos del Sector Público
Lo que propone Sumar es una doble modificación de la Ley de Contratos del Sector Público. Por una parte, se introducen modificaciones en el artículo 100 para fijar un tanto por ciento a partir del que resulta obligatorio para el órgano de contratación que se detalle en el presupuesto base de licitación los costes salariales de las personas empleadas para la ejecución del contrato.
Aquí, se detallará que convenio deberá tenerse en cuenta a la hora de realizar el presupuesto base de liciación por parte de los órganos de contratación.
Otro punto es el de un nuevo artículo 103.3 bis que establezca un procedimiento “claro y detallado” o para permitir la actualización de los precios de los contratos públicos cuando se den incrementos en los costes salariales que superen las previsiones iniciales efectuadas por el órgano de contratación al calcular el presupuesto base.
Este mecanismo será exclusivamente para aquellos contratos en los que los costes salariales representen al menos el 30% del presupuesto base de licitación.
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