El sistema de pensiones español cuenta con más de 6,3 millones de jubilados. Aunque los datos oficiales indican que la pensión media de jubilación en el país es de 1.572,01 euros al mes, la realidad de muchos ciudadanos es muy diferente. Dependiendo de los años trabajados y de cómo se haya cotizado, las cantidades que reciben algunos pensionistas se quedan muy por debajo de esa media.
El programa de televisión El Intermedio, de La Sexta, ha mostrado esta realidad a través de una vecina jubilada, antigua empleada de la compañía aérea Iberia. La mujer explicó que su pensión propia es de tan solo 700 euros mensuales. Con esa cantidad, asegura, la supervivencia sería imposible: "Si tuviera que vivir de eso, tendría que hacer un cursillo para no comer".
“Vivo de la pensión de mi marido porque de la mía no puedo"
A pesar de la baja cuantía de su prestación española, esta jubilada disfruta de una buena situación económica gracias a la protección familiar. Su día a día no depende de esos 700 euros, sino de una pensión de viudedad que proviene de Estados Unidos, país donde su marido trabajó durante más de cuatro décadas.
El esposo de la afectada trabajó durante 42 años en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Gracias a esa trayectoria laboral en el extranjero, la mujer percibe ahora una pensión de unos 5.600 dólares mensuales. Además, reconoce abiertamente el contraste entre ambos sistemas públicos y afirma que, si tuviera que vivir únicamente con los ingresos que le genera su propia pensión en España, "pues no podría".
Los recortes fijos en las prestaciones
La existencia de prestaciones bajas en España afecta a miles de personas que sufren los llamados coeficientes reductores. Estos descuentos se aplican de forma definitiva en la nómina de todos aquellos trabajadores que deciden o se ven obligados a jubilarse antes de cumplir la edad legal. Para quienes empezaron a trabajar siendo menores de edad, esta pérdida de dinero se vive como un castigo injusto que arrastran de por vida.
La Ley General de la Seguridad Social fija estas penalizaciones según el motivo del retiro anticipado:
- Jubilación forzosa (Artículo 207): Se produce tras un despido colectivo. Si el trabajador ha cotizado 40 años o más, la ley le aplica un recorte que va desde el 0,50% hasta el 28% de su pensión.
- Jubilación voluntaria (Artículo 208): Se aplica cuando el empleado decide irse por su propia voluntad antes de tiempo. En carreras largas de más de 40 años cotizados, las reducciones mensuales se sitúan entre el 2,81% y el 19%.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aplica este tijeretazo de forma vitalicia con el argumento técnico de que estos jubilados cobrarán la ayuda durante más años. Por el contrario, los afectados denuncian que estas penalizaciones perpetuas no tienen sentido cuando se han completado carreras laborales tan largas, ya que sus aportaciones durante décadas han financiado de sobra el adelanto de su retiro.
