Cuando miramos al futuro, especialmente en la etapa laboral, muchas personas imaginan estabilidad, crecimiento y desarrollo profesional, esperando alcanzar sus metas. Tras años de esfuerzo, aspiramos a una tranquilidad que abarque lo profesional, lo económico, lo social y también la salud. Pero a veces la vida puede dar un giro de 180 grados, especialmente cuando una enfermedad o un accidente trastoca por completo nuestro rumbo e impide seguir trabajando.
En estos casos, la Seguridad Social contempla la figura de la incapacidad permanente, una pensión destinada a compensar la pérdida de ingresos provocada por esa situación. La cuantía a percibir varía según el grado reconocido, y ahí es donde pueden surgir problemas. Si se reconoce un grado inferior al que corresponde, se reduce significativamente el importe de la pensión, algo especialmente grave cuando la persona no puede reincorporarse a ningún tipo de trabajo.
Por ejemplo, la incapacidad permanente total (que impide ejercer la profesión habitual pero permite realizar otra distinta) da derecho al 55% de la base reguladora. En cambio, la absoluta (que inhabilita para toda profesión) se corresponde con el 100% de dicha base.
“Una vida marcada por el dolor”
Este es el caso de Tobías Soto Rojas, un madrileño de 38 años que convive con un dolor crónico desde que una operación le dejó secuelas irreversibles. “Me operaron en 2016 de una hernia discal y todo salió mal. Desde entonces, vivo con un cuchillo clavado en la espalda”, relata en una entrevista para ‘NoticiasTrabajo’. Actualmente, tiene reconocida una incapacidad permanente total y un grado de discapacidad del 53%, pero su situación ha empeorado tanto que solicitó la incapacidad absoluta, siendo esta denegada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) hasta en dos ocasiones.
Tobías vive solo en Madrid y percibe 725 euros mensuales de pensión. “Solo la hipoteca me supone 530 euros, imagínate cómo hago para sobrevivir con lo que me queda”, explica. Sin ingresos adicionales ni ahorros, ha tenido que recurrir a comedores sociales y acumula una deuda que ya supera los 6.000 euros. “Lo más duro es la soledad, estar todo el día encerrado en casa con este dolor insoportable”, admite.
“Llevo 7 años con fentanilo y ya no me sirve para nada”
Desde enero de 2018, Tobías depende del fentanilo, un opioide extremadamente potente, para sobrellevar su día a día. “Empecé con una dosis pequeña, pero el cuerpo te pide más. Ahora llevo un parche cada dos días y ni siquiera me alivia el dolor”, señala. Aun así, la Seguridad Social no ha considerado que su situación haya empeorado. “Me dicen que no hay pruebas de que esté peor, cuando no puedo ni salir de casa y perdí mi trabajo por esto”.
Tras su primera operación en 2016, fue sometido a otras dos cirugías. Una en 2018 para retirarle la instrumentación de la espalda y otra en 2021 para implantarle un neuroestimulador. “No sirvió de nada. Vivo limitado, con 38 años y sin posibilidad de hacer una vida normal”, lamenta.
“Me formé en ciberseguridad porque ya no podía hacer trabajos físicos”
Antes de la operación trabajaba en hostelería, pero tras el diagnóstico decidió reinventarse y se formó en ciberseguridad. Empezó a trabajar desde casa en 2020, justo tras el confinamiento, pero tuvo que dejarlo en 2022. “Era un trabajo mentalmente exigente y con el fentanilo no podía concentrarme. Me sentía cada vez más torpe, como si tuviera la cabeza nublada todo el tiempo”, cuenta.
Aunque intentó reincorporarse al mercado laboral en otra área, su estado físico y cognitivo se lo impidió. Aun así, la Seguridad Social le denegó el cambio de grado a incapacidad absoluta, a pesar de cumplir los requisitos tras haber probado sin éxito un empleo distinto al que motivó la primera incapacidad.
“La Seguridad Social me da excusas para no valorar los informes médicos”
Tobías afirma que el proceso de reclamación ha sido un calvario. “Me dijeron que llevara nuevos informes, y cuando los llevé, me dijeron que ya no podían recibirlos. Es todo trabas para no valorar lo que aportas”, denuncia. Tras la segunda denegación, debe esperar un año entero para volver a solicitar la revisión del grado de incapacidad. Ese plazo se cumple en diciembre de 2025, pero no tiene medios para iniciar un nuevo proceso judicial. “Sin dinero no puedo pagar a un abogado, y sin abogado no te lo conceden”.
A todo esto se suma la incomprensión. “Desde fuera parezco sano: soy alto, delgado, joven… Pero nadie ve el dolor brutal que llevo dentro. Y como no hay un termómetro para medirlo, no se valora. Es una putada”.
“Estoy solo, endeudado y sin fuerzas. Pero sigo luchando”
Sin red familiar cercana, pareja ni apoyo económico, Tobías ha tenido que recurrir a los servicios sociales. “Ahora estoy viendo un psicólogo del Ayuntamiento de Madrid, porque psicológicamente ya no puedo más. Esta vida no es vida”. El pasado 24 de abril fue ingresado en el hospital para intentar dejar el fentanilo. “Es mi última esperanza”, dice.
Mientras tanto, sobrevive con lo justo y en soledad. “No tengo nada que perder. Estoy tan cansado de todo que me da igual. Pero sigo probando cada tratamiento que me proponen, porque quiero salir de este círculo. A veces aún tengo un poco de esperanza”.
