El Gobierno debate crear un recargo adicional a las cotizaciones de los altos sueldos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones discute la conveniencia de introducir en el segundo capítulo de la reforma de las pensiones un recargo adicional a las cotizaciones de los salarios de cuantías más elevadas, tal y como adelantó el diario ‘El País’. Aunque el germen de la medida ha ido adquiriendo peso por la radiografía económica del país y de las necesitadas arcas estatales, todavía se encuentra en fase de debate, por lo que se desconocen su importe o método de ejecución.

Esta forma parte de la batería de proposiciones e iniciativas que negocian los actores sociales y parlamentarios implicados dirigidas a engrosar las arcas públicas y de la Seguridad Social. Por tanto, encima de la mesa de negociación del diálogo social y político que vigila la Comisión Europea se van sumando todas las ideas al respecto para reforzar los ingresos estatales.

Una medida complementaria a elevar las bases máximas de cotización

El gravamen adicional a las cotizaciones de los sueldos altos iría de la mano de incrementar las bases máximas de cotización un 30% en cerca de 30 años. La razón de ello radicaría en que, aunque ese límite se aumentará en ese porcentaje, las remuneraciones más elevadas continúan escapándose de los rangos exentos de cotización o hacerlo en su totalidad. Estos son aquellos por encima de 4.495 euros en 2023.

También de ampliar hasta 2050 la ‘sobrecotización’ del 0,6% que se liga al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este entró en vigor completamente en 2023 hasta 2032, sustituyendo al llamado factor de sostenibilidad, y establece una cotización adicional de 0,6% sobre el salario bruto: un 0,5% a la empresa y un 0,1% al trabajador. Además, aumenta la cuantía de las contingencias comunes: las empresas pagarán el 24,1% y los trabajadores, el 4,8%. La meta es recaudar casi 3.000 millones de euros en 2023 para la 'hucha de las pensiones'.

La reforma de las pensiones, de nuevo con retraso

De nuevo, las tiranteces entre las distintas partes de una negociación multidisciplinar han provocado que España vuelva a incumplir con lo prometido ante la Comisión Europea, que era el compromiso de haber formalizado para antes del término de 2022 la segunda parte de la reforma de las pensiones y la sostenibilidad del sistema que tanto demanda Bruselas.

El principal foco de conflicto, tanto dentro del propio Ejecutivo como con los agentes sociales es la propuesta del Ministerio de José Luis Escrivá de la ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, descartando los dos peores años cotizados. CCOO y UGT la etiquetan de innecesaria y de no comulgar con el Pacto de Toledo ni recabar la mayoría de aprobación político. Misma opinión que poseen los trabajadores.

Aunque como puntos principales recoge también el destope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima -aunque no al mismo ritmo-, una mejor cobertura de las lagunas de cotización en carreras laborales irregulares y medidas para reducir la brecha de género en pensiones. La idea actual es la de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones (IPC interanual medio anterior a diciembre), sumando un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. Es decir, un aumento cercano al 30%.