El Gobierno ha aprobado este miércoles, en el último Consejo de ministros del año, la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a las comunidades autónomas con régimen común que lo soliciten, equiparándolas a las comunidades de régimen foral, que son País Vasco y Navarra, y a las que ya había sido cedida. De ese modo, se extiende al resto de comunidades que lo deseen el acuerdo alcanzado con la Generalitat de Cataluña.
La medida ha sido anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha hecho balance del escudo social aprobado para 2024. Entre las medidas aprobadas, estaba la rebaja del IVA de los alimentos básicos, las rebajas en la luz y el gas, las ayudas al transporte público o la prórroga del contrato de relevo.
Con esta cesión, se refleja una descentralización de la Seguridad Social que estaría impulsando el Gobierno de coalición con sus últimos acuerdos, a pesar de que el anterior ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ahora sustituido por Elma Saiz, se veía reticente a ello. El motivo es que desde esta cartera ministerial detectaron que las rentas vitales de inserción, a las que sustituyó el IMV, eran muy dispares entre comunidades.
Por ello, desde la Seguridad Social establecieron diferentes cuantías en función de la carga familiar y de las circunstancias patrimoniales de la familia, para intentar equiparar esta ayuda, que era el motivo por el que no optaban por una cesión total de la gestión del IMV.
Alcanzar a la población objetivo, la misión del IMV
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) no ha alcanzado el número de beneficiarios estimados. Se ha detectado esta dificultad desde su creación y es lo que podría justificar la cesión de la gestión de la ayuda a las comunidades autónomas. Son los servicios locales y regionales los que tienen un mayor conocimiento sobre la población vulnerable residente, por lo que podrían hacer llegar esta prestación de forma más efectiva.
A finales de noviembre, el IMV había llegado a 710.341 hogares (un total de 2.079.233 personas), que son 139.650 hogares menos de lo que se preveía inicialmente. Al respecto, el Gobierno espera que a finales de este año se llegue a los 2.150.000 beneficiarios, incluyendo al País Vasco y Navarra, tal como ha podido conocer Europa Press.
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