Dicen que de esperanzas se vive. Sobre todo cuando crees que la justicia es justa y no ejemplarizante. Hace unas semanas, la vecina de Burgos, Carmen Angulo Pujol, acudió a NoticiasTrabajo para denunciar su caso concreto. Un error del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la renovación del subsidio para mayores de 52 años y un aumento de la pensión de viudedad, que ella no pidió, le ha generado una deuda que ya asciende a los 15.000 euros. ¿Lo peor? Que pueden embargarle la pensión contributiva.
Antes de comenzar el mes de diciembre, Carmen recibió una de las peores noticias que puede recibir alguien antes de Navidad. Una carta de apremio del SEPE donde se le exigía el embargo de la pensión. La deuda no hace nada más que aumentar “de los 9.245 euros he pasado en menos de un año a 15.000 euros aproximadamente y el embargo procederá a efectuarse en 15 días”, apunta Angulo.
Y es que no había más temor en esta mujer que no tener dinero para comprarle los regalos de Navidad a sus nietos: “Por lo menos he podido cobrar la pensión con la paga extra de noviembre. Voy a intentar presentar un recurso de alzada, aunque mi abogada está de vacaciones y no tengo a nadie que me ayude".
Sin abogado y sin perder la fe: llegan buenas noticias
El coraje de Carmen llega a límites insospechados. Ella se mantiene en su postura de que no pidió el aumento de la pensión de viudedad en la Seguridad Social ni desde el SEPE le pusieron objeción a la hora de renovar el subsidio para mayores de 52 años.
“La culpa es de ellos. Yo me limité a ir a consultar mi vida laboral para poder acogerme a una jubilación anticipada porque estoy enferma. Fue la funcionaria quien decidió que yo podía cobrar más de viudedad y decidió subir la pensión sin yo solicitarlo”, asegura con vehemencia Carmen.
Una vez que su abogada de oficio volvió de vacaciones, esta se desentendió de la pensionista al afirmarle que únicamente era de su competencia el juicio que tiene con el SEPE el 18 de diciembre de 2023, el que tiene pendiente por la devolución íntegra del subsidio a modo de sanción.
En ese momento, Carmen se armó de valor, tomó las riendas de la situación y escribió con su puño y letra el recurso de alzada a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) por esa carta de apremio que le informaba del embargo de la pensión. ¡Y llegaron las buenas noticias!
“Me contestaron aceptándolo hasta que el SEPE haga el recurso de oficio. El 21 de diciembre tenía las medidas cautelares en el juzgado de Burgos que lleva el caso. El juez no creyó pertinente hacerlo porque ya la TGSS había paralizado, por el momento, la vía de apremio”, explica la pensionista.
“Ahora solo me falta presentar un escrito en el registro del SEPE u otro registro con la solicitud de paralizar el apremio por parte del SEPE. En teoría, hasta la fecha del juicio quedaría en suspenso el embargo”, explica Carmen con un atisbo de esperanza.
El caso de Carmen es el de miles de afectados por el subsidio para mayores de 52 años. A esta redacción varios pensionistas o desempleados han querido explicar cuál es su caso para darles voz porque se sienten desprotegidos ante la administración pública de empleo. Por el momento, Carmen parece ver luz al final del túnel, aunque todavía falta un año para su resolución judicial.
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