El Gobierno de España ha pedido apoyo internacional para poder frenar la presión migratoria que está sufriendo en el norte de África, al ver que toda ayuda es necesario tal y como se está sucediendo todo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado una petición formal a la Comisión Europea para pedir ayuda operativa y logística de forma inmediata por parte de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol. La idea principal de pedir el apoyo de estas fuerzas especiales no es otra que la de reforzar y hacer que sean más rápidos los trabajos de triaje e identificación, así como la tramitación de los expedientes personales de las personas inmigrantes en situación irregular que todavía se encuentran en Ceuta tras la grave crisis migratoria registrada los pasados 30 y 31 de julio, la cual ha sido considerada como ‘situación de interés para la seguridad nacional’.
Ha sido el propio Grande-Marlaska el encargado de enviar la solicitud de ayuda, dirigiéndola a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la Comisión Europea, Beate Gminder, después de que la propia directora general ya le ofreciera este apoyo a España el pasado 21 de agosto en una misiva remitida al embajador español ante la Unión Europea, Marcos Alonso. Como las infraestructuras de acogida de la ciudad autónoma apenas pueden aguantar o gestionar todo este proceso, ya que están desbordadas, el Ministerio del Interior ha visto necesario que Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) intervengan para desatascar la situación y hacer algo más sencillo el proceso.
Han pedido diez agentes extra del equipo de Frontex
El Ministerio del Interior ha pedido una serie de recursos muy de personal y tecnología muy específicos a Frontex, destacando sobre todo la ampliación especial de la duración de la Operación Minerva (el dispositivo de seguridad aduanera que monitoriza los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta durante el Paso del Estrecho), que iba a terminar este 2 de septiembre, con la idea de ayudar en la estabilización de la situación de Ceuta. A la vez que esto, Interior también ha pedido la participación de diez agentes adicionales del Cuerpo General de Frontex en las tareas de triaje con el fin de agilizar la recogida de información y la identificación de aquellos migrantes de la crisis de julio que aún no han sido sometidos a este procedimiento.
Como hay una serie de limitaciones físicas de espacio e infraestructura en la ciudad autónoma de Ceuta que son difíciles de salvar, el Gobierno de España tiene pensada la asistencia directa también de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA), que es capaz de realizar entrevistas y aportar traductores e intérpretes oficiales de manera telemática, evitando la masificación de los centros locales. Cuando terminen estas fases de triaje y, en su caso, los correspondientes procedimientos de asilo en frontera, el ministerio concretará el apoyo de Frontex necesario para ejecutar los retornos utilizando los mecanismos de mediación y acuerdos que la agencia comunitaria tiene suscritos con diversos países de origen de la migración.
Cooperación con Europol a medio plazo y 32 millones en ayudas
La estrategia del departamento de Grande-Marlaska para dotar de estabilidad a la frontera sur de Europa se extiende también a medio y largo plazo. Por un lado, la carta solicita de manera formal que el buque oceánico de la Guardia Civil 'Duque de Ahumada', cuyo flete está cofinanciado por fondos comunitarios y que habitualmente opera bajo las órdenes de Frontex la mitad del año, permanezca patrullando en aguas españolas durante todo el ejercicio 2027. Por otro lado, se demanda el mantenimiento ininterrumpido del sistema de satélites de vigilancia EUROSUR Fusion Services, operado por Frontex, para poder obtener imágenes en tiempo real del perímetro con Marruecos con el fin de vigilar puertos, costas y zonas de prefrontera.
En lo relativo a Europol, el titular del Interior ha abogado por mantener y profundizar de forma prioritaria la cooperación operativa ya existente entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la agencia europea, especialmente en el ámbito de la investigación estratégica conjunta de las redes transnacionales organizadas de tráfico de personas.
Finalmente, la carta de Grande-Marlaska recuerda que, para sostener este despliegue de personal y recursos técnicos, España ya solicitó el pasado 24 de agosto ayuda financiera de emergencia por valor de más de 32 millones de euros con cargo a los fondos europeos de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y al Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados (IGFV), una partida económica de cuya pronta resolución positiva el Gobierno confía en tener noticias en los próximos días.