El Gobierno ha dado un paso decisivo para poner en marcha la regularización extraordinaria de migrantes tras recibir el respaldo del Consejo de Estado, que avala la vía reglamentaria elegida, cambia el modelo de extranjería “con carácter urgente” para adaptarlo a esta regularización y valida los principales objetivos del proceso. El Ejecutivo trabaja ya en la incorporación de las recomendaciones del órgano consultivo para aprobar el texto definitivo “lo antes posible” en el Consejo de Ministros, según fuentes del Ministerio de Inclusión.
La medida, anunciada en los últimos meses, pretende conceder permisos de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de personas en situación irregular en España, una de las mayores regularizaciones de las últimas décadas. El dictamen del Consejo de Estado, aunque no vinculante, refuerza jurídicamente el procedimiento y despeja uno de los principales interrogantes sobre su encaje legal. Esto llega también como un respaldo más, tras los intentos de cambiar la norma por parte de PP, Vox y Junts, que pretendían endurecer las condiciones de regularización.
Ajustes técnicos tras el dictamen
El apoyo del Consejo de Estado llega acompañado de una serie de recomendaciones que el Ejecutivo ya ha asumido en gran medida. Entre ellas destaca la necesidad de precisar la definición de vulnerabilidad, un elemento clave para determinar quién podrá acogerse al proceso.
Según las fuentes ministeriales, se considerará persona vulnerable a quien haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y lleve al menos cinco meses en situación irregular en el momento de solicitar la regularización. Esta aclaración busca acotar el alcance del procedimiento y evitar interpretaciones dispares en su aplicación.
Otro de los puntos relevantes afecta a la compatibilidad con el sistema de asilo. El Consejo de Estado subraya que no se puede ser beneficiario simultáneamente de protección internacional y de un permiso derivado de la regularización. En estos casos, el permiso de asilo se mantendrá vigente hasta que se resuelva de forma favorable la solicitud de residencia y trabajo.
Garantías jurídicas y objetivos sociales
El órgano consultivo avala que la regularización se articule mediante una modificación del Reglamento de Extranjería, al tratarse de un instrumento legal conforme al marco constitucional. Asimismo, considera que el procedimiento respeta las garantías necesarias para su correcta ejecución, a pesar de las continuas quejas del PP.
El dictamen también respalda los objetivos de fondo del plan: favorecer la integración social, reforzar la seguridad jurídica y reducir la irregularidad administrativa, tres ejes que el Gobierno ha situado en el centro de la reforma. En esta línea, valora positivamente que colectivos como los desplazados por la guerra de Ucrania queden fuera del proceso al contar con un régimen específico.
Además, se pone el foco en la protección de los menores y del entorno familiar de los solicitantes, un aspecto que el Consejo de Estado considera adecuadamente recogido en el texto.
Requisitos y condiciones del proceso
El acceso a la regularización estará condicionado a una serie de requisitos estrictos. Entre ellos, destaca la ausencia de antecedentes penales, considerada una condición “ineludible”, así como la obligación de no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública .
El Ejecutivo insiste en que las recomendaciones del Consejo de Estado “respetan la esencia” del proyecto inicial y contribuyen a mejorar su claridad y aplicación práctica. Con este aval, el Gobierno encara la fase final de un proceso que, por su alcance y repercusión social, marcará el debate migratorio en los próximos meses.