Continúan las reacciones a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de los interinos en las administraciones públicas españolas. Esta vez, quien se ha posicionado es la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha celebrado el fallo y ha instado a aplicar en el sector público la misma reforma que se ha aplicado en el privado para favorecer la estabilidad en el empleo, en referencia a la reforma laboral que entró en vigor en 2022.
Se trata, en cierto modo, de un recado al ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, ya que su cartera es quien tiene principalmente la competencia para atajar esta temporalidad. Sobre esta, ha denunciado, en declaraciones a RNE, que el nivel en las administraciones públicas supera el 30%, lamentando que este asunto no sea de su competencia.
“Es una indignidad que tengamos profesionales como los que imparten docencia a nuestros hijos e hijas, o los que nos cuidan, con precariedad en el trabajo. No es mi competencia y bien que lo siento”, señalaba al respecto, para continuar manifestando que “la misma reforma que hemos hecho de la estabilidad en la empresa privada, hay que hacerla en el trabajo público”.
“Lo mismo que se ha hecho en el ámbito privado, hay que hacerlo en el público”
Sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Yolanda Díaz ha expresado que este organismo “venía condenando ya a nuestro país”. Al respecto, ha asegurado ser “clarísima”, manifestando que “lo mismo que se ha hecho en el ámbito privado, hay que hacerlo en el ámbito público”.
Hay que recordar que, en el comentado fallo, el TJUE expresaba que la legislación española actual no cuenta con “medidas adecuadas” para prevenir y sancionar la utilización sucesiva de contratos temporales y del contrato indefinido no fijo, que se están prorrateando en la mayoría de administraciones públicas cubriendo, de esta forma fraudulenta, plazas que verdaderamente son fijas.
En este sentido, la justicia europea considera que una solución sería “la conversión de esos contratos temporales en contratos fijos”, lo que podría suponer la conversión en fijos de más de medio millón de interinos de larga duración. Sin embargo, en la misma sentencia, el TJUE también indica que es la legislación española quien debe modificar la jurisprudencia nacional, si consideran, como ellos apuntan, que esta es incompatible con los objetivos del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada.
A tenor de este criterio, ya se conocen dos sentencias que han declarado la conversión de interinos en fijos siguiendo los criterios de la Directiva europea y no la legislación española. Precisamente, al conocerse el fallo del TJUE, Escrivá solicitó “esperar” a que los tribunales españoles interpretasen la sentencia europea, que consideraba “muy extensiva”. De momento, los tribunales parecen estar de acuerdo con la resolución de Europa, por lo que tocará esperar si se produce una modificación o no de la legislación española o si, como insta Yolanda Díaz, se implantará una reforma en el empleo público.
De momento, Escrivá sí ha confirmado varias medidas que se podrían entender como una reforma, que es la mejora de la planificación de los recursos humanos y la eliminación de la tasa de reposición. Esto sin contar que, durante este año, la Administración Pública va a trasladarse a un modelo por competencias, como ocurre en las administraciones europeas.
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