El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de 2026 como ‘Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo’, coincidiendo con el 30º aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El Gobierno aprueba de esta forma la declaración institucional que incluía esta propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
La iniciativa pretende conseguir, según el departamento que dirige Yolanda Díaz, "no una mera declaración de intenciones”, sino “un llamamiento al conjunto de la sociedad", con el fin de reforzar la cultura de la prevención en todos los sectores productivos. El Ministerio considera que la ley de 1995 supuso un “hito histórico” y sirvió para asentar las bases de esa cultura preventiva, pero advierte de que los retos actuales exigen un nuevo impulso, como también lo han reclamado los diferentes sindicatos.
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Entre las líneas de actuación previstas para 2026, el Gobierno se compromete a actualizar la normativa de prevención frente a los riesgos emergentes, impulsar campañas de sensibilización e información permanentes, fortalecer la investigación y la innovación, promover la cooperación nacional e internacional, y adaptar la educación en prevención a los distintos niveles docentes.
Un problema persistente de siniestralidad
Trabajo reconoce que los niveles de siniestralidad laboral en España siguen siendo “inadmisibles”, con 796 personas fallecidas en el trabajo o en desplazamientos laborales en el último año, lo que equivale a más de dos muertes diarias. “Es necesario actuar de manera decidida y sin demora”, advierte el Ministerio, que recuerda que la Constitución encomienda a los poderes públicos garantizar la seguridad y la higiene en el trabajo.
El Ejecutivo subraya que la reforma laboral y el aumento de la estabilidad en el empleo han permitido reducir un 7,4% el índice de siniestralidad con baja laboral, según los últimos datos disponibles.
Nuevos riesgos y desafíos
El Ministerio de Trabajo apunta que las transformaciones del mercado laboral han traído nuevos riesgos hasta ahora poco atendidos, como los psicosociales, las desigualdades de género en materia preventiva, las enfermedades derivadas del trabajo, el envejecimiento de la población activa o las amenazas vinculadas al cambio climático.
Estos desafíos están recogidos en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, aprobada con el consenso de las comunidades autónomas, los sindicatos y las organizaciones empresariales, y alineada con el Marco Estratégico Europeo 2021-2027.
Entre las medidas adoptadas en los últimos años, Trabajo recuerda la adaptación en 2023 de la normativa sobre lugares de trabajo para obligar a las empresas a proteger a sus empleados frente a fenómenos meteorológicos adversos, así como la reforma de 2024, que reconoce permisos laborales ante catástrofes naturales o riesgos graves e inminentes.
Además, el Estatuto de los Trabajadores incluirá, siguiendo las recomendaciones de la OIT, protocolos de prevención frente a catástrofes negociados colectivamente