Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han pedido dejar ya a un lado las rebajas generalizadas del IVA aplicadas en los últimos años para paliar crisis energéticas como la que se está viviendo ahora por la guerra de Irán, ya que según este colectivo se tratan de medidas “paliativas y poco eficientes”. Gestha respalda así el nuevo enfoque de la Comisión Europea, que apuesta por ayudas directas y estímulos fiscales selectivos dentro del plan AccelerateEU, diseñado para hacer frente al impacto económico del conflicto en Oriente Medio.
La organización de técnicos valora que Bruselas marque “un punto de inflexión” en la política fiscal energética al priorizar instrumentos más dirigidos a los colectivos vulnerables frente a las reducciones impositivas indiscriminadas, que, según su análisis, no logran corregir las desigualdades.
Ahora Bruselas pide medidas más concretas
El plan europeo se enmarca en un contexto de fuerte presión sobre los precios de la energía. La Comisión Europea estima que la crisis derivada del conflicto en Oriente Medio ha supuesto ya un sobrecoste de 24.000 millones de euros en importaciones energéticas para la Unión Europea, lo que ha obligado a replantear las herramientas de intervención pública.
Frente a la respuesta aplicada en crisis anteriores, que se basada en rebajas fiscales generalizadas, especialmente del IVA sobre la electricidad y los carburantes, Bruselas propone ahora medidas más focalizadas, como vales energéticos, tarifas sociales o incentivos a la inversión en tecnologías limpias. Gestha considera que este cambio corrige una estrategia que ha demostrado tener efectos limitados sobre los precios finales y escasa capacidad redistributiva.
El impacto regresivo de las rebajas fiscales
Uno de los argumentos centrales de los Técnicos de Hacienda es el carácter regresivo de las bajadas del IVA. Según explican, estas medidas benefician en mayor medida a los hogares con mayor capacidad económica, ya que son los que concentran un consumo energético más elevado.
“Las viviendas de mayor tamaño, con mayores necesidades de climatización, y el uso de vehículos de mayor consumo hacen que las rebajas fiscales acaben favoreciendo a las rentas altas”, sostienen. Este diagnóstico coincide con distintos estudios encargados por la Comisión Europea, que concluyen que la fiscalidad energética tiene un impacto redistributivo negativo en los países del sur de Europa.
En este sentido, Gestha defiende sustituir estas rebajas generalizadas por mecanismos más selectivos que permitan dirigir los recursos públicos hacia los colectivos más vulnerables, evitando que una parte significativa del esfuerzo fiscal se diluya en segmentos de renta alta.
Fiscalidad energética y transición ecológica
Más allá del corto plazo, los técnicos subrayan la necesidad de alinear cualquier medida fiscal con los objetivos de la transición energética. En particular, reclaman avanzar en la reforma de la Directiva de Fiscalidad Energética para que los combustibles tributen en función de su impacto ambiental y contenido energético.
La propuesta europea plantea que la electricidad soporte una menor carga fiscal que los combustibles fósiles, con el objetivo de incentivar la electrificación y reducir la dependencia energética exterior. Gestha considera que esta señal de precios es “fundamental” para orientar tanto a consumidores como a empresas hacia tecnologías limpias.
Asimismo, el colectivo insiste en eliminar las exenciones fiscales a los combustibles fósiles, las cuales ven que se han quedado “hoy obsoletas”, y en reforzar los incentivos a la inversión en energías renovables, autoconsumo y movilidad eléctrica, especialmente para evitar que estas soluciones queden restringidas a los hogares con mayor capacidad económica.
Medidas insuficientes sin reformas estructurales
Pese a su valoración positiva del cambio de enfoque europeo, Gestha advierte de que las medidas serán insuficientes si no se acometen reformas estructurales del mercado energético. Entre ellas, destaca la necesidad de revisar el sistema marginalista de fijación de precios eléctricos, que permite que la tecnología más cara determine el precio del conjunto del mercado.
También reclama actuar sobre los denominados “beneficios caídos del cielo” de algunas tecnologías, como la hidráulica o la nuclear, y sobre los márgenes de las compañías energéticas, con el fin de evitar que las ayudas públicas terminen siendo absorbidas por el mercado.
A la vez que esto, el colectivo pide al Gobierno español que aproveche los fondos europeos disponibles, que son más de 350.000 millones de euros entre distintos instrumentos, para financiar un escudo social eficaz y acelerar la modernización del sistema energético.
El papel del teletrabajo y otras medidas olvidadas
Gestha lamenta, no obstante, que el plan europeo no incluya el impulso al teletrabajo como herramienta para reducir el consumo energético. A su juicio, esta medida permitiría racionalizar el uso de combustibles tanto en el ámbito privado como en el público, en línea con las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía.
La ausencia de este tipo de iniciativas evidencia, según los técnicos, que la respuesta europea sigue centrada en el ámbito fiscal y energético, sin explorar plenamente otras palancas de reducción del consumo.
En conjunto, el nuevo enfoque comunitario abre una etapa en la que la política fiscal deja de apoyarse en medidas generalizadas y avanza hacia instrumentos más selectivos. Para Gestha, el reto ahora será trasladar este cambio a las políticas nacionales y garantizar que las ayudas lleguen de forma efectiva a quienes más las necesitan, sin distorsionar los objetivos de la transición energética.