Sentencias - Página 5

El banco incumplió sus obligaciones contractuales al permitir la ejecución de operaciones no autorizadas y se descartaron negligencias graves por parte de la afectada.

El TSJ de Galicia confirmó que el trabajador no tenía intención de fraude y que sancionarle con un despido fue desproporcionado.

La obra era obligatoria por accesibilidad y conservación y la exención que tenía, de no pagar algunos gastos, no le libera de costear mejoras estructurales impuestas por la normativa.

El trabajador reclamó a la Seguridad Social la incapacidad permanente absoluta, pero el juzgado explicó que sus lesiones le impedían desempeñar su profesión habitual, aunque podía realizar otras tareas más livianas.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado el despido de una empleada que se llevó productos de la tienda sin pagar de manera reiterada.

La Agencia Tributaria reclamó a los herederos 97.511,11 euros en concepto de IRPF al considerar que la donación del 41% de la farmacia no estaba exenta y generó una ganancia patrimonial no declarada.

Al empezar a cobrar la pensión de jubilación, la Seguridad Social le dijo que era incompatible con la de viudedad, por lo que suspendió la pensión y procedió a reclamar las cantidades cobradas indebidamente.

La justicia consideró que su contrato era fraudulento porque no cumplía con los requisitos para la contratación temporal de profesores asociados.

Realizó un trayecto en taxi “desorbitado” a cargo de la empresa, cambió la fecha de regreso sin avisarles (también a su cargo) y en ningún momento informó de su ausencia.

Consultó hasta 13 veces en un día la información médica de su exmarido para usarla en su contra en procesos judiciales que tenían abiertos.

La justicia considera que no es necesario el acuerdo unánime para autorizar la obra, y que no había pruebas que justificaran un cambio en la estructura que hiciera que el agua cayera sobre su ventana.

La empresa también le acusó de mantener “un celo exagerado” e injustificado en el control de la seguridad de los camiones durante la huelga en que participó en 2024.

El tribunal explica que cobrar la pensión completa de jubilación es incompatible con estar dado de alta en el RETA, incluso si no se realiza ninguna actividad, por lo que la justicia entiende que debe devolver el dinero de su pensión.

Las cámaras de seguridad lo captaron merodeando el coche llevando unas llaves en la mano.

El tribunal considera que el insulto atentó contra la dignidad de su compañero y que se profirió de forma intencionada, con ánimo de ofender, lo que es “inadmisible” y “claramente discriminatorio”.

El interesado no ha acreditado la suficiente vinculación con España a pesar de aprobar el examen de nacionalidad y ser descendiente de sefardíes.

La mujer empezó a cobrar el 100% de la pensión de viudedad, pero la Seguridad Social, al darse cuenta de que el fallecido tenía una anterior esposa también beneficiaria, revisó el expediente y exigió la devolución de las cantidades cobradas indebidamente.

Sin el uniforme y sin cumplir las medidas de seguridad e higiene, entraron al restaurante para coger vasos, bebidas y comida. También estuvieron tomando alcohol en las instalaciones.

La pensión fue denegada por no tener ni un solo día cotizado en los últimos 15 años tal y como exige el artículo 205.1.b de la Seguridad Social.

No demostraron la vulnerabilidad social o económica alegada cuando servicios sociales les pidió documentación.

En primera instancia, la Justicia dio la razón a la trabajadora pero el Tribunal de Casación francés consideró que era obligación del empleador comprobar la formación de su plantilla.

La Justicia da la razón al directivo de una empresa petrolera al que redujeron el salario cuando fue destituido de su cargo.

Tanto el SEPE como la justicia consideran que preparó la situación legal por desempleo para usar el paro para financiar su nuevo rumbo profesional.

La situación de su hija requería seguimiento hospitalario, tratamiento por psiquiatra, psicólogo, educador y Servicios Sociales, y cuidados y acompañamiento por parte de su madre.

La justicia reconoce el derecho de los dos hijos a recibir su legítima y anula la desheredación porque el distanciamiento familiar no fue culpa exclusiva de los hijos.

La empleadora le dio de baja en la Seguridad Social para poder seguir aplicándose una deducción y contratar a otra persona, pensando que eso solo suspendía temporalmente la relación laboral.

Las nietas abandonaron emocionalmente a su abuela tras morir su padre, provocándole un sufrimiento psíquico que justifica que se queden sin su parte legítima de la herencia.

La justicia explica que el cobro simultáneo del subsidio para mayores de 52 años y la pensión de incapacidad permanente total hace incompatible ambas prestaciones.

El Tribunal distingue entre “parejas de hecho” y “parejas de derecho”, y explica que solo estas últimas, inscritas o formalizadas en documento público con al menos dos años de antelación, pueden acceder a la pensión de viudedad, aunque exista convivencia prolongada y descendencia común.

La justicia considera que la obra mejora la habitabilidad general del inmueble y obliga a todos los propietarios a contribuir, aunque no utilicen las escaleras

El TSJ de Murcia confirma la sanción íntegramente, pese al intento de la empresa de anularla.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que la sanción fue excesiva ya que no participó en la sustracción del producto por parte de una compañera.

El Alto Tribunal recuerda que las fachadas y elementos visibles son bienes comunes y que cualquier modificación requiere autorización unánime de la comunidad.

Debido a la caducidad de la acción, el tribunal no podía entrar a examinar si el despido debía ser declarado nulo o no, como pedía el trabajador.

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja confirma el despido disciplinario de esta empleada, que trabajaba como cajera y mintió al vigilante de seguridad al ser descubierta.

La justicia considera que no se probó una donación válida y que el dinero debe computarse en el reparto como parte del caudal hereditario.

La indemnización también se produjo porque el organismo para el que trabajaba no realizó ninguna evaluación de riesgos psicosociales, a pesar del conflicto laboral existente.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de un autónomo y anula la orden del SEPE de reintegrar 11.701,83 euros, estableciendo que un retraso en la inversión no implica un cobro indebido si se demuestra que el dinero se destinó al proyecto aprobado.

El TSJ explica que el retraso en invertir el dinero obtenido por la capitalización del paro no convierte la ayuda en indebida, ya que la norma solo exige destinar la prestación al proyecto aprobado y no cumplir un plazo estricto de un mes.

La justicia dejó claro inmueble ya no pertenecía al fallecido porque lo había donado a su hija y la viuda carecía de título para permanecer en él.

La trabajadora incumplía reiteradamente el horario laboral y manipuló en varias ocasiones el sistema de control horario.

El tribunal determinó que las pensiones estaban exentas de IRPF porque, según los convenios internacionales firmados por España, se consideran rentas públicas o de organismos internacionales no sujetas a tributación.

La justicia confirma que los locales en comunidades de vecinos no pueden quedar exentos de todos los gastos comunes, aunque no utilicen directamente algunos elementos del inmueble.

La justicia declaró el despido como improcedente no porque dudara de los hechos, sino porque la empresa no ofreció a la empleada la oportunidad de defenderse personalmente antes de comunicarle el despido, siguiendo así la doctrina del Tribunal Supremo.

La justicia considera que la inquilina no probó ni el daño moral ni el incumplimiento del arrendador, que sí realizó reparaciones en el inmueble.

El hijo del pensionista era consciente de que la pensión de jubilación se seguía ingresando, por decidió no comunicarlo ni a la Seguridad Social ni a la entidad bancaria.

El ajuar solo puede incluir bienes personales del fallecido y no puede calcularse automáticamente como un 3% del total heredado

La heredera recurrió al entender que la Administración había sumado indebidamente más de 20.000 euros por el ajuar doméstico, cuando la doctrina del Tribunal Supremo y el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones limitan su aplicación únicamente a los bienes de uso personal en la vivienda familiar.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia da la razón a la empleada porque la carta de despido era poco precisa y no especificaba claramente los hechos imputados.

La justicia reconoce que los hermanos estaban legitimados para reclamar los fondos del fallecido y que el banco no podía exigirles una prueba inviable para demostrarlo.

El tribunal reconoce los años de excedencia para dedicarlos al cuidado de los hijos, pero considera que la situación económica actual no justifica los 900 euros reclamados, dejando la pensión en 300 mensuales.

La justicia recuerda que en las cuentas indistintas la titularidad del dinero depende de quién lo aporta, no de que ambos figuren como cotitulares.

Los okupas no pudieron demostrar la validez del contrato y la justicia ha ordenado su desahucio.

La Inspección de Trabajo lo pilló trabajando en su empresa, por lo que la Seguridad Social declaró incompatible su pensión de jubilación y le reclamó la devolución de lo cobrado de forma indebida.

La renuncia hereditaria es irrevocable y el dinero no podía reclamarse directamente a su hermana porque ya no era heredero y pertenecería a la herencia.

Para el TSJ de Baleares el trabajador no acreditó que el cambio contribuyera a mejorar la enfermedad de su padre.

La empresa alegó que la había despedido por razones económicas pero no fue capaz de demostrarlas y, además, en la carta de despido reconocía que era improcedente.

Estas decisiones no vulneraban la Ley de Propiedad Horizontal y se adoptaron en beneficio del interés general tras varios robos en viviendas y garajes.

Al tratarse de un bien indivisible, la adjudicación con compensación económica a la hermana no debe tributar como transmisión patrimonial onerosa y no tributa en el ITP.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón considera que el despido es procedente porque se produjo una situación de abuso de confianza y transgresión de la buena fe contractual.