Sentencias - Página 4

Aunque cedió los bienes a la prima, renunciar a una parte de la herencia en un pacto privado no supone que no tenga que pagar impuestos por ellos.

Aunque el hombre alegó no haber recibido la notificación y por ende, debía ser nulo, el Tribunal Supremo explicó que la notificación figuraba en el BOE.

Para el tribunal, el despido fue discriminatorio, ya que ocurrió tras sufrir el infarto y estar de baja por incapacidad temporal a pesar de que la empresa alegó causas organizativas.

La hija rompió el vínculo familiar de forma unilateral e injustificada, y el maltrato psicológico por parte del padre no estaba demostrado.

La dueña legítima había escrito su nombre por detrás y, aunque lo intentó borrar, una prueba caligráfica demostró de quién era realmente. Además de la multa, tuvo que devolverle el dinero cobrado.

El tribunal considera que no acreditó ni un solo día cotizado de los 730 exigidos por la carencia específica y recuerda que la norma requiere estar al corriente de pago con la Seguridad Social.

La justicia confirma que alteraron elementos comunes sin autorización y que no pueden invocar un trato discriminatorio respecto a otros vecinos, por lo que tendrán que devolverlo a su estado original.

El viudo convivía con otra persona tras la muerte de su esposa, lo que extingue su derecho de uso exclusivo de la vivienda.

El TSJ de Murcia consideró que la falta de respeto hacia sus compañeras se producía de manera reiterada y dio la razón a la empresa, dedicada al sector comercial.

La justicia considera que la combinación de consumo de alcohol y cannabis con un trastorno depresivo hacía imposible que la trabajadora mantuviera la estabilidad necesaria para conducir un autobús, por lo que le reconocen la incapacidad permanente total cualificada del 75% sobre una base reguladora de 2.500,42 euros.

Unas conversaciones de WhatsApp demostraban que existía un precontrato, considerando la justicia que la empresa vulneró la buena fe en la contratación y rompió unilateralmente una oferta que ya había generado expectativas legítimas.

A pesar de que informó a la Seguridad Social de que su marido había sido condenado por violencia de género y de que su unidad familiar se había reducido, la justicia le exige devolver 6.048,93 euros de Ingreso Mínimo Vital, ya que la ley calcula la prestación con los ingresos del año anterior.

El trabajador alegó que la empresa no había probado que esos artículos (queso, carne y un recambio de batidora) eran de su propiedad y que eran regalos de proveedores.

El Tribunal Supremo rechazó que a la mujer se le aplicara el artículo 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social, que permite acceder en los casos de parejas de hecho formalmente constituídas.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social al considerar que estas dolencias no le impedían trabajar.

La empleada anotaba los pedidos a cargo de una mesa que no existía y luego anulaba las comandas para apropiarse del dinero en efectivo.

La mujer no pudo demostrar que esta parte del terreno le pertenecía y ni ella lo incluyó en la delimitación que hizo al construir su propia vivienda.

La justicia anula la desheredación al considerar que no se probó que el distanciamiento fuera culpa exclusiva del hijo, sino que estuvo motivado por el nuevo matrimonio del padre.

La justicia considera que el cerramiento afectaba la estética y el desagüe del edificio, y que la modificación de las jardineras, con una puerta y candado, fue hecha sin autorización de la comunidad

Para el tribunal , las pensiones que cobraban estos jubilados, una procedente de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y otra del Reino Unido, estaban exentas de IRPF.

Los pluses de turnicidad, nocturnidad y festividad o servicio de guardia, se pueden percibir estando de vacaciones, de baja o disfrutando de un permiso retribuido cuando estos se abonaban regularmente, formando parte de la jornada ordinaria.

El Tribunal Supremo explica que el jubilado ejercía un empleo en el función pública, siendo esta incompatible con la jubilación activa y además incurrió en una inexactitud al declarar su actividad como privada.

Un informe demostró que la humedad del armario no se debía a filtraciones de la fachada ni del tejado, sino a la falta de ventilación de la vivienda, que permanecía cerrada por largos periodos de tiempo.

El hombre intentó que le reconocieran la gran invalidez, pero la justicia solo le reconoce la incapacidad permanente absoluta, por la que cobrará de forma vitalicia 622,04 euros al mes.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sentenció que la empleada, que era gerente en un supermercado Mercadona, actuó de forma desleal y con abuso de confianza.

La justicia rechaza que tenga derecho a renovar indefinidamente el contrato y que la norma a la que se acogía para no marcharse sin otro alquiler fue declarada inconstitucional.

Además de la disminución voluntaria de trabajo, la empresa acreditó faltas de asistencia y puntualidad, uso de las horas de trabajo para fines personales y manipulación del registro horario.

La justicia considera que la empresa toleró su comportamiento porque, antes del despido, no le había dado ninguna advertencia, aviso o una sanción previa.

No pudo aportar pruebas de la compraventa, ni de que la madre le donara su parte, por lo que la casa forma parte de la herencia. Al no haber testamento tiene que repartirse a medias entre las hermanas.

El Tribunal reconoce que las lesiones lumbares crónicas y el dolor que padece le impiden mantenerse en pie, por lo que sí que tiene derecho a la pensión de incapacidad permanente total.

La justicia confirma que no pueden adjudicarse la vivienda porque la finca no constaba a nombre de la fallecida y no se ha liquidado la supuesta sociedad de gananciales.

El nombre de la trabajadora aparecía en uno de los tickets donde se pesaron productos 'gourmets' como un jamón ibérico que costaba 50 euros.

Trabajaba en un centro de personas con grado máximo de dependencia y un alto grado de discapacidad intelectual.

Un tribunal le ha dado la razón coincidiendo con su abogado en que “una denuncia leal, aunque sea torpe, no debe volverse en contra de quien la realiza”.

La comunidad intentó recuperarlos por acuerdo de junta, pero la justicia concluye que la posesión fue continua, pública y pacífica en concepto de dueñas y se consolidó la propiedad por usucapión.

El Juzgado de lo Social ha dado la razón a Alcampo que despidió a una de sus empleadas que realizaba tarjetas de fidelidad falsas suplantando las identidades de los clientes.

El tribunal señaló que la mujer tenía derecho a seguir cobrando la pensión de viudedad aunque también percibiera la jubilación, porque esta última no la hacía incompatible según el artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social.

La parcela se compró de forma verbal en los años 60 y se usó de forma pública, pacífica e ininterrumpida desde entonces; su primo, heredero del terreno vecino, se oponía.

El Tribunal explica que en las pensiones no contributivas de jubilación la salida del territorio por duración superior a 90 días conlleva a la suspensión de la pensión y como no lo comunico deberá devolver las cantidades cobradas indebidamente.

Ni el silencio ni la inacción inicial de la comunidad impiden que se pueda exigir la reposición al estado original.

La empleada tenía un contrato indefinido a jornada completa en un supermercado DIA y cuando la sorprendieron, señaló que los tickets se “habían perdido”.

Tener llaves no equivale a compartir el uso y no puede imponerse el disfrute exclusivo de un bien heredado entre varias personas

Su expareja, que también era empleada de Mercadona, iba a por la nueva pareja del gerente, que trabajaba a su vez en otro supermercado de la cadena.

La justicia considera que los ladridos continuos durante la noche, la falta de vigilancia de los perros y la proximidad de las gallinas a la vivienda va en contra de los límites de la convivencia.

La justicia considera que las circunstancias de ambos progenitores han cambiado y puede reequilibrarse la contribución de cada uno.

La mujer necesitaba de dos años cotización para cumplir con los requisitos de carencia específica y genérica regulados en el artículo 205.b de la Ley General de la Seguridad Social.

Su empleadora le entregó una carta “excesivamente genérica” y no acreditó los hechos que le imputaba.

En un principio, el trabajador se había acogido a un ERE en el que le correspondía 246.312 euros de indemnización, pero le despidieron antes de hacerse efectivo por realizar operaciones irregulares.

El tribunal considera el delito como una falta de buena conducta cívica, requisito esencial para obtener la nacionalidad española.

La justicia considera que el dinero conservaba su carácter privativo y debía incluirse como crédito a su favor en la liquidación de gananciales.

El trabajador se encontraba de baja por ese accidente laboral en el momento del despido, considerando la justicia que sufrió una discriminación por razón de enfermedad.

El Tribunal Supremo explicó que el viudo tenía derecho a la pensión de viudedad porque, tras más de 20 años de convivencia, la boda no pudo celebrarse por el confinamiento derivado de la pandemia, una causa ajena a su voluntad.

La justicia considera que no tenía derecho a usar en exclusiva la casa familiar sin consentimiento del resto de coherederos ni a beneficiarse de ella sin rendir cuentas

La justicia determina que el trabajador realizó actividades “inequívocamente” incompatibles con su recuperación.

La justicia consideró el trabajador estaba incapacitado para trabajar en su sector de oficios, que requiere grandes esfuerzos, pero no para otros trabajos más livianos. Así, solo le reconoció la pensión en el grado total.

La justicia ha confirmado que no pueden disponer de las zonas comunes sin autorización y tendrán que devolver el patio a su estado original y asumir el coste de las reparaciones.

La justicia declara que su despido disciplinario es procedente. Además de su conducta violenta, habló mal de la tienda y llegó a enviar a clientes a la competencia.

Se negó a entregar las llaves de la vivienda y vació el inmueble, causando daños valorados en más de 2.900 euros y un grave daño moral a la hija al dejarla sin los recuerdos de su padre.

La reducción se aplicó porque la jubilada compartía la titularidad de su farmacia con su hijo mediante una comunidad de bienes, y los trabajadores figuraban contratados por esta y no por ella de forma individual.

La Seguridad Social rechazó la incapacidad al entender que sus dolencias aún podían mejorar con tratamiento, pero la justicia explicó que la depresión sumado al deterioro visual hacían imposible el seguir trabajando como educadora infantil.