Sentencias - Página 4

La justicia le da la razón frente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al considerar que actuó bajo la confianza de los convenios firmados con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.

El jefe de la comisaría estaba de acuerdo con el ajuste de jornada pero la administración pública denegó la solicitud del agente de la Ertzaintza, lo que le obligó a recurrir a la vía judicial.

El Alto Tribunal aclara que la vestimenta de trabajo es una condición laboral que debe garantizarse a toda la plantilla por igual cuando realizan las mismas funciones.

El Tribunal Supremo valida la situación asimilada al alta de un trabajador tras un paréntesis de pocos días provocado por un contrato que la propia Seguridad Social anuló posteriormente.

La justicia entiende que la valla solo supone una molestia, pero que la cámara y la alarma sí constituyen una perturbación y deberán retirarse.

La compañía ya le había denegado el teletrabajo previamente a su mujer, formando los dos parte de la misma plantilla.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirma que sus lesiones son incompatibles con el fútbol profesional y que debía retirarse.

La justicia da la razón a la Seguridad Social y mantiene que es merecedora de una pensión de incapacidad permanente total, pero no absoluta.

Al cambiar la unidad de convivencia, superaba los ingresos para seguir percibiendo la pensión de jubilación no contributiva.

La modificación de medidas exige cambios económicos relevantes y permanentes, y que no se pueden introducir gastos no pactados, como los de una mascota.

La Justicia avala la devolución de la subvención al constatar que la finca se dividió solo “en los papeles” para simular tres explotaciones y cobrar más ayudas.

La justicia considera que el historial de actividades molestas, peligrosas e ilícitas hacía insoportable la vida de los vecinos, por lo que valida el desalojo.

Le lanzó insultos y ofensas, tanto en privado como en público, y ya había sido sancionado previamente por acosar a otra compañera.

La Seguridad Social denegó la pensión de viudedad a la segunda esposa, con la que estuvo casada 35 años, porque el marido seguía legalmente unido a su primera mujer al no haberse divorciado tras su separación hace 50 años.

La justicia confirma que la baja por lumbalgia de una auxiliar de ayuda a domicilio es accidente de trabajo, ya que ocurrió tras un esfuerzo laboral concreto, no contaba con antecedentes y recibió asistencia médica en menos de 24 horas.

El Alto Tribunal considera que se vulneró el principio de capacidad económica al exigirse el impuesto pese a no existir incremento de valor.

El Tribunal Supremo anula la cláusula que quitaba el complemento de puntualidad a quienes enferman, al considerarlo un trato peyorativo prohibido por la nueva Ley de Igualdad.

Aunque no hubo mala praxis, no existía ningún documento escrito que acreditase que se había informado al paciente de los riesgos de la operación y la anestesia, como exige la Ley 41/2002.

La justicia considera nulo el acuerdo de la comunidad que ordenaba a un propietario retirar un cerramiento de cañizo en un murete interior de su propiedad.

El Alto Tribunal aclara que las dolencias cardíacas ocurridas en el trayecto de ida o vuelta no gozan de la "presunción de laboralidad" y requieren probar un nexo causal específico con el trabajo.

La empresa acreditó pérdidas económicas que le obligaban a reestructurar la plantilla, siendo la causa del despido ajena a su estado de salud.

La justicia considera que el hijo tendrá que compensar a la hermana por las donaciones excesivas que recibió de su madre en vida.

El Tribunal explica que los coeficientes reductores de la edad deben aplicarse en función de la actividad policial realizada y no del tipo de contrato, ya que excluir el periodo de interinidad vulnera el principio de igualdad y la normativa europea.

El TSJ del País Vasco corrige al Concejo y avala que los ingresos como asalariada no anulan la condición de agricultora a título principal cuando existe acreditación oficial.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid aclara que la jubilación no impide legalmente la reincorporación al puesto, por lo que la empresa no está obligada a pagar si ofrece el empleo y el trabajador lo rechaza.

El Tribunal aclara que el hecho de estar jubilado no impide legalmente la reincorporación al puesto de trabajo, por lo que si la empresa opta por readmitir al empleado en lugar de pagarle, y este rechaza volver, pierde el derecho a la compensación económica.

La justicia ha considerado que el arreglo de una lavadora es una “pequeña reparación” por uso ordinario y no una obra de habitabilidad, obligando al inquilino a asumir el coste.

Era monitor y su empresa decidió despedirle después de que la fundación donde prestaba sus servicios comunicara que dejaban de contar con él. Una decisión que tomaron al enterarse de su matrimonio.

La justicia confirma la validez del acuerdo de la junta de vecinos para prohibir fumar al considerar que los vecinos tienen derecho a un espacio libre de humos

El Alto Tribunal fija esta ampliación en diez semanas tras descontar del permiso del segundo progenitor el periodo de seis semanas que ambos padres habrían disfrutado de forma obligatoria y simultánea tras el parto.

El empleado pretendía que se le reconociera el grado de incapacidad absoluta para cobrar el 100% de la pensión, pero el TSJ de Andalucía confirma que aún puede realizar trabajos sencillos y sin estrés.

El TSJ del País Vasco establece que para considerar que el trámite se ha cumplido, es indispensable probar “de manera fehaciente” que se le ofreció al trabajador la oportunidad de defenderse y que este decidió no hacerlo.

La trabajadora se apropió de un total de 1.994,80 euros al rastrear informáticamente billetes con retraso pagados en efectivo , esperando estratégicamente a que el plazo de reclamación de los clientes estuviera a punto de caducar para cobrar ella misma dichas indemnizaciones.

La empresa no pudo demostrar los hechos en la carta de despido y, además, había mostrado tolerancia hacia esas prácticas.

El TSJ de Andalucía señala que estos hechos demostraban una falta grave que afectaba la confianza del banco en la trabajadora, por lo que avaló el despido como procedente.

El Tribunal señala que la entrada de dinero en efectivo en la unidad familiar obliga a la extinción del subsidio, y no a la suspensión temporal.

El heredero incumplió parcialmente la carga económica impuesta en el legado y esto le obliga a abonar a su hermana las mensualidades que le debe.

La justicia confirma que el propietario tiene que retirar el huerto urbano que instaló en su patio de uso privado y que provocó filtraciones y desprendimientos en el garaje.

La segunda vez que colaboró en la panadería, esta vez como autónoma, ejercía las mismas funciones de repartidora que cuando estaba contratada de asalariada.

La justicia considera que no se puede culpar al propietario de los daños si quien habita la vivienda incumple su deber de comunicar los desperfectos.

Aunque mandó sus alegaciones en plazo, la universidad solo le dejó leerlas una vez que le habían comunicado el despido, y no antes como marcaba el convenio.

La justicia considera que aceptó la división real del terreno durante más de 15 años y no puede ir ahora contra la delimitación establecida en su día al realizarse la segregación de la finca.

Ley General de la Seguridad Social excluye explícitamente a los menores acogidos del cómputo para la aportación demográfica, por lo que no tendría derecho a este complemento, aunque hubiera perjudicado su vida laboral.

El propio Delegado de Protección de Datos de la empresa les advirtió de que el uso de teléfonos personales para fines profesionales era contrario a la normativa de protección de datos, pero hicieron caso omiso.

La justicia confirmó que la trabajadora había cometido una falta muy grave por transgresión de la buena fe contractual y abuso de la confianza.

Según el INE, el 70% de las madres trabajan, pero solo tres de cada diez hombres asumen la crianza. Una brecha de corresponsabilidad que sigue sobrecargando a las mujeres españolas.

La justicia confirma que no se pueden reclamar donaciones en vida si no hay pruebas que las demuestren y valida el valor pericial de los pisos frente a las quejas de una heredera.

La Justicia confirma que los locales comerciales debían contribuir a las reparaciones y mantenimiento de elementos comunes, aunque los estatutos les eximan de ciertos gastos.

El tribunal explica que debe aplicarse la doctrina flexibilizadora del Supremo y reconocer la situación asimilada a la de alta, evitando así dejar desprotegida a la viuda por una aplicación excesivamente rigorista de la norma.

El TSJ de Canarias corrige una situación de discriminación indirecta hacia una trabajadora a tiempo parcial, que durante años percibió un subsidio menos ventajoso porque, según el SEPE, no cumplía el requisito de carencia genérica.

El Alto Tribunal explica que las mejoras voluntarias pactadas en convenio solo obligan a pagar los pluses que se cobran igual cada mes, excluyendo aquellos cuya cuantía depende de la actividad realizada, como las guardias o las horas extra.

La antigua LAU solo protege la prórroga forzosa cuando la vivienda cubre una necesidad real del inquilino o de un hijo económicamente dependiente.

La justicia considera que el banco no cumplió su contrato al no impedir ni reembolsar una operación fraudulenta.

La Justicia considera que las peleas entre hermanos no justifican mantener las deducciones de una donación si se dejan de cumplir los requisitos legales para aplicarlas.

El TSJ de Andalucía consideró que sus lesiones eran incompatibles con la carga de trabajo diaria, destacando que las tareas de hostelería exigen esfuerzos físicos y posturas que la mujer ya no podía hacer.

La Justicia confirma la multa por un delito de coacciones al considerar que el propietario puso en riesgo a los trabajadores mientras usaban herramientas eléctricas en una zona de linde.

La empresa no tenía ninguna causa objetiva que justificara el despido, por lo que la justicia lo declara nulo. Deben readmitirla y pagarle 7.500 euros de indemnización.

Alegó que regaban convencidos de la legalidad porque las tierras fueron cedidas por organismos públicos y que era "de sentido común" pensar que el agua estaba incluida.

El tribunal considera que fue error del jefe de obra llevarlo puesto, denegándole la indemnización: el “más que probable riesgo de que el hormigón pudiera caer sobre el reloj y dañarlo debería haber llevado al hombre a quitarse el preciado objeto”.

El progenitor debe reembolsar las mensualidades percibidas desde que la madre tuvo conocimiento oficial de la independencia económica del hijo y reclamó el cese de la prestación.