Sentencias - Página 3

Una de las claves es que el trabajador impugnó el despido antes de que se lo comunicaran, lo que demuestra el pacto con la empresa.

Aunque la cuenta era conjunta, los fondos eran exclusivamente del fallecido y al no haber una donación o copropiedad real tendrá que devolver el dinero para que se reparta entre los herederos.

La mujer cobró el paro durante tres periodos y debe devolver el primero de ellos al existir fraude, siendo un despido simulado para acceder a la prestación.

Los consumos eléctricos y de agua pueden demostrar que una vivienda no fue habitada de forma permanente, aunque el contribuyente estuviera empadronado en ella.

La empresa demostró que el despido respondía a razones objetivas de producción y organización ajenas a su situación de baja médica.

El Alto Tribunal explica que para acceder a la pensión, los días trabajados a tiempo parcial deben computarse como días completos, eliminando la penalización que sufrían estos trabajadores al calcular su periodo de carencia.

El Alto Tribunal ratifica que el plazo fijado en la resolución es un límite infranqueable para iniciar el expediente, protegiendo la seguridad jurídica del beneficiario.

La omisión del proceso de negociación supone la concesión judicial de la adaptación solicitada por el trabajador, a no ser que esta sea irracional o desproporcionada.

La acción de restitución no prescribe hasta que no se declara nula la cláusula abusiva, según doctrina del TJUE.

La trabajadora aprovechaba la confianza de los clientes para gestionar sus cuentas de forma irregular y evitar que aparecieran descubiertos.

El Tribunal explica que la Seguridad Social no puede reclamar cobros indebidos de una resolución provisional que ya estuviera fuera de plazo.

El Tribunal explica que, a pesar del contagio por coronavirus y las dificultades administrativas de la pandemia, estas circunstancias no eximen de la obligación de comunicar la salida al extranjero.

La justicia considera que debe pagar la compensación a la que se había comprometido, ya que al quedar reflejada en la escritura tenía fuerza contractual.

La empresa no acreditó en la carta de despido los incumplimientos que justificaban supuestamente el despido.

El Alto Tribunal aclara que las uniones de hecho no pueden equipararse al matrimonio para perjudicar al ciudadano en el cálculo de rentas del subsidio por desempleo ya que “la interpretación literal de la ley protege al beneficiario frente a las exigencias de devolución de la Administración”.

Para el tribunal, el traslado de residencia fue "ficticio y fraudulento", ya que el contribuyente mantenía en España cuatro inmuebles, todas sus cuentas bancarias y percibía pensiones de organismos públicos españoles.

La mujer cobraba menos que sus otros compañeros, todos jefes de departamento, y contaba también con menos incentivos.

El Alto Tribunal permite dejar de lado las gratificaciones extraordinarias a quienes ya no están en la empresa dado que estos pagos no tienen naturaleza de salario base y dependen de requisitos de permanencia pactados.

La justicia ordena recalcular el impuesto debido a que dinero y participaciones no pueden incluirse en el cálculo del ajuar doméstico de la herencia.

Las acciones recibidas tenían un valor de 74.600 euros, frente a los 112.000 euros invertidos al principio.

Para el tribunal, la anulación total de su brazo dominante, sumada a una depresión severa e incontinencia urinaria grave, le hacía imposible realizar no solo su actividad laboral habitual sino cualquier tipo de trabajo.

Para la justicia, el informe de los detectives privados es válido porque la vigilancia cumplió los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Tener una segunda vivienda en propiedad no justifica el fin del arrendamiento si esta no estaba libre y a disposición del inquilino en los meses previos a la demanda.

El Tribunal da la razón al SEPE, que le retiró la prestación por desempleo al considerar que hay fraude de ley.

La venta conjunta de varios inmuebles no elimina el derecho de retracto cuando el arrendatario no ha sido informado previamente de la operación.

La justicia confirma la multa para los ocupantes que alteraron la estructura de la vivienda y el terreno anexo alegando un permiso familiar inexistente.

El Supremo explica que exigir el reintegro de una prestación de subsistencia años después, cuando el fallo fue exclusivamente de la Administración, impone una "carga desproporcionada" al ciudadano. La buena fe y la necesidad económica protege el cobro aunque fuera indebido.

Para el TSJ de Cantabria, “incapacita física y psíquicamente a cualquier trabajador para asumir con sometimiento a horarios fijos y a rendimientos predeterminados”.

El tribunal obliga a la madre a pagar al hijo una pensión de alimentos al hijo mayor de edad, que se había mudado a vivir con el padre.

El TSJ del País Vasco confirma que las fotografías tomadas en un club de acceso restringido vulneraron el derecho a la intimidad del trabajador.

La justicia ordena la retirada del toldo porque los estatutos de la comunidad prohibían expresamente cubrir estos espacios.

La empresa intentó dejar sin efectos el primer despido y, en ambos casos, lo justificaron en que el trabajador había realizado ejercicio durante una baja por cervicalgia.

El Tribunal explica que lo determinante para aplicar los coeficientes reductores de la edad de jubilación es la naturaleza penosa y peligrosa de la actividad aérea realizada, la cual es idéntica a la del sector privado, por lo que excluirle únicamente por tener un empleador público supondría una discriminación injustificada.

Un juzgado accede a la petición de dos hermanos para vender en subasta la vivienda familiar heredada, valorada en 64.700 euros, al considerar inviable adjudicarla a uno solo sin el consenso de los demás.

La justicia considera que el derecho a una vivienda no justifica la ocupación de inmuebles sin título legal, ni la permanencia en ellos por situación de vulnerabilidad.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo corrige a la Audiencia de Palencia, que había extinguido el pago, al considerar que el esposo obtuvo un capital importante con el traspaso, aunque fija el fin de la ayuda en 2027 al llegar la edad de jubilación.

El Supremo explica que ignorar la "edad teórica" para calcular el acceso al complemento del 20% castiga injustificadamente al empleado de sectores penosos. Los años bonificados cuentan como edad real para acceder a la mejora, aunque el DNI diga lo contrario.

La cadena de supermercados sospechaba de que consumía productos sin abonar por unos descuadres en el inventario y colocó las cámaras para vigilarle.

El Alto Tribunal da la razón al SEPE y unifica doctrina: solo la indemnización obligatoria de 20 días está exenta del cálculo de ingresos, aunque fiscalmente el trato sea más favorable.

La Audiencia Provincial considera que CaixaBank puede reclamar la deuda y dar por vencido anticipadamente el préstamo porque la hipoteca tenía carácter mercantil y los prestatarios no eran consumidores.

La justicia señala que una supuesta deuda no autoriza a un trabajador a cobrarse ese dinero por su cuenta, usando de forma fraudulenta recursos de la empresa.

Aplicar ambos conceptos sobre la misma deuda supone un doble cobro que va en contra de las buenas prácticas bancarias.

La empresa, aún sabiendo los problemas psicológicos que sufría el trabajador, no hizo nada. Un incumplimiento grave que permite al empleado extinguir voluntariamente el contrato con derecho a indemnización.

Los estatutos obligaban a mantener la zona libre de objetos y prohibían expresamente el uso del espacio para actividades recreativas.

El Alto Tribunal avala que una empresa aplique otro convenio si justifica la causa, respeta el procedimiento del Estatuto de los Trabajadores y mantiene la retribución de la plantilla.

La empresa no logró acreditar que el trabajador fuera responsable directo de las irregularidades detectadas ni que estas tuvieran la gravedad suficiente para justificar el despido disciplinario.

Tras repudiar la herencia, los herederos ya no pueden reclamar derechos sobre los bienes de la misma.

La mujer formaba una unidad económica de convivencia con su esposo e hijo, cuyos ingresos conjuntos excedieron el tope legal, obligándola a reintegrar lo percibido en los últimos dos años.

La empresa no acreditó una restructuración real de la empresa ni cómo afectaba ese supuesto proceso de robotización.

La justicia reduce la cantidad de pensión que tendrá que pagar a los hijos porque pasará a tener custodia compartida.

El acoso se produjo dentro y fuera del trabajo y la víctima sufrió graves secuelas psicológicas.

El Tribunal Superior de Justicia ratifica el recorte de la base reguladora de un pensionista, explicando que la mera asistencia a cursos carece de la utilidad económica y la ajenidad necesarias para constituir una relación laboral válida, anulando así los periodos cotizados bajo esta modalidad fraudulenta.

La justicia considera que las donaciones deben computarse aunque haya dispensa de colación si afectan a la legítima de herederos forzosos

La mujer, que disfrutaba de una reducción de jornada, defendió sin éxito que en las cámaras no se veía claramente que se quedara con el dinero y que los descuadres son frecuentes en este tipo de trabajos.

La Seguridad Social le denegó la pensión de jubilación, ya que a pesar de que tenía más de 15 años cotizados, no cumplía con la carencia específica, que se debía a larga interrupción en los últimos años de su vida laboral.

La justicia confirma que no cabe indemnización cuando el contrato de arrendamiento no recoge inventario ni acredita la propiedad de los bienes.

La empresa tuvo que contratar dos vehículos para recoger a los viajeros y había advertido previamente al conductor de que debía repostar.

El tribunal corrige a la Seguridad Social el no haber atendido a los informes de la sanidad pública que catalogaban al afectado como paciente de alto riesgo, por lo que tendrán que pagarle la incapacidad permanente con efectos retroactivos desde la fecha en la que se le denegó la prestación injustificadamente.

Debido a la gravedad de las amenazas y que el trabajador ya contaba con una advertencia, la justicia considera procedente su despido disciplinario.

La potencia y velocidad determinan si un patinete debe ser tratado legalmente como ciclomotor, exigiendo permiso de conducción.