El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha considera que las patologías no son suficientes para acceder a la gran invalidez, por lo que seguirá cobrando la pensión por incapacidad permanente absoluta.
La pensionista no comunicó a la Seguridad Social el cambio en su situación familiar, lo que le llevó a cobrar una cuantía superior a la que realmente le correspondía.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictamina que además de improcedente, la empresa deberá abonar una indemnización de 9.906 euros.
Según la sentencia, no cumplía con el requisito mínimo de carencia específica, teniendo 441 días cotizados en los últimos 15 años, cuando es necesario tener 730 días.
La empresa Ilunion había pactado con sus empleados un acuerdo por un complemento salarial en la nómina de 30 euros, en ausencia de este tradicional regalo.
La Seguridad Social determinó que el trabajador no cumplía con los requisitos mínimos para acceder a la jubilación anticipada involuntaria.
El “error técnico” en la Ley de Paridad que podría favorecer los despidos por la solicitud de conciliación ha sido subsanado en una enmienda. No obstante, se desconoce cuándo podría entrar en vigor.
Una mujer consigue que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia le conceda la pensión de viudedad pese a no ser pareja de hecho del difunto, pero sí conviviente.
La Seguridad Social alega que no tenía cumplir con el requisito de tener al menos 720 días cotizados en los últimos 15 años.
El TSJ de Madrid declara procedente el despido de una trabajo que hizo comentarios despectivos y vejatorios en un chat privado del trabajo, aunque no tuviera la intención de que se conocieran.
La Seguridad Social le denegó la pensión de jubilación por no haber cotizado los dos años requeridos dentro de los últimos 15 años.
La Seguridad Social denegó la incapacidad debido a que sus patologías no alcanzaban el grado suficiente para la incapacidad permanente absoluta además de no estar en situación de alta.
Una gerocultora consigue la nulidad del despido y una indemnización por daños morales de 7.501 euros porque le obligaron a firmar la baja voluntaria a enterarse la residencia para la que trabajaba que estaba embarazada.
Un juzgado condena a la agencia inmobiliaria a devolver a un comprador el dinero depositado como reserva después de que el banco le denegara la hipoteca. Una cláusula del documento fue la clave.
La Justicia rechaza el cobro de la incapacidad permanente a un agente forestal con problemas de corazón. El trabajador ya había sido beneficiario de la incapacidad total.