Sentencias - Página 3

El Tribunal aclara que el hecho de estar jubilado no impide legalmente la reincorporación al puesto de trabajo, por lo que si la empresa opta por readmitir al empleado en lugar de pagarle, y este rechaza volver, pierde el derecho a la compensación económica.

La justicia ha considerado que el arreglo de una lavadora es una “pequeña reparación” por uso ordinario y no una obra de habitabilidad, obligando al inquilino a asumir el coste.

Era monitor y su empresa decidió despedirle después de que la fundación donde prestaba sus servicios comunicara que dejaban de contar con él. Una decisión que tomaron al enterarse de su matrimonio.

La justicia confirma la validez del acuerdo de la junta de vecinos para prohibir fumar al considerar que los vecinos tienen derecho a un espacio libre de humos

El Alto Tribunal fija esta ampliación en diez semanas tras descontar del permiso del segundo progenitor el periodo de seis semanas que ambos padres habrían disfrutado de forma obligatoria y simultánea tras el parto.

El empleado pretendía que se le reconociera el grado de incapacidad absoluta para cobrar el 100% de la pensión, pero el TSJ de Andalucía confirma que aún puede realizar trabajos sencillos y sin estrés.

El TSJ del País Vasco establece que para considerar que el trámite se ha cumplido, es indispensable probar “de manera fehaciente” que se le ofreció al trabajador la oportunidad de defenderse y que este decidió no hacerlo.

La trabajadora se apropió de un total de 1.994,80 euros al rastrear informáticamente billetes con retraso pagados en efectivo , esperando estratégicamente a que el plazo de reclamación de los clientes estuviera a punto de caducar para cobrar ella misma dichas indemnizaciones.

La empresa no pudo demostrar los hechos en la carta de despido y, además, había mostrado tolerancia hacia esas prácticas.

El TSJ de Andalucía señala que estos hechos demostraban una falta grave que afectaba la confianza del banco en la trabajadora, por lo que avaló el despido como procedente.

El Tribunal señala que la entrada de dinero en efectivo en la unidad familiar obliga a la extinción del subsidio, y no a la suspensión temporal.

El heredero incumplió parcialmente la carga económica impuesta en el legado y esto le obliga a abonar a su hermana las mensualidades que le debe.

La justicia confirma que el propietario tiene que retirar el huerto urbano que instaló en su patio de uso privado y que provocó filtraciones y desprendimientos en el garaje.

La segunda vez que colaboró en la panadería, esta vez como autónoma, ejercía las mismas funciones de repartidora que cuando estaba contratada de asalariada.

La justicia considera que no se puede culpar al propietario de los daños si quien habita la vivienda incumple su deber de comunicar los desperfectos.

Aunque mandó sus alegaciones en plazo, la universidad solo le dejó leerlas una vez que le habían comunicado el despido, y no antes como marcaba el convenio.

La justicia considera que aceptó la división real del terreno durante más de 15 años y no puede ir ahora contra la delimitación establecida en su día al realizarse la segregación de la finca.

Ley General de la Seguridad Social excluye explícitamente a los menores acogidos del cómputo para la aportación demográfica, por lo que no tendría derecho a este complemento, aunque hubiera perjudicado su vida laboral.

El propio Delegado de Protección de Datos de la empresa les advirtió de que el uso de teléfonos personales para fines profesionales era contrario a la normativa de protección de datos, pero hicieron caso omiso.

La justicia confirmó que la trabajadora había cometido una falta muy grave por transgresión de la buena fe contractual y abuso de la confianza.

Según el INE, el 70% de las madres trabajan, pero solo tres de cada diez hombres asumen la crianza. Una brecha de corresponsabilidad que sigue sobrecargando a las mujeres españolas.

La justicia confirma que no se pueden reclamar donaciones en vida si no hay pruebas que las demuestren y valida el valor pericial de los pisos frente a las quejas de una heredera.

La Justicia confirma que los locales comerciales debían contribuir a las reparaciones y mantenimiento de elementos comunes, aunque los estatutos les eximan de ciertos gastos.

El tribunal explica que debe aplicarse la doctrina flexibilizadora del Supremo y reconocer la situación asimilada a la de alta, evitando así dejar desprotegida a la viuda por una aplicación excesivamente rigorista de la norma.

El TSJ de Canarias corrige una situación de discriminación indirecta hacia una trabajadora a tiempo parcial, que durante años percibió un subsidio menos ventajoso porque, según el SEPE, no cumplía el requisito de carencia genérica.

El Alto Tribunal explica que las mejoras voluntarias pactadas en convenio solo obligan a pagar los pluses que se cobran igual cada mes, excluyendo aquellos cuya cuantía depende de la actividad realizada, como las guardias o las horas extra.

La antigua LAU solo protege la prórroga forzosa cuando la vivienda cubre una necesidad real del inquilino o de un hijo económicamente dependiente.

La justicia considera que el banco no cumplió su contrato al no impedir ni reembolsar una operación fraudulenta.

La Justicia considera que las peleas entre hermanos no justifican mantener las deducciones de una donación si se dejan de cumplir los requisitos legales para aplicarlas.

El TSJ de Andalucía consideró que sus lesiones eran incompatibles con la carga de trabajo diaria, destacando que las tareas de hostelería exigen esfuerzos físicos y posturas que la mujer ya no podía hacer.

La Justicia confirma la multa por un delito de coacciones al considerar que el propietario puso en riesgo a los trabajadores mientras usaban herramientas eléctricas en una zona de linde.

La empresa no tenía ninguna causa objetiva que justificara el despido, por lo que la justicia lo declara nulo. Deben readmitirla y pagarle 7.500 euros de indemnización.

Alegó que regaban convencidos de la legalidad porque las tierras fueron cedidas por organismos públicos y que era "de sentido común" pensar que el agua estaba incluida.

El tribunal considera que fue error del jefe de obra llevarlo puesto, denegándole la indemnización: el “más que probable riesgo de que el hormigón pudiera caer sobre el reloj y dañarlo debería haber llevado al hombre a quitarse el preciado objeto”.

El progenitor debe reembolsar las mensualidades percibidas desde que la madre tuvo conocimiento oficial de la independencia económica del hijo y reclamó el cese de la prestación.

Ni la tenencia de animales ni la existencia de hedor bastan para desahuciar a un inquilino si no se acredita un riesgo real para la salud, sobre todo en contratos protegidos por la antigua LAU.

El Alto Tribunal aclara que este tipo de retiro "no es un derecho absoluto" y requiere necesariamente el "acuerdo recíproco" con la empresa y la contratación de un sustituto para ser efectivo.

El supermercado no colocó ninguna señal avisando del riesgo y no cumplió con su obligación de restringir o desviar el paso, por lo que deben pagarle una indemnización.

Rechaza indemnizar a una arrendadora que reclamaba más de 630.000 euros por no poder aplicar el IPC a sus contratos durante el fuerte repunte inflacionario provocado por la guerra en Ucrania.

El Alto Tribunal confirma que un jubilado con rendimientos netos inferiores al SMI puede mantener su pensión y no está obligado a cotizar como autónomo.

Le entregaron una carta donde “justificaron” el despido en una bajada de rendimiento. Para la justicia, aunque no le dieran de baja y siguieran pagándole la prestación de incapacidad temporal, sí que hubo despido y lo declaran nulo.

La justicia avala la legalidad de las obras de accesibilidad aprobadas por mayoría y rechaza que el espacio afectado sea un trastero protegido.

El Alto Tribunal considera que bastó un único incumplimiento voluntario del régimen de visitas para condenarla por desobediencia

El TSJ de Castilla y León desestima el recurso de Ibermutua y ratifica que el accidente “in itinere” debe considerarse como accidente de trabajo pese a haberse producido en vía interurbana.

No se trató de un caso aislado y el director de la tienda recopiló varias quejas de clientes denunciando el mal estado de los productos y su mal etiquetado. Además, el trabajador desobedecía órdenes.

La justicia considera que hubo transgresión de la buena fe y fraude, existiendo riesgo de prolongar la baja.

La Audiencia Provincial de Pontevedra declara nulo un contrato de préstamo personal por aplicar un interés desproporcionado.

El banco, como casero, incumplió su obligación legal de conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad y tendrá que pagar a la inquilina por los gastos que asumió para arreglar el piso.

La justicia establece que el cuidado de los hijos es una circunstancia que justifica el mantenimiento del “animus laborandi” (la voluntad de trabajar) y aplica un enfoque que combina la discriminación por sexo y por edad.

Constituye un delito de falsedad en documento oficial al intentar con el parte de baja falso simular a la Seguridad Social. También debía pagar una multa de 1.080 euros.

Alegó que no había pruebas de que estuviera usando el agua, pese a que la Guardia Civil encontró tuberías de un kilómetro, aspersores y el terreno recién regado en época de sequía.

La empresa no evaluó los riesgos de la tarea de prensado con globo neumático, lo que causo varias fracturas al empleado.

Para la justicia, el error de la comunidad de propietarios no era excusable, lo que llevaba a declarar el despido como improcedente.

El tribunal explicó que la esposa trabajó 35 años fuera de casa y que su bajada de ingresos se debió a una decisión propia cuando los hijos "ya rondaban la treintena", y no al cuidado de la familia.

El tiempo equivalía a 3.434 minutos (sobre 57 horas) y se conectaba a internet con el ordenador de empresa para consultar oposiciones docentes, másters, juegos de cartas o fútbol, entre otros.

Para el tribunal, el pensionista tenía derecho a una reducción del 25% en su declaración al no haberse podido deducir sus aportaciones a la Mutualidad del Banco de España en el pasado, evitando así pagar impuestos dos veces por la misma renta.

La trabajadora no avisó y presentó el justificante de la ausencia fuera de plazo, superándolo con creces. Así, para el Tribunal Supremo hubo una falta de diligencia.

Aunque alegó que actuó de buena fe y que el fallo fue exclusivo de la Administración, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictamina que no ha acreditado que devolver el dinero suponga una "carga excesiva" para su economía.

Superó el plazo de 6 meses fijado en los procedimientos de comprobación limitada, y no puede reclamar a la contribuyente el impuesto por unas fincas que sus padres le donaron.

La Audiencia descarta que la actividad del bar sea molesta o ilegal, aunque confirma la ocupación indebida del patio comunitario.