Sentencias - Página 3

Aunque pagaron correctamente las obras, la falta de un Informe de Evaluación del Edificio actualizado tras la finalización de los trabajos impide conceder la subvención.

El Tribunal Supremo protege la igualdad de condiciones en el trabajo a distancia y prohíbe que las empresas descuenten tiempo o exijan recuperar horas por incidentes técnicos ajenos o necesidades fisiológicas.

La justicia rechaza la queja del exdirectivo al comprobar que su reclamación no superaba los 3.000 euros de diferencia, el tope mínimo obligatorio para que un tribunal superior acepte estudiar el recurso.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que las empresas no pueden obligar a los trabajadores a iniciar este permiso desde el momento del suceso, sino que lo dotan de flexibilidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la pérdida íntegra del pago básico y la reducción del pago verde, además de una sanción económica por declarar parcelas sin acreditar su disponibilidad real.

La justicia confirma que un interés del 23% en un préstamo personal no es abusivo cuando el consumidor pudo conocer con claridad el coste real del crédito.

Presentar y pagar el impuesto de sucesiones no implica que se acepte tacitamente la herencia, para ello habrá de que demostrar que se han realizado otros actos que demuestren que se actua como heredero.

La multinacional le revisaba el bolso diariamente y le obligaba a mostrar el número IMEI de su móvil sin ninguna causa que lo justificara, superando los límites de la intimidad y dignidad personal protegidos por la Constitución Española.

La justicia declara el despido improcedente pero no admite la reclamación de los salarios pendientes de recibir porque no lo incluyó en la demanda, solo en el juicio oral.

El juzgado determina que la reducción de horas en la oficina no es un castigo, sino una decisión basada en las necesidades organizativas.

Aunque la empresa incumplió la ley, porque las vacaciones se deben avisar con al menos 2 meses de antelación, el trabajador tendría que haber reclamado por la vía judicial.

La entrada de un nuevo empleador que asume la plantilla y los medios materiales supone una sucesión de empresas, lo que invalida la imposición de un periodo de prueba para quienes ya desempeñaban las mismas funciones.

El TSJ da la razón al trabajador, ya que el cobro indebido fue por un error del SEPE y lo protege frente a una carga económica desproporcionada.

Se debe demostrar dependencia económica y una necesidad de vivienda real para poder mantenerlo.

La Audiencia Provincial considera que hubo incumplimiento del deber de información en un producto “complejo” y de “alto riesgo”.

La parte excedente se considera como un ingreso a la hora de pedir el subsidio y ver si se cumple con el requisito de carencia.

La mujer alegó que tenía dos hijas menores y que su marido había sido trasladado a México, pero que a pesar de ello la entidad bancaria no le había concedido el teletrabajo al 100% ni acogerse a un ERE voluntario.

La justicia, en contra de lo que defendía el INSS, determina que el cuadro psicopatológico de la mujer le impide realizar cualquier actividad laboral con un rendimiento mínimo.

Antes de quedarse con él, ya era socio del bar y fue a trabajar para hacerle un favor al antiguo dueño, ya que su madre había fallecido.

La justicia confirma que el cierre del acceso supuso una perturbación de la posesión y recuerda que el nudo propietario también puede defender el paso aunque exista usufructo.

Además, la justicia le concede una segunda indemnización de 7.501 euros por la discriminación que sufrió, ya que la relegaron a funciones inferiores por haber estado de baja laboral con recaídas.

El Tribunal Supremo avala que el plazo para reclamar cobros indebidos comienza cuando la administración descubre el fraude y no cuando concede la ayuda.

El Alto Tribunal aclara que penalizar económicamente a un trabajador por enfermar o por conciliar vulnera la ley de igualdad de trato y constituye una discriminación directa e indirecta.

Conducía la furgoneta de empresa y, a pesar de estar en plena jornada laboral, dio una tasa de 1,46 g/l en sangre.

La Administración puede analizar los consumos de agua y electricidad para verificar si un inmueble fue realmente vivienda habitual, aunque el propietario estuviera empadronado.

Tenía dos hijos menores y su marido, también trabajador de Correos, tenía el mismo horario de tarde, por lo que ninguno podía hacerse cargo.

La justicia señala que quien reclama un reintegro debe probar no solo el origen del dinero, sino también que fue utilizado para fines exclusivamente personales.

El tribunal explicó que la mujer padece secuelas graves y linfedema pero considera que su estado físico le permite desarrollar tareas sedentarias que no exijan gran esfuerzo físico.

El tribunal explica que las pensiones que cobraban estos jubilados, tanto de la Organización Mundial del Turismo (OMT) como la de Reino Unido, estaban exentas de IRPF, prohibiendo a Hacienda exigir el pago en España.

La justicia reconoce que la nieta había recibido un inmueble por legado, pero concluye que su valor no cubría la parte mínima que le correspondía por ley.

La mujer intentó usar su antigüedad, de alrededor de 8 años, para defender que el despido era desproporcionado, pero la justicia rechazó este argumento y destacó que este comportamiento de malos tratos fue reiterado.

La Justicia reconoce su derecho al premio de vinculación al considerar que debía aplicarse el convenio de hostelería y no el de comercio.

La mujer trabajaba también de agricultura y la justicia considera que sus patologías le impiden realizar las funciones habituales de ambas profesiones.

El préstamo lo había solicitado para pagar el vehículo de empresa, con el que trabajaba como repartidor, usando solo 7.000 euros de la capitalización del paro.

El TSJ de Madrid ha confirmado en una sentencia que los retrasos en la entrada o salida justifican la pérdida del plus en el sueldo para los trabajadores de esta empresa.

Llevaba 11 años y medio trabajando en la compañía y la justicia ha declarado que su despido es improcedente porque, entre otros motivos, no existía un pacto de exclusividad.

Aunque el inquilino pueda asumir los gastos de comunidad, el pacto solo es válido si el contrato fija expresamente su importe anual conforme al artículo 20 de la LAU.

La Justicia avala la decisión de la Junta al constatar que ya era agricultor activo antes de solicitar la subvención y que no podía “volver a iniciar” la actividad.

El alto tribunal confirma que la ampliación ejecutada en la vivienda alteró la fachada y el título constitutivo sin el acuerdo unánime exigido por la Ley de Propiedad Horizontal.

Desvió fondos de la iglesia a su cuenta personal y los destinó a fines privados sin autorización ni justificación contable.

El Alto Tribunal establece que las subvenciones públicas destinadas a la rehabilitación de la vivienda habitual no cuentan como ingresos para el Ingreso Mínimo Vital.

La Administración forzó la jubilación de la trabajadora al cumplir los 65 años a pesar de no cumplir los requisitos de cotización y de que el puesto aún no había sido recuperado por su titular.

El TSJ de Navarra declara que el despido disciplinario es procedente por transgresión de la buena fe contractual, a pesar de que contaba con el consentimiento de los clientes.

El Alto Tribunal aclara que la herencia sin repartir no impide a un copropietario pedir la división y venta del inmueble cuando tiene una cuota concreta ya determinada.

La empresa, con la irrupciónn de la IA, comenzó a perder clientes y acumular pérdidas, lo que le obligó a reducir para la plantilla para evitar el cierre.

El marido tenía doble nacionalidad y sus requisitos de acceso eran diferentes, pero no le advirtieron de ello. También deben pagarle una indemnización de 1.500 euros.

Aunque la Seguridad Social en un principio se la denegó, la justicia confirma que sus lesiones le hacen beneficiaria de una incapacidad permanente total para su profesión.

La justicia concluye que la paciente permaneció 73 minutos sin atención médica pese a presentar síntomas compatibles con un problema cardíaco grave.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirma que la retribución vacacional debe ser "íntegra" e incluir el promedio de los pluses variables si el sistema de turnos es estructural.

La justicia considera que, al tratarse de actividades molestas reiteradas, permiten resolver el contrato de alquiler según establece la ley de arrendamientos urbanos.

Cotiza más de 55 años a la Seguridad Social, le deniegan la pensión de jubilación a los 65 años por no cumplir con la carencia específica y el Supremo se la concede a los 71 años

La madre no pudo interrumpir el embarazo porque el informe de la semana 20 era “extremadamente parco”.

El Alto Tribunal aclara que los permisos municipales no legitiman el uso de elementos comunes si la comunidad no lo autoriza o revoca ese consentimiento.

El TSJ de Andalucía no lo considera una doble sanción, sino que la pérdida de los más de 19.000 euros es solo una consecuencia por no cumplir los requisitos.

Aunque el trabajador buscaba la incapacidad permanente absoluta, el tribunal le ha reconocido la total para su profesión habitual, ya que todavía es apto para tareas más livianas.

La trabajadora llevaba teletrabajando 4 años, desde la pandemia, y la empresa aseguraba que debía volver a la oficina porque así lo exigían las campañas, pero no negoció ni le ofreció una alternativa.

El Tribunal explica que la viuda ya convivía con su pareja antes del matrimonio, por lo que era injusto que la Seguridad Social denegará la pensión de viudedad.

El Tribunal Supremo confirma que el requisito de los seis meses de inscripción debe cumplirse de forma estricta y que el "despiste" del trabajador no justifica flexibilizar la ley

Basta con una comunicación previa a la comunidad, siempre que la instalación no cause perjuicios ni afecte a la seguridad del edificio.

La empresa lo descubrió porque publicó los días de ruta con Strava y el trabajador intentó defenderse en que los médicos no le prohibieron expresamente montar en bicicleta.