Sentencias - Página 2

El Tribunal explica que lo determinante para aplicar los coeficientes reductores de la edad de jubilación es la naturaleza penosa y peligrosa de la actividad aérea realizada, la cual es idéntica a la del sector privado, por lo que excluirle únicamente por tener un empleador público supondría una discriminación injustificada.

Un juzgado accede a la petición de dos hermanos para vender en subasta la vivienda familiar heredada, valorada en 64.700 euros, al considerar inviable adjudicarla a uno solo sin el consenso de los demás.

La justicia considera que el derecho a una vivienda no justifica la ocupación de inmuebles sin título legal, ni la permanencia en ellos por situación de vulnerabilidad.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo corrige a la Audiencia de Palencia, que había extinguido el pago, al considerar que el esposo obtuvo un capital importante con el traspaso, aunque fija el fin de la ayuda en 2027 al llegar la edad de jubilación.

El Supremo explica que ignorar la "edad teórica" para calcular el acceso al complemento del 20% castiga injustificadamente al empleado de sectores penosos. Los años bonificados cuentan como edad real para acceder a la mejora, aunque el DNI diga lo contrario.

La cadena de supermercados sospechaba de que consumía productos sin abonar por unos descuadres en el inventario y colocó las cámaras para vigilarle.

El Alto Tribunal da la razón al SEPE y unifica doctrina: solo la indemnización obligatoria de 20 días está exenta del cálculo de ingresos, aunque fiscalmente el trato sea más favorable.

La Audiencia Provincial considera que CaixaBank puede reclamar la deuda y dar por vencido anticipadamente el préstamo porque la hipoteca tenía carácter mercantil y los prestatarios no eran consumidores.

La justicia señala que una supuesta deuda no autoriza a un trabajador a cobrarse ese dinero por su cuenta, usando de forma fraudulenta recursos de la empresa.

Aplicar ambos conceptos sobre la misma deuda supone un doble cobro que va en contra de las buenas prácticas bancarias.

La empresa, aún sabiendo los problemas psicológicos que sufría el trabajador, no hizo nada. Un incumplimiento grave que permite al empleado extinguir voluntariamente el contrato con derecho a indemnización.

Los estatutos obligaban a mantener la zona libre de objetos y prohibían expresamente el uso del espacio para actividades recreativas.

El Alto Tribunal avala que una empresa aplique otro convenio si justifica la causa, respeta el procedimiento del Estatuto de los Trabajadores y mantiene la retribución de la plantilla.

La empresa no logró acreditar que el trabajador fuera responsable directo de las irregularidades detectadas ni que estas tuvieran la gravedad suficiente para justificar el despido disciplinario.

Tras repudiar la herencia, los herederos ya no pueden reclamar derechos sobre los bienes de la misma.

La mujer formaba una unidad económica de convivencia con su esposo e hijo, cuyos ingresos conjuntos excedieron el tope legal, obligándola a reintegrar lo percibido en los últimos dos años.

La empresa no acreditó una restructuración real de la empresa ni cómo afectaba ese supuesto proceso de robotización.

La justicia reduce la cantidad de pensión que tendrá que pagar a los hijos porque pasará a tener custodia compartida.

El acoso se produjo dentro y fuera del trabajo y la víctima sufrió graves secuelas psicológicas.

El Tribunal Superior de Justicia ratifica el recorte de la base reguladora de un pensionista, explicando que la mera asistencia a cursos carece de la utilidad económica y la ajenidad necesarias para constituir una relación laboral válida, anulando así los periodos cotizados bajo esta modalidad fraudulenta.

La justicia considera que las donaciones deben computarse aunque haya dispensa de colación si afectan a la legítima de herederos forzosos

La mujer, que disfrutaba de una reducción de jornada, defendió sin éxito que en las cámaras no se veía claramente que se quedara con el dinero y que los descuadres son frecuentes en este tipo de trabajos.

La Seguridad Social le denegó la pensión de jubilación, ya que a pesar de que tenía más de 15 años cotizados, no cumplía con la carencia específica, que se debía a larga interrupción en los últimos años de su vida laboral.

La justicia confirma que no cabe indemnización cuando el contrato de arrendamiento no recoge inventario ni acredita la propiedad de los bienes.

La empresa tuvo que contratar dos vehículos para recoger a los viajeros y había advertido previamente al conductor de que debía repostar.

El tribunal corrige a la Seguridad Social el no haber atendido a los informes de la sanidad pública que catalogaban al afectado como paciente de alto riesgo, por lo que tendrán que pagarle la incapacidad permanente con efectos retroactivos desde la fecha en la que se le denegó la prestación injustificadamente.

Debido a la gravedad de las amenazas y que el trabajador ya contaba con una advertencia, la justicia considera procedente su despido disciplinario.

La potencia y velocidad determinan si un patinete debe ser tratado legalmente como ciclomotor, exigiendo permiso de conducción.

Aunque no existiera una condena penal firme contra su exmarido, pudo cobrarla por haber sido víctima de violencia de género, considerando el Supremo que existían indicios suficientes.

La justicia considera que los animales, aunque no son cosas, siguen siendo apropiables y por ello están protegidos penalmente.

La justicia reconoce un negocio fiduciario, integra el inmueble y las rentas en la herencia y reduce la parte hereditaria del hijo por no respetar el usufructo de su madre.

La justicia confirma que no se puede ocupar un espacio común ni alterar su configuración sin acuerdo unánime de la comunidad

El Servicio Navarro de Salud defendía que el caso era competencia del orden contencioso-administrativo, pero el TSJ de Navarra confirma que es del orden social.

El tribunal explica que cobrar la pensión completa de jubilación es incompatible con estar dado de alta en el RETA, incluso si no se realiza ninguna actividad, por lo que la justicia entiende que debe devolver el dinero de su pensión.

El Tribunal Supremo aplica la doctrina europea y determina que exigir el reintegro a una persona vulnerable que actuó de buena fe supone una carga desproporcionada.

La trabajadora utilizaba tarjetas de fidelización ajenas en su propio beneficio sin consentimiento, por lo que el Tribunal considera procedente el despido por abuso de confianza.

La Audiencia Provincial de Madrid explica que realizar actos como cambiar la titularidad de los suministros o repartirse el dinero del difunto supone aceptar su legado con todas las consecuencias, incluidas las deudas pendientes.

El indecente fue algo aislado, duró poco y además el trabajador estaba visiblemente nervioso. Así, el TSJ de Asturias considera que el despido fue desproporcionado.

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que el banco puede ejecutar la vivienda porque la herencia yacente está representada por el padre y la hipoteca grava la finca, no a las personas.

Las ofensas verbales se produjeron durante una discusión tensa y el trabajador no contaba con sanciones previas a pesar de su considerable antigüedad. Por ello, declararon en este caso el despido improcedente.

La justicia considera que la comunidad tenía la mayoría necesaria para aprobar la prohibición de las viviendas de uso turístico en el edificio

La justicia confirma que el donante padecía un deterioro cognitivo severo y que no comprendía el alcance del acto, según los informes médicos y la confesión de la sobrina.

La empresa debe readmitirle, abonarle los salarios de tramitación y pagarle una indemnización de 22.503 euros por daños morales.

La entidad financiera superó el plazo de 6 meses para sancionar al trabajador, por lo que los hechos estaban prescritos. Debe elegir entre readmitirle o pagarle 117.100,82 euros de indemnización.

El empleado se había bebido 2 o 3 vasos de whisky la noche anterior.

La prescripción de la herencia del primer causante no impide exigir el impuesto por la extinción del usufructo años después.

La trabajadora fue pillada en diez ocasiones durante cinco semanas, ocultándose en un recoveco del obrador para no ser vista, por lo que el Tribunal desestima la nulidad de la prueba de videovigilancia

Para que se considere que hay dimisión, debe existir “una voluntad inequívoca” del trabajador de dar por terminada la relación laboral.

A pesar de que la Segurdiad Social anuló la deuda tras una sentencia previa, la Tesorería no devolvió automáticamente el dinero, que la pensionista ya había abonado, obligándola a acudir de nuevo a los tribunales.

El Alto Tribunal determina que, aunque el INSS le reconociese el complemento antes de que se dictara sentencia, la indemnización por la discriminación sufrida no se puede reducir.

El TSJ de Canarias determina que no se puede denegar el paro por no contar con las cotizaciones necesarias cuando la negación del derecho a cotizar se basaba “en una vulneración de derechos fundamentales provocada por el propio Estado”.

Aunque la escritura era clara y comprensible, el Tribunal entiende que el aval excedía el riesgo real asumido por la entidad.

La Justicia declara procedente el despido, que se produjo en una tienda Supeco, perteneciente al grupo Carrefour.

La justicia considera que los inquilinos tienen que asumir los costes del mantenimiento del jardín y las pequeñas averías, permitiendo a los propietarios retener la mayor parte del depósito.

El Alto Tribunal aclara que si el trabajador solicita el cambio de contingencia (de enfermedad común a profesional) fuera de plazo, solo recuperará la diferencia económica de los últimos 90 días, aplicando la regla de retroactividad máxima de la Ley General de la Seguridad Social.

Sabía que los gatos se escapaban de casa y saltaban al patio de las vecinas y no puso medidas pese a las advertencias.

El trabajador que ocupaba un puesto como coordinador, intentó anular el despido alegando que las cámaras no podían usarse para sancionarle y que no fue escuchado antes del despido, lo que vulneraba sus derechos.

La mujer, además, alegó discriminación en el despido por llevarse a cabo cuando estaba de baja.

La justicia considera que la sobrina ya había devuelto el dinero porque el anciano firmó un recibí que acreditaba la devolución.

La Justicia explica que el procedimiento de ejecución hipotecaria no es el lugar para discutir si el padre fallecido entendió el producto o si este era idóneo para él, confirmando la validez de la reclamación bancaria.