Sentencias - Página 2

No se trató de un caso aislado y el director de la tienda recopiló varias quejas de clientes denunciando el mal estado de los productos y su mal etiquetado. Además, el trabajador desobedecía órdenes.

La justicia considera que hubo transgresión de la buena fe y fraude, existiendo riesgo de prolongar la baja.

La Audiencia Provincial de Pontevedra declara nulo un contrato de préstamo personal por aplicar un interés desproporcionado.

El banco, como casero, incumplió su obligación legal de conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad y tendrá que pagar a la inquilina por los gastos que asumió para arreglar el piso.

La justicia establece que el cuidado de los hijos es una circunstancia que justifica el mantenimiento del “animus laborandi” (la voluntad de trabajar) y aplica un enfoque que combina la discriminación por sexo y por edad.

Constituye un delito de falsedad en documento oficial al intentar con el parte de baja falso simular a la Seguridad Social. También debía pagar una multa de 1.080 euros.

Alegó que no había pruebas de que estuviera usando el agua, pese a que la Guardia Civil encontró tuberías de un kilómetro, aspersores y el terreno recién regado en época de sequía.

La empresa no evaluó los riesgos de la tarea de prensado con globo neumático, lo que causo varias fracturas al empleado.

Para la justicia, el error de la comunidad de propietarios no era excusable, lo que llevaba a declarar el despido como improcedente.

El tribunal explicó que la esposa trabajó 35 años fuera de casa y que su bajada de ingresos se debió a una decisión propia cuando los hijos "ya rondaban la treintena", y no al cuidado de la familia.

El tiempo equivalía a 3.434 minutos (sobre 57 horas) y se conectaba a internet con el ordenador de empresa para consultar oposiciones docentes, másters, juegos de cartas o fútbol, entre otros.

Para el tribunal, el pensionista tenía derecho a una reducción del 25% en su declaración al no haberse podido deducir sus aportaciones a la Mutualidad del Banco de España en el pasado, evitando así pagar impuestos dos veces por la misma renta.

La trabajadora no avisó y presentó el justificante de la ausencia fuera de plazo, superándolo con creces. Así, para el Tribunal Supremo hubo una falta de diligencia.

Aunque alegó que actuó de buena fe y que el fallo fue exclusivo de la Administración, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictamina que no ha acreditado que devolver el dinero suponga una "carga excesiva" para su economía.

Superó el plazo de 6 meses fijado en los procedimientos de comprobación limitada, y no puede reclamar a la contribuyente el impuesto por unas fincas que sus padres le donaron.

La Audiencia descarta que la actividad del bar sea molesta o ilegal, aunque confirma la ocupación indebida del patio comunitario.

Establece que no se puede exigir que el trabajador especifique detalladamente las bases del daño moral cuando su estimación es difícil e incide en que el daño moral está indisolublemente unido a la vulneración del derecho fundamental.

El trabajador se ocupaba del mantenimiento informático y era el único administrador del sistema con acceso a las claves. Fue también condenado a dos años y 10 meses de prisión.

El accidente se debió únicamente al deterioro de la rampa y a la ausencia de conservación durante más de veinte años, por lo que la comunidad está obligada a pagar por la falta de mantenimiento.

El tribunal estima que el abogado probó la afectación parcial de su vivienda habitual al ejercicio profesional y considera la Agencia Tributaria no motivó que era culpable para multarle.

El Tribunal determina que la pérdida severa de visión, el cuadro depresivo y las secuelas del carcinoma son incompatibles con cualquier actividad laboral realizada con un mínimo de eficacia.

El Tribunal Supremo ha corregido el criterio de que el camarote de un barco es un "domicilio particular" y establece que, para los marineros, el buque es centro de trabajo las 24 horas, activando la presunción de laboralidad del artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social.

El Tribunal Supremo considera que hubo un incumplimiento contractual por parte de la compañía telefónica.

Llegado el día, abandonó su puesto de trabajo, aun con el riesgo de que ocurriera una emergencia. Para la justicia, se trata de una falta muy grave que justifica el despido disciplinario.

La justicia confirma que los desperfectos excedían el uso normal y que tanto él como su fiadora deben responder solidariamente por los destrozos ocasionados en la vivienda.

El tribunal da la razón a la promotora al considerar que el valor de referencia no reflejaba el deterioro real de los 28 inmuebles vendidos.

El alto tribunal avala la extinción del contrato cuando los familiares no comunican en plazo el fallecimiento ni su voluntad de subrogarse, aunque continúen abonando la renta.

El Tribunal Supremo confirma que sí hubo un delito continuado de falsedad, confirmando la pena de dos años y seis meses de cárcel.

El alto tribunal considera que la limitación de la subida del alquiler fue una medida legal para proteger a los inquilinos frente a la inflación derivada de la guerra de Ucrania.

Los nuevos propietarios deben abonar todas las cuotas atrasadas y no solo las previstas por la LPH porque aceptaron expresamente hacerse cargo del importe total en la escritura de compraventa.

El Tribunal ha desestimado el recurso del trabajador, avalando que el beneficio fiscal sea exclusivo para mujeres con el objetivo de compensar su desventaja histórica en el mercado laboral.

El uso real de los elementos comunes del garaje es determinante a la hora de repetir los gastos.

El Tribunal da la razón a la pensionista y reduce la deuda a 2.606,52 euros, confirmando que el INSS no justificó el cálculo de la cantidad reclamada pese a que la mujer superaba el límite de ingresos.

Aunque los productos sustraídos eran de poco valor, para la justicia se produjo una transgresión de la buena fe contractual que justifica el despido.

La entidad ha sido condenada por no informar adecuadamente en la contratación de un ‘swap’ ligado a un préstamo hipotecario.

El empleado utilizaba la negativa a descansar para abandonar su puesto antes de la hora establecida; el tribunal califica su conducta como desobediencia grave y culpable tras haber sido sancionado previamente.

El banco tendrá que formalizar en escritura pública un contrato privado firmado en 1987, tras constatar que nunca reclamó el pago pendiente ni ejercitó la resolución.

El empleado utilizó la tarjeta de su mujer y de otros clientes para realizar operaciones ficticias y alcanzar los objetivos comerciales del reto "MyCommerce".

La justicia confirmó que la cadena de supermercados no acreditó una limpieza diaria eficaz del suelo, con el riesgo de caídas que supone.

La Seguridad Social reclamó a la pensionista el dinero por seguir cobrando la jubilación parcial tras cumplir los 65 años, pero el tribunal entiende que fue un error de la Administración y que el cobro no fue "indebido" sino "incorrecto".

La Audiencia Provincial la condena a la profesional sanitaria por dos delitos de descubrimiento de secretos tras acceder repetidamente al sistema IANUS para consultar datos de una conocida y su hijo menor sin autorización, vulnerando su intimidad más estricta.

El Alto Tribunal asienta doctrina y obliga a devolver todas las cotizaciones pagadas desde que los médicos proponen la invalidez si la Administración la deniega por error.

El TSJ de Madrid ha declarado el despido nulo, por lo que la empresa finalmente debía readmitirle y abonarle los salarios de tramitación.

La exoneración del pasivo insatisfecho libera al deudor, pero no elimina la hipoteca constituida por un tercero, que el banco podrá seguir ejecutando.

La Audiencia confirma que la instalación invadía una zona de paso del garaje y parte del espacio de otra plaza, dificultando el acceso su trastero.

La justicia confirma que actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad porque no pudo demostrar la consulta sobre las obras al Ayuntamiento.

El Alto Tribunal establece que la obligación patronal de mejorar la prestación económica de la Seguridad Social se extingue al cumplirse el año de baja, al cesar el mecanismo de pago delegado y no existir norma legal que imponga su prórroga automática.

Aunque mantenían una relación sentimental, el tribunal considera que sí existía relación laboral, al acreditarse dependencia y ajenidad.

La justicia considera que no incluir las donaciones que el hijo había recibido en la demanda impedía tomar una decisión justa y completa.

La Seguridad Social había denegado el grado de gran invalidez al considerar que el cuadro clínico del trabajador no suponía un empeoramiento que requiriera la ayuda de una tercera persona.

Las subidas de alquiler deben comunicarse de forma fehaciente y solo son válidas desde que se notifican correctamente.

Ingresó en la residencia por un empeoramiento de salud y, para la justicia, estas circunstancias implican una modificación sustancial de las necesidades de la unidad familiar que justifican la extinción del contrato.

El tribunal explica que una prestación ya reconocida no puede verse afectada por requisitos legales posteriores, por lo que sí se puede cobrar ambas pensiones.

El fallo fue provocado por una regleta defectuosa instalada por el propio inquilino, por lo que no corresponde al casero pagarle nada porque no es responsable.

La trabajadora causó un perjuicio económico a la empresa de 4.797,07 euros.

El vecino ya alquilaba la vivienda desde antes de la entrada en vigor de la nueva redacción de la LPH y la justicia considera que solo puede aplicarse la subida a nuevos pisos turísticos, no a los que lo hacían de antes.

La justicia confirma que existió una transgresión de la buena fe contractual, lo que justifica el despido aunque no hubiera un gran perjuicio económico.

Pese a que el error administrativo fue imputable a la Seguridad Social, que tenía los datos y tardó casi 20 años en detectar la incompatibilidad, el Tribunal dictamina que la familia debe asumir los cuatro últimos años.

La trabajadora de Mercadona alegó que padecía un trastorno depresivo grave y fibromialgia, entre otras dolencias que anulaban su capacidad laboral, motivo por el cual el TSJ de Asturias ha ratificado la incapacidad permanente absoluta.

La justicia considera que la pérdida total del olfato, sumada a problemas lumbares y de ansiedad, hace imposible que el trabajador ejerza su profesión con seguridad al no poder detectar fugas de gas o humo, por lo que le reconocen la incapacidad permanente total con una base reguladora de 1.615,12 euros.