Sentencias - Página 2

El tribunal dictamina que los regalos de Año Nuevo Chino son propiedad personal del menor y prohíbe a los tutores usarlos para gastos propios.

Señala que el límite para invocar la abusividad termina con la firmeza del decreto de adjudicación, alineándose con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El hecho de que los deudores aún no hayan sido desalojados físicamente del inmueble no amplía el plazo legal en los procedimientos actuales.

El Tribunal Administrativo de Marsella obliga a un hospital a reconocer la patología como enfermedad profesional.

Existía una conversación de WhatsApp que evidenciaba la simulación del despido, preguntando la empleada si ya le habían “arreglado los papeles”. La justicia acabó enviando el caso a la Inspección de Trabajo.

La Seguridad Social le denegó la pensión hasta en tres ocasiones alegando que su enfermedad no era suficiente como para darle la incapacidad, siendo corregido por la justicia.

El tribunal explica que cobrar el complemento por mínimos de la pensión es incompatible con que los ingresos del cónyuge superen el límite legal , incluso si la Seguridad Social cometió un error al concederlo.

El TSJ de Canarias considera que vulneraron su derecho a la intimidad y protección de datos, ya que podían haber usado datos anonimizados o comparaciones salariales genéricas sin identificarla.

El tribunal reconoce que pudo intervenir en la junta y mostrar su oposición, pero concluye que, al no estar al corriente de pago, su voto no era válido ni podía computarse para las mayorías exigidas.

Se había producido una sucesión de empresas y el Tribunal Supremo determina que el pacto de periodo de prueba es nulo cuando el trabajador ya ha desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa.

El Alto Tribunal aclara que la nueva aseguradora que asume la cobertura de una empresa debe hacerse cargo de pagar las prestaciones de los trabajadores que ya estaban de baja, incluso si han superado el plazo máximo legal.

La justicia considera que el nuevo propietario no es deudor personal de las cuotas anteriores, aunque el inmueble responda como garantía.

La Audiencia Nacional explica que los funcionarios sí pueden reclamar responsabilidad patrimonial por accidentes laborales cuando el sistema de protección no cubre todos los daños.

A través de una auditoria, descubrieron que en casi un año realizó 22 retiradas de efectivo por valor de 2.672,48 euros, fuera de su horario laboral.

El alto tribunal confirma que no toda obra nueva obliga a acudir al interdicto específico si el despojo ya está consumado y la intervención es de escasa entidad.

Aunque el constructor alegaba que las filtraciones se debían a obras realizadas con posterioridad, los informes demostaron que se trataba de una fisura por un defecto en la ejecución.

La justicia determina que los años de servicios constituían una relación laboral encubierta y no mercantil. Entre los indicios, tenía un sueldo fijo al margen de sus resultados.

El Tribunal Supremo considera que la ayuda debe ser indefinida, ya que debido a la edad de la mujer es casi imposible que pueda volver a encontrar trabajo, aunque le baja la pensión de 2.000 a 1.400 euros mensuales.

El Tribunal Supremo determina que estos días computan a la hora de ver si se alcanza el plazo de 3 meses exigido entre una baja voluntaria y un cese en periodo de prueba para cobrar la prestación por desempleo.

La empresa alteró un elemento común sin autorización de la comunidad para adecuar el sistema de climatización de unas oficinas a las que cambió el uso a vivienda.

El cobertizo estaba en zona de servidumbre, no en dominio público hidráulico, y la obligación de restitución había prescrito al llevar construido más de 15 años.

El trabajador conocía perfectamente la normativa de la empresa y le habían comunicado previamente en dos ocasiones sobre la misma.

La justicia determina que la de tractorista es una “profesión residual” que se vio obligado a ejercer tras serle retirado el permiso de conducir de vehículos profesionales por su cardiopatía.

La justicia explica que las “cotizaciones ficticias” generadas mientras se cobra esta ayuda no sirven para alcanzar el periodo mínimo de 15 años exigido por ley.

Aunque la terraza sea de uso privativo, la comunidad debe asumir la reparación si el problema afecta a la cubierta del edificio.

El tribunal obliga a la empresa a readmitirle o indemnizarle con 1.435 euros porque solo le dio un plazo de 24 horas para defenderse, vulnerando la normativa internacional.

El Alto Tribunal unifica doctrina y aclara que no existe discriminación, ya que la prestación de la madre biológica protege su recuperación física, un supuesto que no se da en el otro progenitor.

La Fiscalía solicita además casi 1 millón de euros entre multas e indemnización tras descubrirse deudas entre 2014 y 2018.

La justicia considera que el cese es conforme a derecho porque su plaza había sido cubierta reglamentariamente en un proceso de estabilización, pero sí condenó al Ayuntamiento a pagarle una indemnización de 32.630,40 euros.

El testamento solo atribuía a los hijos la nuda propiedad de dos pisos que y decía que la viuda, como heredera, tenía derecho al usufructo y a las rentas desde el fallecimiento del padre.

La justicia determina que el error de cálculo en sus días cotizados fue exclusivo del SEPE y, atendiendo a las circunstancias de la mujer, no podían exigirle la devolución del dinero cobrado.

Los dueños no acreditaron que ese trozo de terreno fuera de su propiedad y el ayuntamiento no tiene que devolverlo, por lo que mantiene su uso como parte del arcén de la carretera.

La desheredación se considera injusta porque no quedó acreditada una ausencia de relación familiar, ya que existieron visitas, llamadas y 132 días de mensajes intercambiados durante ocho años.

La Seguridad Social denegó la pensión al no cumplir con el registro formal es un requisito obligatorio tal y como regula el 221 de la Ley General de la Seguridad. La justicia da la razón rechazando flexibilidad pese a la convivencia.

Las conductas de la empresa denunciadas por la CIG vulneraban el derecho a la libertad sindical protegido en la Constitución Española.

Los acuerdos adoptados por la mayoría fueron válidos y las coacciones sufridas en la junta no anulaban la decisión de iniciar acciones judiciales.

El TSJ de Extremadura confirma que el requisito de no tener deudas con la Seguridad Social es indispensable y que las cuotas prescritas no sirven para cumplir el periodo mínimo exigido.

Asimismo, la justicia le ha reconocido una segunda indemnización de 7.501 euros por vulneración de su derecho a la propia imagen y la protección de sus datos personales.

El Alto Tribunal explica que los atrasos cobrados tras ganar un juicio al INSS deben declararse íntegramente en el año en que la sentencia es firme, respaldando el criterio de Hacienda, aunque avala aplicar una reducción del 30%.

A pesar de estar en situación de vulnerabilidad y tener una menor a su cargo la Seguridad Social le suspendió la prestación al computar como ingreso propio una subvención que recibió su comunidad de vecinos para rehabilitar el bloque.

La justicia confirmó la procedencia de su despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual.

La protocolización ante notario no retrasa el inicio del plazo para que Hacienda liquide el impuesto ni evita la prescripción.

Por otro lado, el Alto Tribunal avala que las empresas puedan exigir que se disfrute en periodos de una semana como mínimo.

El TSJ de Galicia considera que hubo discriminación por razón de sexo y que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva.

El inmueble no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad, que la segregación se hizo sin licencia y que los defectos estructurales lo hacían inhábil para el uso pactado.

La justicia finalmente le ha reconocido recibir la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

La Seguridad Social sostenía que podía desempeñar trabajos livianos o sedentarios, pero el tribunal explica que la afectación cognitiva y funcional es tan grave que le impide “el desempeño de cualquier tipo de trabajo”.

La mujer no presentó el certificado DELE A2 que acredita el nivel básico de idioma ni superó el examen CCSE.

El Alto Tribunal aclara que no reconocer esta cuantía a un interino cuando sufre una incapacidad vulnera el principio de igualdad y la normativa europea.

Para el TSJ, los informes solo acreditan “limitación para tareas de muy altos requerimientos físicos” y eso no basta para declarar una incapacidad total en un trabajo cuya exigencia se sitúa en un nivel “de mediana a alta intensidad”, no “muy alta”.

La justicia avala al Ayuntamiento y recuerda que las casas móviles son asimilables a viviendas prefabricadas, por lo que su ubicación está sujeta a control urbanístico.

Le soltó expresiones vejatorias como “piensa ahora lo que te vas a ahorrar en tintes”, fundamentando la empresa el despido por transgresión de la buena fe y maltrato verbal hacia los compañeros.

La justicia finalmente ha determinado que salir al descanso no es una acción ajena al trabajo, sino que se produce “con ocasión” del mismo.

El TSJ de Andalucía considera “daño desproporcionado” la acción de extirparle músculo y nervio por un tumor que era benigno.

La Justicia confirma la multa por extraer agua sin concesión y aclara que ser propietario de la finca no implica ser dueño del recurso hídrico.

El Supremo aclara que, en los choques múltiples, los perjudicados pierden el derecho a indemnización si dejan pasar el límite de un año sin reclamar a cada compañía implicada de forma individual.

En las Clases Pasivas, la viudedad se extingue “cuando el beneficiario contraiga matrimonio”, aunque la convivencia real no arranque hasta meses después por trámites de visado e inscripción.

El Supremo aclara que el acceso a esta modalidad requiere un acuerdo novatorio entre las partes y que el mero "fomento" en la negociación colectiva no supone un derecho automático para el empleado.

La justicia determina que sus lesiones son lo suficientemente graves para seguir desarrollando su profesión de jefe de taller, en contra de lo que defendía la Seguridad Social.

La justicia declaró el despido improcedente pero la trabajadora tuvo que acudir de nuevo a los tribunales para que la baja tras el infarto se considerara accidente laboral.

El tribunal explica que el abono del coste de la Seguridad Social carece de causa una vez que el trabajador adquiere la condición de pensionista, por lo que la justicia entiende que debe reintegrar el dinero a la empresa.