Las humedades y filtraciones procedentes de pisos superiores son uno de los conflictos más habituales que se suelen dar en las comunidades de vecinos. Estas situaciones pueden terminar en disputas legales, además de afectar de forma grave a la habitabilidad de las viviendas, tal y como le ha ocurrido a una propietaria de Niza, que reclama una indemnización de 30.000 euros tras el derrumbe parcial del techo de su vivienda.
El origen del problema se encuentra, según informan desde el medio francés ‘Figaro Inmobilier’, en la actividad de sus vecinos que limpian pescado con agua a presión. Fue la inquilina la que se quejó de la aparición de goteras que se fueron agravando con el paso de los meses. Tras la notificación, la propietaria contactó con el seguro que envió a un perito a ver la casa. En su informe concluyó que los daños provenían directamente de la actividad de la empresa del piso superior.
Las filtraciones comenzaron por el desgaste de las juntas de los azulejos, permitiendo que el agua penetrara en la estructura del edificio. A pesar de los requerimientos enviados a la empresa para que detuviese esta actividad, la situación no mejoró y los daños se agravaron.
Según los expertos consultados en el medio, la práctica de la empresa no era indicada para el uso habitual del local, lo que supuso que el deterioro de las instalaciones se acelerase. “No se trataba de un uso normal del espacio, sino de una utilización intensiva y poco común, especialmente al estar situada la empresa en la primera planta”, explicó Shainez Delamare, perito y responsable jurídico de Groupama Protection Juridique.
La inquilina tuvo que abandonar la vivienda antes de que terminase el contrato
Estos problemas de humedades provocaron que la inquilina tuviera que abandonar la vivienda en junio de 2023, antes de que terminase su contrato, y posteriormente, en abril de 2024, el techo del apartamento se desplomó debido a que la vivienda alcanzó niveles de humedad máximos. “Faltaba una parte importante del techo, hasta el punto de poder ver la estructura del piso superior”, explicó Delamare.
A raíz de estos hechos, un juez dictó en abril de 2025 una orden cautelar por la que la empresa de pescado debía abonar a la propietaria una cantidad provisional de 13.500 euros, inferior a la estimación inicial de los daños que fue de 15.000 euros. Sin embargo, la propietaria también reclamó la pérdida de ingresos por alquiler, estimada en 12.000 euros, aunque el tribunal rechazó esta petición por no haberse aportado pruebas suficientes.
Dado que la resolución judicial es provisional y no zanja el litigio, la propietaria ha optado por continuar el proceso judicial para reclamar la totalidad de los daños. La indemnización solicitada asciende a unos 30.000 euros, incluyendo la reparación completa de la vivienda y la compensación por la pérdida de alquileres. El proceso judicial podría prolongarse más de un año, por lo que la vivienda sigue sin poder ser alquilada.
Su abogado aclara que “si la empresa hubiese actuado tras recibir los primeros avisos, los daños probablemente no habrían alcanzado tal magnitud”.
