Sumar ha reclamado al Gobierno la aprobación de un nuevo decreto que reactive medidas como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la prohibición de desahucios y un límite al precio del gas ante las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán. La formación sostiene que el repunte de los precios energéticos exige reeditar un “escudo social” similar al desplegado durante la pandemia y tras la invasión de Ucrania.
La petición llega después de que el Congreso rechazara hace una semana el anterior decreto de escudo social con los votos en contra de PP, Vox y Junts. El diputado de Compromís y portavoz adjunto del grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, defendió este martes que el Ejecutivo no debe tener “complejos” en llevar a cabo si hace falta “doce decretos” para proteger a las familias más vulnerables.
Recuperar el tope al gas y los ERTE
Entre las medidas planteadas figura la recuperación de la denominada excepción ibérica, que limitó el precio del gas destinado a la generación eléctrica en 2022 y estuvo vigente hasta finales de 2023. Sumar propone fijar ahora un tope de 50 euros en el mercado mayorista.
La formación también plantea activar de nuevo el mecanismo de los ERTE si la situación económica lo requiere, así como reforzar el bono energético y establecer controles para evitar que el oligopolio energético incurra en “operaciones especulativas y crecimiento injustificado de sus márgenes”.
En un comunicado, Sumar sostiene que la ofensiva de Estados Unidos e Israel “nada tiene que ver con la democratización de Irán sino que tiene que ver con el intento de Donald Trump de dominar el mercado de la energía en su pugna hegemónica con China”. A su juicio, el alza de los precios de la energía va a golpear a la economía internacional, especialmente a la europea, como ya se observa en el coste del petróleo y el gas.
Alquileres y protección a familias vulnerables
El nuevo decreto que propone la formación incluiría además la prórroga de los contratos de alquiler para evitar subidas en un contexto inflacionario y la moratoria de desahucios para familias vulnerables. Ibáñez instó al Ministerio de Vivienda a llevar la iniciativa al Consejo de Ministros y, mientras tanto, continuar las negociaciones parlamentarias.
El diputado urgió también a buscar una solución para las 60.000 familias a las que, según indicó, les vence el contrato de alquiler. A su entender, la actual coyuntura constituye “una situación de emergencia sobrevenida, de urgencia, que es lo que pedía Junts para poder justificar ciertas medidas”.
Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prometió el lunes impulsar medidas de protección para los trabajadores si el conflicto en Irán tiene consecuencias socioeconómicas.
La dirigente de Comuns y portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, respaldó la propuesta y advirtió de que “desgraciadamente” el Parlamento tendrá que aprobar “una y mil veces” normas de este tipo dado el contexto geopolítico. “Nos encantaría que no tuviera que ser así, pero España necesita de un decreto de escudo social”, afirmó.
La iniciativa reabre el debate sobre la continuidad de las medidas extraordinarias adoptadas en los últimos años y sitúa de nuevo en el centro la capacidad del Gobierno para articular mayorías en un Congreso fragmentado, en un escenario internacional marcado por la volatilidad energética y la incertidumbre económica.
