Unidas Podemos también tiene su particular propuesta anticrisis para abaratar el precio del carro de la compra y tratar de aliviar el sobrecoste de acudir al supermercado producido por la inflación, que alcanza ya casi el 15%, como se encargó de evidenciar la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en un estudio que realiza periódicamente cada año.
Por ello, Pedro Sánchez adelantó en un acto del PSC en Barcelona que el Gobierno de España prepara nuevas medidas para “contener la evolución del precio de los alimentos” dirigidas a la clase media, la “mayoría social”, según definió el presidente, dentro del tercer paquete de disposiciones para contrarrestar las consecuencias socioeconómicas de la guerra en Ucrania. Estas, de aprobarse finalmente en Consejo de Ministros, serían detalladas antes de final de año e implantadas en 2023.
Una idea similar a la de la cesta de la compra básica aislada de los sobrecostes del mercado ideada por Yolanda Díaz tras el verano pero sin la problemática de pisar la normativa europea y la idiosincrasia del mercado agroalimentario. Los supermercados, con Dia, Alcampo, Mercadona o Carrefour a la cabeza, proponían, por su parte, rebajas del IVA, del 10% al 4%. Al igual que Podemos. Esta es una de las cinco sugerencias que la formación morada ha propuesto en la mesa de negociación al PSOE, su socio en el Ejecutivo, en una rueda de prensa tras una reunión de su alto mando nacional.
Proponemos a nuestro socio de Gobierno una serie de medidas para hacer frente a la inflación y ayudar a las personas que peor lo están pasando.
— Podemos (@PODEMOS) December 12, 2022
Para ello, es necesario que los que más se están enriqueciendo de esta crisis, aporten más.
HILO ?
Abaratar la cesta de la compra
Dos medidas irán íntegramente focalizadas a contener los precios de los alimentos ante posibles futuras subidas. Se habilitará un cheque que irá de los 250 a los 500 euros para que se beneficien de él "ocho millones de hogares". Según las previsiones del partido, supondría un gasto extra en torno a los 3.000 euros, y su concesión dependería de “las circunstancias y de la renta", especificó el coportavoz nacional, Pablo Fernández. Sin embargo, se ‘teme’ que acabe usándose para cualquier cosa.
Además, creen necesario establecer un impuesto del "33%" sobre los beneficios extraordinarios de las grandes distribuidoras y cadenas de alimentación. Un ‘hachazo’ fiscal similar al que ya se ha impuesto oficialmente a las eléctricas y los bancos y cuya cuantía de recaudación, a falta de previsiones, serviría para reinvertirlo en el cheque familiar. “Es necesario que quienes más se están beneficiando de las subidas contribuyan a financiar esta medida”, justificaron en sus redes sociales.
Según Podemos, el objetivo principal de las mismas es "aflojar el peso de la cesta de la compra" de los hogares más afectados por el contexto inflacionario, aumentando su poder adquisitivo con tal de que puedan optar a la compra de los alimentos necesarios. Pero también crear un "efecto disuasorio" en las grandes distribuidoras "para que no incrementen" los precios. La denominada ‘inflación de segunda ronda’.
Congelar los precios del alquiler y contener las hipotecas variables
Actualmente, los alquileres solo pueden subir un 2%. Es una medida que el Gobierno ha prolongado durante la totalidad del 2023 y que ya aplicó “con buenos resultados” durante la pandemia. Respecto a las hipotecas, prepara medidas para anticiparse a futuras subidas de precio. Las de tipo de variable han subido más de un 40% a causa de las consecutivas subidas de interés impuestas por el Banco Central Europeo (BCE), lo que supone que se deben pagar, de media, en torno a 1.200 euros anuales más. El Ejecutivo ya se ha aliado con la banca para ayudar a las familias.
Respaldo al transporte público
La última medida pasa por subir al 50% la financiación estatal al transporte público para que se puede seguir incidiendo en la rebaja de precios y, así, fomentar su uso. Todas las propuestas, que Podemos calificó como “razonables” en boca de Fernández, por lo que se espera que no sean rechazadas, significan una manera de "proteger a las personas más vulnerables y necesitadas" ante la inflación.
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