
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado se encuentra en el punto de mira de unos y otros tras la firma del nuevo concierto 2022-2024 con las aseguradoras DKV, Asisa y Adeslas. Todo ello debido a la "escasa financiación" por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, según explican desde el CSIF Nacional, que ha dado como consecuencia recortes sanitarios y la supresión de varias especialidades en varios centros y clínicas de Muface. Una situación que afecta a día de hoy a 1,5 millones beneficiarios y que se hace aún más incipiente en Madrid, ciudad en la se encuentra la mayor concentración de funcionarios adscritos a la mutualidad.
Tanto es así que ha llegado a las mismísimas manos del Defensor del Pueblo, representado por Ángel Gabilondo. El alto comisionado de las Cortes Generales exige explicaciones a Muface. Pero ojo, porque las exigencias también repercute al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) y a la Mutualidad General Judicial (Mugeju). Se solicita "información acerca de los recortes detectados tras la firma de un nuevo concierto con aseguradoras privadas para la prestación sanitaria". Todo esto se ha producido tras las denuncias para aclarar esta situación por parte de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO (FAC-USO) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, solicita, en una actuación de oficio, información sobre recortes sanitarios que afectan a mutualistas de MUFACE, ISFAS Y MUJEJU, tras la firma de un nuevo concierto con aseguradoras privadas pic.twitter.com/pr2xjKYhxe
— Defensor del Pueblo (@DefensorPuebloE) February 10, 2022
Así lo ha anunciado este organismo público mediante una reclamación publicada a través de su página web. A este respecto, se añade que quiere saber "el seguimiento que están llevando a cabo las mutuas para garantizar la continuidad asistencial que contempla el acuerdo firmado por los grupos privados". Por otra parte, para poner en contexto porque se han dado estas circunstancias, es importante destacar que el Gobierno de España ha destinado a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado un total de 3.521 millones de euros para los próximos tres años. Una cifra "insuficiente" para CCOO y UGT.
Todo lo que se le exige a MUFACE: absoluta transparencia por los recortes sanitarios
Pero la cosa no acaba ahí, porque el documento señala que “las entidades privadas están dando de baja a médicos y hospitales que atienden al colectivo de mutualistas de Muface, Mugeju e Isfas”. Además, también apunta que estaría afectando a decenas de pacientes por enfermedades oncológicas. Hay que recordar que se han suprimido estas especialidades médicas en los hospitales de referencia en Madrid: Hospital Universitario HM Madrid y HM Sanchinarro.
✂️Recortes sanitarios en las mutualidades. #Muface, #Mugeju, #Isfas
— CSIF Nacional (@CSIFnacional) February 10, 2022
?Si sufres esta situación, cuéntanos tu caso.#CSIF denuncia los recortes sanitarios en toda España por falta de financiación
Exigimos más financiación, revisar el concierto y un seguimiento de los afectados pic.twitter.com/uczQJLqYx0
Sin embargo, por el lado contrario hay que escuchar la opinión de Muface, presidido por Myriam Parallés. El organismo público subraya que el nuevo acuerdo garantiza las prestaciones sanitarias e "impone a las entidades la obligación de poner a disposición del colectivo todos los medios asistenciales precisos para hacer efectiva la cartera de servicios que se define en el mismo".
Decenas de mutualista pacientes oncológicos afectados por los recortes en Muface
El CSIF deja claro que está recibiendo numerosas quejas de pacientes oncológicos que no pueden acudir a sus revisiones médicas en sus centros habituales desde enero de este año. Esto supone que, en muchos casos, y tras años siendo tratados por el mismo equipo médico, tengan que buscarse otras alternativas, lo que supone un cuadro de incertidumbre y estrés en el seguimiento de la enfermedad.
Por el lado contrario, Muface se defiende: "no se puede obligar a ninguna entidad a suscribir acuerdos con un centro sanitario o un facultativo concreto para una especialidad determinada". Pero se debe tener en cuenta que el acuerdo firmado incluye "una serie de estipulaciones para garantizar la continuidad asistencial de los pacientes con procesos activos y patologías graves que mantienen la entidad de adscripción".

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