El Ministerio de Trabajo y Economía Social reunirá el próximo viernes, 16 de enero, a los agentes sociales (sindicatos y patronal) con el objetivo de avanzar en la negociación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) correspondiente a 2026. La reunión, fijada a las nueve de la mañana, se produce tras el último encuentro en el que el Ejecutivo puso sobre la mesa una propuesta concreta de incremento del 3,1%, según han confirmado fuentes sindicales.
La oferta del Gobierno supondría elevar el SMI hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas, lo que representa 37 euros más al mes respecto a la cuantía actual, y mantendría esta renta exenta de tributación en el IRPF. La subida tendría además carácter retroactivo desde el 1 de enero, una vez que sea aprobada formalmente.
La propuesta se ajusta a las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora al Ejecutivo en esta materia, que planteó un aumento del 3,1% en caso de que el salario mínimo continuara sin tributar, o del 4,7% si pasaba a hacerlo. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, habían reclamado inicialmente un incremento del 7,5% con tributación, pero dan por buena la opción del Gobierno al considerar que supera la inflación media de 2025, situada en el 2,7%, y avanza hacia el objetivo de que el SMI alcance el 60% del salario medio neto, tal y como recomienda la Carta Social Europea.
CEOE no despeja las dudas sobre su posición
La incógnita sigue siendo la posición de la CEOE, que mantiene la cautela y no ha anticipado su respaldo a la propuesta. La patronal defendía una subida más moderada, del 1,5%, hasta los 1.202 euros mensuales, aunque fuentes empresariales han señalado que su postura definitiva dependerá del desarrollo de la reunión del viernes. La cuestión será abordada, en todo caso, en la junta directiva de la organización prevista para el 19 de enero.
Para tratar de atraer a los empresarios al acuerdo, el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a estudiar una posible “relajación” de la Ley de Desindexación en los contratos públicos, una reclamación histórica tanto de sindicatos como de patronales. Esta medida, que permitiría vincular parcialmente los salarios a la contratación pública, ha chocado en el pasado con la oposición del Ministerio de Hacienda y ha generado fricciones dentro del propio Gobierno.
Reglas de absorción y compensación para el SMI
En paralelo, el Ejecutivo quiere avanzar en la reforma de las reglas de absorción y compensación, de modo que las subidas del SMI no puedan quedar neutralizadas por complementos salariales. Esta modificación, vinculada a la transposición de la directiva europea de salarios mínimos, cuenta con el respaldo sindical pero con el rechazo frontal de la CEOE, lo que añade complejidad a la negociación.
El salario mínimo arrancó este año congelado en 1.184 euros mensuales, la cuantía aprobada en febrero de 2025 tras una subida del 4,4% pactada únicamente con los sindicatos. De hecho, los incrementos del SMI de los últimos cinco años se han cerrado sin el respaldo de los empresarios, que no apoyan un acuerdo desde 2020, cuando el salario mínimo subió de 900 a 950 euros.
Aunque el Gobierno no está obligado legalmente a alcanzar un acuerdo tripartito, sí debe consultar a los agentes sociales y ha reiterado su voluntad de lograr un consenso que dé estabilidad a la senda de incrementos del salario mínimo en un contexto de desaceleración económica y presión sobre los costes empresariales.
