El Ministerio de Trabajo ha aseverado que el incentivo fiscal a las empresas para facilitar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que se ha propuesto hoy impulsará la subida de salarios en España a nivel general. La propuesta, que busca atraer a la CEOE, ha sido presentada en la mesa de diálogo social y ha coincidido con una advertencia clara de los sindicatos, en especial de UGT, que reclaman cerrar el acuerdo “esta misma semana” y evitar nuevos bloqueos.
Según fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz, el incentivo fiscal no pretende ser un mero mecanismo de compensación para las empresas que abonan el SMI, sino una herramienta para impulsar subidas salariales por encima del mínimo legal y facilitar que sectores muy expuestos a este salario, como la limpieza, la seguridad o la agricultura, puedan absorber el incremento sin poner en riesgo el empleo. Trabajo insiste, además, en que la medida estará condicionada a que las empresas suban salarios y mantengan las plantillas, rechazando que se trate de un “regalo fiscal”.
La propuesta surge ante las dificultades para trasladar automáticamente la subida del SMI a los contratos públicos, una reivindicación recogida en acuerdos previos entre sindicatos y patronal. Hacienda ha mostrado reticencias a una reforma general de la Ley de Desindexación por su impacto en comunidades autónomas y ayuntamientos, lo que ha llevado al Gobierno a explorar la vía fiscal, que requerirá una reforma legal independiente y no formará parte del real decreto del SMI.
UGT exige cerrar el acuerdo y no permitirá más retrasos
Tras la reunión, UGT ha confirmado que el Gobierno, la patronal y los sindicatos dan por hecho que la subida del SMI “no será menor al 3,1%”, lo que situará el salario mínimo en 1.221 euros mensuales en 2026 y sin efectos sobre la tributación en el IRPF. El sindicato ha recordado que en la última reunión, celebrada el 7 de enero, ya se constató un principio de acuerdo en esa cifra, siempre que no implicara una mayor carga fiscal para los trabajadores con salarios más bajos.
No obstante, UGT ha advertido de que su respaldo definitivo al acuerdo está condicionado a que el Gobierno cumpla otro de los compromisos pendientes: la regulación clara de la compensación y absorción de complementos salariales, un mecanismo que, según denuncian, permite a algunas empresas neutralizar en la práctica las subidas del SMI. “Es una condición indispensable para que las organizaciones sindicales podamos valorar en positivo este acuerdo”, han subrayado fuentes del sindicato, que consideran que estos mecanismos perjudican especialmente a las rentas más vulnerables.
El sindicato también ha reclamado avances en la aplicación del incremento del SMI en los contratos públicos, una cuestión pactada en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y que sigue sin desarrollarse plenamente. Aunque UGT ha señalado que no se opone de entrada a la propuesta de incentivos fiscales planteada por Trabajo, ha insistido en que necesita conocer “el detalle del impacto” de la medida tanto en las empresas como en el empleo.
UGT ha sido tajante al advertir de que esta nueva propuesta no puede convertirse en una excusa para retrasar el acuerdo. “Las organizaciones empresariales no pueden utilizarla para seguir bloqueando una necesidad urgente de las rentas más vulnerables”, han señalado, recordando que el objetivo es acercar el SMI al 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea. El sindicato ha reiterado que su intención es cerrar el acuerdo esta misma semana y evitar que la negociación se prolongue indefinidamente.
