El PSOE propone eliminar la tasa de reposición en la administración para afrontar jubilaciones

El próximo miércoles, la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso debatirá una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE para eliminar la tasa de reposición en todas las administraciones públicas. El objetivo de esta propuesta es recuperar las plantillas perdidas en los últimos años y prepararse para el “alto porcentaje de jubilaciones” previsto en la próxima década. Según estimaciones del Grupo Socialista, este porcentaje podría alcanzar el 60%.

La propuesta del PSOE no se limita únicamente a gestionar las jubilaciones inminentes, sino que también busca atraer nuevos perfiles profesionales al sector público. Para ello, el partido plantea sustituir la tasa de reposición por indicadores “mucho más pertinentes y significativos” que se alineen mejor con la planificación de las actividades de las administraciones públicas y las limitaciones presupuestarias disponibles.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, ha criticado anteriormente la tasa de reposición, calificándola como “un procedimiento muy cuestionado que lleva a una caída del empleo muy grande”. En la exposición de motivos de la PNL, el PSOE destaca la necesidad de un modelo alternativo, uno que ofrezca previsión y protección adecuadas sobre los puestos necesarios y su ubicación.

Ahora, el Grupo Socialista defiende la importancia de hacer el sector público “mucho más atractivo” para los nuevos empleados. Con este fin, la iniciativa incluye una segunda petición que promueve un nuevo modelo de gestión de recursos humanos, dotando de mayor autonomía a los gestores para optimizar el capital humano de sus organizaciones.

¿Qué es la tasa de reposición de la Administración?

La tasa de reposición es un indicador que determina cuántas personas pueden acceder a un puesto en la administración pública en función del número de bajas previas. Durante los años de crisis económica, esta tasa se redujo drásticamente hasta un 10 %, limitando la incorporación de nuevos funcionarios. Ahora, en los últimos años, esta tasa ha aumentado progresivamente, alcanzando el 110 % como norma general en 2023, de tal forma que el número de nuevos empleados supere al de las bajas. Acabar con esta tasa supondría poder convocar plazas sin tener estos límites prefijados.