Los funcionarios van a empezar el año sin cobrar su subida salarial anual. Aunque estaba pactada, el Real Decreto Ley aprobado en el último Consejo de Ministros del año no ha reflejado el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI que se alcanzó con los sindicatos, y que incluía varios incrementos salariales: un aumento del 2% más una variable del 0,5% por confirmarse que se ha superado el objetivo de crecimiento del 2,1% del PIB para este año.
Un “olvido” que, desde CCOO, han criticado duramente: “la Ministra de Hacienda y vicepresidenta María Jesús Montero desprecia a más de cinco millones de empleadas y empleados públicos”, titulaban su comunicado. Sobre sus consecuencias, los funcionarios van a perder entre 50 y 150 euros de media al mes, dependiendo del grupo, categoría y cuerpo al que se pertenezca, aunque no de forma permanente.
Según fuentes gubernamentales consultadas por ‘El Español’, se va a cumplir el acuerdo con carácter retroactivo, por lo que los funcionarios “recuperarían” este dinero. Ahora, ¿cuándo? El Ministerio de Hacienda quiere esperar a conocer el dato definitivo del PIB, que se dará a conocer a finales de marzo, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique la estadística de Contabilidad Nacional correspondiente al cuarto trimestre del 2023.
Por ello, los empleados públicos no van a recibir la subida salarial hasta dentro de tres meses, pudiendo retrasarse incluso hasta abril. También hay que recordar que se han aprobado dos importantes medidas para este colectivo: las evaluaciones por desempeño y los nuevos complementos salariales (incluyendo la carrera horizontal).
Otras reclamaciones de CCOO
Atendiendo al Acuerdo firmado entre Función Pública, CCOO y UGT, hay otras reclamaciones que el primer sindicato ha querido reivindicar en un comunicado: “al incumplimiento de los incrementos retributivos [...], hay que sumarles la recuperación de la jubilación parcial para el personal funcionario o el carácter de mínimos de los permisos, algo también pactado”.
También han querido recordar que, a consecuencia del adelanto electoral, se retrasó la implantación de la jornada laboral de 35 horas en la Administración del Estado, la implantación del grupo B y la adaptación al Marco Español y al Marco Europeo de las cualificaciones del nuevo cuadro de clasificación profesional.
Al respecto, desde CCOO defiende que “está suficientemente justificada la urgente necesidad de un real decreto ley (RDL) que contemple los incrementos retributivos, como ya ocurrió en el 2018 con este mismo Gobierno, recordando que en tres años no hubo PGE pero sí, un RDL para cumplir con el Acuerdo para la mejora del empleo público y condiciones de trabajo pactado con el PP”. Por esta razón, la organización sindical ha anunciado el inicio de un proceso de movilizaciones en la función pública “si no se retoma de inmediato las negociaciones y se garantizan los incrementos retributivos”.
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