El pulso de Junts al Gobierno por la reducción de la jornada laboral se materializa este miércoles. La formación de Carles Puigdemont ha registrado finalmente una enmienda a la totalidad que pone contra las cuerdas la tramitación de la medida estrella de Yolanda Díaz. El texto, escrito desde hace semanas, será presentado hoy mismo, en el último día del plazo habilitado para hacerlo. Sin acuerdo previo, y con las negociaciones estancadas, el grupo catalán lanza así una advertencia explícita al Ejecutivo en la que si no hay concesiones, la ley caerá.
El movimiento amenaza con devolver al Ejecutivo el proyecto normativo y tumbarlo antes incluso de que supere su primer trámite parlamentario. Junts ha decidido pasar de las palabras a los hechos presionado por las principales patronales catalanas, entre ellas Pimec (la más representativa de las pymes) y Foment del Treball, que han intensificado su lobby contra el recorte de la jornada máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales.
Sumar no quiere más aplazamientos
Sumar ha optado por acelerar el calendario. “Hoy se acaba el plazo para las enmiendas a la totalidad y no va a haber más prórrogas”, insisten fuentes del grupo. Su intención es que el proyecto se debata en el Congreso antes del parón estival, pese a que el Gobierno aún no tiene los apoyos cerrados. La vicepresidenta segunda ha puesto presión también sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que reactive cuanto antes la agenda social.
En declaraciones al canal 24 Horas de Televisión Española, Yolanda Díaz ha elevado el tono y ha emplazado a los socios a retratarse: “El Gobierno tiene una misión que es la obligación de avanzar, de progresar; que luego los socios tumban las normas, que las tumben, pero nosotros tenemos la obligación de progresar”.
El riesgo de un veto multipartito
La enmienda de Junts no es la única que se presentará. Vox ya ha anunciado que también registrará una, y el Partido Popular ha mantenido la incógnita hasta el último momento, aunque todo apunta a que votará a favor de la devolución del texto. Si las tres fuerzas Junts, PP y Vox suman fuerzas en el pleno, el Gobierno se vería obligado a reiniciar la tramitación legislativa desde cero, dando al traste con once meses de negociaciones con sindicatos y agentes sociales.
El proyecto fue pactado en diciembre con CC OO y UGT, pero sin el respaldo de CEOE y Cepyme. Ese rechazo patronal ha sido uno de los principales argumentos del PP para rechazar la medida, aunque hasta ahora no ha formalizado ninguna enmienda.
Últimos intentos de negociación
Pese a la ofensiva parlamentaria, desde Sumar aseguran que todavía hay margen para una entente. En los contactos con Junts se han puesto sobre la mesa posibles ayudas a pymes y un endurecimiento del registro horario, que podría tramitarse por separado si fracasa la reducción de jornada. La idea es ofrecer una vía de salida que permita salvar parte del proyecto y dar señales de avance en la agenda laboral.
Sin embargo, en el seno de la coalición de Díaz, algunos dirigentes admiten que es una jugada arriesgada. La ministra se lo juega todo a una votación que, si no suma, dejará tocada su principal bandera política. La estrategia, no obstante, es clara y es obligar a los socios a posicionarse y trasladar a la opinión pública que el Gobierno cumple con su hoja de ruta mientras otros bloquean. “Hay que reactivar la agenda social y poner las cartas sobre la mesa. No se puede marear más la perdiz”, afirman en Sumar. La cuenta atrás ha comenzado.
