
El “bloqueo” en la tramitación de la reducción de la jornada laboral se ha levantado, pero su debate sigue igual de candente. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado, como representantes de las empresas, su preocupación por esta medida del Ministerio de Trabajo, al que ha acusado de imponer esta rebaja unilateralmente (aunque sí tiene el apoyo de los sindicatos) y vulnerar el derecho constitucional a la negociación colectiva.
“El diálogo social es la mayor infraestructura del país y principal garante de la paz social en los últimos 40 años. Sin embargo, la imposición unilateral de cambios en la jornada laboral vulnera el derecho constitucional a la negociación colectiva, desnaturalizando este mecanismo fundamental de consenso”, ha manifestado en su perfil de LinkedIn. Al respecto, ha asegurado que en 2024 “se firmaron solo 757 convenios comparados con los 1.041 de 2023, que muestra el freno que produce este tipo de anuncios. La medida ignora los compromisos y utiliza el diálogo social como herramienta política”.
Sobre la negociación colectiva, ha reiterado que “hace solo un año y unos meses”, se firmó el V AENC que define las recomendaciones en materia de negociación colectiva para empresas y trabajadores en 2023, 2024 y 2025: “La propuesta actual amenaza con romper el equilibrio en los convenios colectivos, ignorando avances sectoriales y territoriales que han permitido reducir jornadas de manera consensuada. De hecho, en 2024 el 24,78% de los convenios ya pactaron jornadas de 37,5, sin necesidad de una imposición”, ha reivindicado.
Avisa de que la reducción de jornada afectará a las pequeñas y medianas empresas, que son el “corazón de nuestra economía”
Siguiendo con los impactos que, para CEOE, tendrá la reducción de la jornada laboral, ha expuesto que afectará a sectores intensivos en mano de obra, como la agricultura, la hostelería o el comercio. Además, “pone en riesgo la viabilidad de pequeñas y medianas empresas que representan el corazón de nuestra economía. No podemos aplicar un modelo uniforme que no considere la diversidad de necesidades y realidades”, ha aseverado.
También se ha pronunciado sobre una de las ventajas que, para Trabajo y sindicatos, tendrá la rebaja del tiempo de trabajo, que es el aumento de la productividad. “La premisa de que reducir la jornada incrementa la productividad carece de respaldo empírico. Los estudios demuestran que es el aumento de la productividad lo que facilita reducciones en el tiempo de trabajo. En un contexto en el que España ya presenta niveles bajos de productividad, imponer esta medida agravará los desajustes organizativos y costes laborales”, ha expresado.
Por último, Garamendi ha defendido que “las empresas son las generadoras de empleo y el motor de la economía” y que “una medida que pone en peligro su competitividad, afecta directamente a millones de familias. Debemos defender que cualquier cambio en la jornada debe ser consensuado y ajustado a las realidades productivas”.
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