El Ministerio de Función Pública ha convocado para este miércoles 19 de noviembre una reunión con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT para abordar un nuevo acuerdo salarial plurianual para los empleados públicos, que incluiría subidas retributivas tanto fijas como variables y se aplicaría entre los años 2026 y 2028.
La reunión forma parte del calendario de contactos comprometido por el Gobierno con las organizaciones sindicales tras el inicio de la campaña de movilizaciones y la amenaza de una huelga general en diciembre, actualmente suspendida.
Aunque los sindicatos valoran positivamente que el Ejecutivo haya reactivado la negociación, insisten, según recogen desde Europa Press, en que es urgente acordar una subida salarial diferenciada para 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, con el objetivo de evitar una congelación salarial este año.
Los sindicatos piden una subida salarial por encima del IPC real
CSIF ha reclamado que los sueldos de los empleados públicos se ajusten automáticamente cada año al IPC más un porcentaje adicional, similar al sistema que se aplica a las pensiones. Por su parte, CCOO y UGT exigen una subida “por encima del IPC real” para recuperar poder adquisitivo y aseguran que el Ejecutivo debe ser el primero en presentar una propuesta concreta.
Según han informado CSIF y UGT, el Gobierno se comprometió a presentar una cifra de subida salarial “como muy tarde” este 19 de noviembre, por lo que se espera que en el encuentro se ponga ya un porcentaje sobre la mesa.
El nuevo pacto sustituirá al acuerdo 2022-2024
El último acuerdo salarial vigente cubrió el periodo 2022-2024 y contempló subidas retributivas con un esquema similar de componentes fijo y variable, lo que permitió incrementar los sueldos públicos hasta un 10 % en ese trienio. La medida tuvo un coste aproximado de 13.000 millones de euros y se firmó en un contexto de inflación también cercana al 10 %.
Con el nuevo ciclo de negociaciones, el Ministerio de Función Pública, liderado por Óscar López, no solo quiere abordar aspectos salariales, sino también medidas organizativas que “repercutan de manera positiva en los trabajadores y en los servicios que prestan a la ciudadanía”, en palabras del propio departamento.
