Esta semana se sabrá si suben las indemnizaciones por despido improcedente en España

Esta semana hay mucho en juego para los trabajadores. El Gobierno tiene hasta el próximo sábado 20 de julio para publicar el fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), del que depende que suban o no con las indemnizaciones por despido improcedente en España. Las previsiones es que así sea, lo que podría provocar cierta confrontación en el seno del Ejecutivo.

Fue en mayo de 2022 cuando UGT presentó una denuncia ante el CEDS manifestando que la normativa laboral española no cumple con la Carta Social Europea en esta materia. ¿Cuál es el motivo? El artículo 25 de dicha carta establece que, en caso de despido improcedente, los trabajadores tienen derecho “a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. 

La opinión de los sindicatos, ya que CCOO posteriormente también elevó una demanda a Europa por la misma cuestión, es que la indemnización actual de 33 días salario por año trabajo con un límite de 24 mensualidades incumple este punto, ya que el hecho de que exista este límite impide en muchos casos que se produzca una reparación real del daño causado. Es una consideración que también comparte la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que, en línea con los sindicatos, quiere implantar un nuevo modelo de “indemnizaciones a la carta” o “despido restaurativo”. 

Hace unos meses, se filtró en algunos medios la resolución del CEDS, previsiblemente a favor de UGT, como ya se intuía atendiendo a otras manifestaciones que ha realizado el órgano europeo sobre este asunto. De hecho, el mismo, en su informe de conclusiones de 2023, recogió que “el límite máximo de los baremos de indemnización [como ocurre en España] no permite conceder a un trabajador una indemnización superior en función de todas las circunstancias, ya que los tribunales solo pueden ordenar una indemnización dentro de los límites del baremo”.

Por qué España tendría que subir las indemnizaciones

España ratificó al completo la Carta Social Europea, por lo que el Ejecutivo está obligado a cumplir con ella. Además, sobre esta cuestión en particular, PSOE y Sumar se comprometieron en su acuerdo de Gobierno a “establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”. 

Por ello, si el CEDS, como se espera, determina que la actual indemnización por despido improcedente que existe en España incumple el mencionado artículo 25 de la Carta, el Gobierno se vería obligado a cambiar la normativa para asegurar la reparación del daño causado en todos los casos. Una reforma que podría dividir al Gobierno de coalición, como ya se vio meses atrás cuando se conocieron interferencias del Ministerio de Justicia para influir en la decisión del CEDS, constatadas por ‘NoticiasTrabajo’.

Posible confrontación del Gobierno

El Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, presentó una solicitud de recusación para apartar a la experta Carmen Salcedo del Comité Europeo, ya que antes de pertenecer a dicho órgano, escribió un artículo donde manifestaba que la normativa española no se ajustaba a la Carta Social Europea. Además, UGT denunció interferencias para retrasar el fallo de este órgano.

Esta reticencia del ala socialista del Gobierno también se confirmó recientemente en la respuesta que dieron los mismos a una pregunta por escrito del grupo parlamentario de Vox, que preguntó al Ejecutivo sobre si se contemplaba una reforma en el cálculo de las indemnizaciones por despido improcedente: “el marco legal español ya es coherente con el artículo 24 de la Carta Social Europea, proporcionando una reparación adecuada a los trabajadores despedidos sin razón válida, por lo que no se prevé una modificación de la regulación al respecto”, se desprendía de la respuesta que fue escrita, precisamente, por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, dependiente del Ministerio de la Presidencia y Justicia, ta como ha publicado ‘elDiario.es’.

Esta contestación entraría en conflicto con el Ministerio de Trabajo, que defiende una postura totalmente contraria. Son muchas las ocasiones en las que Yolanda Díaz ha denunciado que el despido sale “demasiado barato en España”, instando a la reforma del sistema actual para que las indemnizaciones se calculen atendiendo cada caso particular, mediante la evaluación de factores como la edad, la antigüedad o el hecho de que la persona pertenezca a un colectivo vulnerable.