El Tribunal Constitucional (TC) admite a trámite un recurso de amparo que ha presentado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para que los empleados públicos recuperen las pagas íntegras desde 2010. La Mesa del Congreso de los Diputados rechazó la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Según asegura El Mundo, esto equivaldría a trabajar gratis durante 5 meses y un gasto de 30.000 millones de euros.
La Justicia, por tanto, va a estudiar el recurso presentado por CSIF de una manera más exhaustiva porque “concurre una especial trascendencia constitucional ya que el asunto suscitado trasciende del caso concreto y pudiera tener consecuencias políticas generales”, según recoge Europa Press.
Así, este recurso de amparo ha pedido al TC que declare nulo el acuerdo que se ha alcanzado por la Mesa del Congreso de los Diputados ya que “vulnera” el artículo 23.1 de la Constitución Española que permite a los ciudadanos participar en asuntos públicos.
El Congreso lo rechaza porque afecta a los PGE
La Mesa del Congreso de los Diputados el pasado 16 de mayo de 2023 decidió no admitir a trámite esta ILP para que los funcionarios cobren las pagas íntegras desde 2010 ya que no cumplían con la ley que regulaba las iniciativas legislativas populares “en la medida que afecta a materia presupuestaria”.
CSIF considera que esta afectación a los presupuestos no es una de las causas concretas para no admitirla, destacando que no se produce esta afectación. Cualquier iniciativa legislativa y su tramitación va a llevar aparejado un gasto de gestión “mínimo” que no puede equipararse a una invasión de las competencias gubernamentales a la hora de elaborar los presupuestos.
“De no admitirse esta equiparación, entre el coste de la iniciativa y la reseca material del Gobierno para elaborar los PGE (Presupuestos Generales del Estado), se está vaciando de contenido esta forma de participación ciudadana”.
La iniciativa presentada no incluye propuesta alguna sobre la elaboración de los presupuestos, o coste directo por estos conceptos. Propone una supresión normativa (art. 1 del RDL 8/2010 del 20 de mayo) para negociarlo en la Mesa General de las Administraciones Públicas.
CSIF: “se admiten iniciativas que suponen un mayor gasto”
El sindicato de los funcionarios señala que en el Congreso se ha dado luz verde a iniciativas que comprometían un mayor gasto y que afectaban más a los presupuestos que esta que tiene que ver con los empleados públicos.
En el recurso de amparo presentado por CSIF se asegura que la resolución de este acuerdo no contiene la motivación “expresa, suficiente y adecuada”. Por eso, han pedido al TC que la proposición no incurre en ninguna de las causas de inadmisión previstas, y que se declare nulo el acuerdo de la Mesa del Congreso.
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