
Nuevo paso adelante para las familias monoparentales. El Tribunal Constitucional ha admitido los recursos de amparo de varias socias de la organización Madres Solteras por Elección (MSPE) para conseguir el doble permiso por nacimiento, acogimiento o adopción, solicitando la equiparación de dicho permiso respecto a las familias biparentales (compuestas por dos progenitores).
Lo que defiende este colectivo es que si en las familias biparentales cada progenitor puede disfrutar de 16 semanas por el permiso de nacimiento, en las familias monoparentales, donde solo hay un progenitor, el permiso se duplique hasta las 32 semanas, absorbiendo el único progenitor las 16 semanas que le hubieran correspondido al segundo.
Como ha declarado MSPE, la admisión del Tribunal Constitucional es muy relevante, ya que más del 75% recursos de amparo que llegan a esta instancia son inadmitidos, bien por defectos de forma, bien por falta de trascendencia constitucional. Además, la organización está apoyada por prestigiosas entidades del ámbito jurídico como EJASO, que cuenta con una unidad especializada en Derechos Fundamentales dirigida por María Emilia Casas Baamonde, expresidenta del Tribunal Constitucional.
Años de lucha en los tribunales
Las familias monoparentales, en su mayoría lideradas por mujeres, llevan años de lucha en los tribunales: “Mientras la ley no regule la situación de las familias monoparentales (que en el 80% de los casos están encabezadas por una mujer) seguimos viéndonos obligadas a recurrir a los tribunales para exigir que nuestras hijas e hijos tengan los mismos derechos que el resto con independencia de su estructura familiar”, asegura Pilar Castellanos, presidenta de Madres Solteras por Elección, en un comunicado.
Sin embargo, Castellanos también explica que “no todas pueden permitirse el coste económico y emocional de iniciar procedimientos judiciales, muchas se quedan por el camino”, por lo que considera que “llegar al Constitucional es un balón de oxígeno que nos impulsa a seguir hasta el final”.
Además, anima a otras socias a unirse a la iniciativa y a “continuar reclamando en vía administrativa como hasta ahora. Después, tras presentar la demanda, intentar la suspensión del juicio hasta que se pronuncie el Constitucional y, si están en fase de recurso, agotar todas las vías. Entre todas podemos impulsar el cambio”, defiende.
A la espera de si se modifica la Ley de Familias
Las familias monoparentales también están a la espera de si se modifica la Ley de Familias, ya que el Gobierno abrió la puerta a recoger el doble permiso por nacimiento en esta normativa, a través de una enmienda. “A día de hoy el texto de la ley no recoge nada sobre el tema de los permisos, creemos que es el momento para que las fuerzas políticas de este país se pongan manos a la obra y trabajen por la equidad de nuestras familias”, señala al respecto la presidenta de MSPE.
“Recordamos que hasta el momento las referencias a nuestro modelo se centran en la definición legal y en el reconocimiento de las monoparentales con dos menores a cargo como familias con mayores necesidades de apoyo en la crianza, dejando fuera de ese marco protector a las que solo tienen una criatura, cuando son el 70% de las monoparentales”, añade Castellanos.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, compartió su intención de duplicar el permiso por nacimiento a las familias monoparentales en una reunión celebrada el pasado marzo con la Federación de Asociaciones de Madres Solteras y Familias Monomarentales (FAMS), defendiendo que su aprobación supondría “una mejora de la protección social para estas familias” y garantizaría “que los niños y las niñas con una persona progenitora tengan los mismos derechos que quienes tienen dos personas progenitoras”.
“No tiene sentido que el tiempo que estos niños y niñas dispongan para ser cuidados dependa de en qué familia han nacido o del estado civil de sus progenitores”, alegaba entonces Bustinduy, que también enfatizaba el hecho de que el 81% de estas familias están encabezadas por mujeres, que se encuentran en un mayor riesgo de pobreza y de exclusión.
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