La confederación empresarial alianzAS y las organizaciones sindicales Comisiones Obreras del Hábitat y UGT-Servicios Públicos han instado al Gobierno a modificar y sustituir la regulación de la revisión de precios de los contratos públicos de servicios para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, garantizar la continuidad de los servicios esenciales y su viabilidad económica.
Las tres organizaciones han señalado en un comunicado que la normativa vigente, en particular la Ley de Contratos del Sector Público, no ofrece “un encaje adecuado” a incrementos de costes sobrevenidos y ajenos a la voluntad de las partes, derivados tanto de decisiones legales como reglamentarias.
Asimismo, han expresado que “dificulta e incluso imposibilita” la consecución de avances necesarios en la negociación colectiva para la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. “Se trata de contratos públicos intensivos en mano de obra, especialmente sensibles a este tipo de variaciones estructurales, que hoy carecen de mecanismos eficaces de adaptación”, han precisado.
En este sentido, alianzAS, UGT y CCOO han defendido que la revisión de precios, que no la indexación automática (como plantearon desde el Ministerio de Trabajo), “debe contemplar claramente las modificaciones por cualquier cambio normativo, así como los incrementos salariales pactados en negociación colectiva”.
Una “urgencia” tras la subida del SMI
Las tres organizaciones han calificado la revisión de los contratos públicos como una “exigencia” que “resulta de extremada urgencia” dada la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se está estableciendo (se prevé que se apruebe este mismo febrero). Asimismo, han defendido que se trata de una medida que cuenta con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios.
En último lugar, alianzAS, UGT y CCOO han asegurado que la ausencia de mecanismos de revisión “está generando tensiones crecientes en la prestación de servicios públicos esenciales, dificultando la planificación económica, la negociación colectiva, la estabilidad del empleo y la calidad del servicio”.
Por ello, han emplazado al Ministerio de Hacienda a abordar esta cuestión “urgentemente y con criterios de responsabilidad, evitando que decisiones laborales necesarias acaben comprometiendo la sostenibilidad de unos servicios que resultan imprescindibles para la ciudadanía”.
