Comisiones Obreras (CCOO) firmará este viernes con el Gobierno el acuerdo para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), después de que el Ejecutivo haya aceptado ampliar esta nueva jornada laboral a todo el personal público de la administración, incluidos los colectivos inicialmente excluidos. Se cumplirían por tanto las expectativas del propio Gobierno, que tenía prevista la aprobación de la jornada de 35 horas en la AGE para este mismo viernes.
El sindicato, que quería ver primero si se ampliaban los colectivos antes de dar su aprobación, se suma así al apoyo ya expresado por UGT, mientras que CSIF mantiene su posición en suspenso a la espera de conocer el texto definitivo del acuerdo después de que pidieran la inclusión de más colectivos.
La negociación se había quedado algo parada en la propuesta inicial de Función Pública, que limitaba la reducción de jornada a los empleados con horarios ordinarios de lunes a viernes y dejaba fuera a trabajadores con turnos especiales, jornadas partidas o servicios en ámbitos como la sanidad o la educación en Ceuta y Melilla. La rectificación del Gobierno se produce “a última hora” pero consigue así desbloquear el acuerdo.
Desde CCOO se había advertido de que mantener esa exclusión generaba una “discriminación” entre trabajadores con el mismo empleador, es decir, el Estado. Esto, según el sindicato, se debe a que hay a la vez regímenes de 1.533 y más de 1.642 horas anuales. “No existe ninguna norma legal que justifique” esa diferencia, subrayó el sindicato.
Más de 246.000 empleados afectados
La implantación de la jornada de 35 horas beneficiará a más de 246.000 empleados públicos y servirá, además, como referencia para otras administraciones, especialmente la local, en el marco del Acuerdo para una Administración del siglo XXI.
El cambio no será inmediato. Según el calendario previsto, la Secretaría de Estado de Función Pública modificará en un plazo de 15 días la normativa vigente sobre jornadas y horarios para adaptar el cómputo anual a las 1.533 horas. Asimismo, los departamentos y organismos con regímenes especiales deberán ajustar sus calendarios laborales mediante negociación con los representantes de los trabajadores.
Impacto organizativo y retos pendientes
La reducción de jornada obligará a revisar la planificación de recursos humanos en la Administración, especialmente en servicios con atención continuada o sujetos a turnicidad. El propio sindicato reconoce que será necesario reforzar plantillas a través de futuras ofertas de empleo público para evitar que la medida afecte a la calidad del servicio.
CCOO defiende que la implantación de las 35 horas contribuirá a modernizar la organización del trabajo, mejorar la conciliación y la salud laboral, así como a atraer y retener talento en el sector público. No obstante, advierte de que vigilará que la medida «no sea electoralista» ni comprometa el funcionamiento de los servicios públicos.
El acuerdo supone un nuevo paso en la reversión de los recortes aplicados tras la crisis financiera, cuando la jornada de los empleados públicos se amplió hasta las 37,5 horas semanales. Su generalización en la Administración del Estado podría reabrir el debate sobre la extensión de esta reducción al conjunto del mercado laboral.
