Multa de hasta 100.000 euros para las inmobiliarias que cobren comisión a estos inquilinos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy ha abierto una investigación a varias empresas inmobiliarias de gestión de alquiler en viviendas ya que habrían obligado a los nuevos inquilinos a pagar una comisión por gestionar el arrendamiento. Esto llega pocos días después de conocer el planteamiento que el partido Sumar está negociando con el PSOE para que los bancos tengan una ‘hipoteca fija regulada'.

Pero, en este caso de las ifracciones en el alquiler, se trata de empresas inmobiliarias que trabajan por todo el territorio nacional y que habrían llevado a cabo políticas abusivas, aprovechando la polémica actual sobre el precio de la vivienda en España y el malestar de los inquilinos que ya han tomado la calle reclamando una regulación en el precio de la renta mensual. Las multas, según fuentes consultadas EFE, podrían llegar a los 100.000 euros ya que la infracción está considerada como grave. 

Ha sido la Dirección General de Consumo la que ha abierto esta investigación a raíz de una serie de denuncias que han presentado las organizaciones de consumidores. Entre estas prácticas consideradas como “abusivas” por el Gobierno de España, destacan las de pagar comisión por gestionar el alquiler, no justificar la temporalidad a la hora de firmar el contrato de arrendamiento o incluir cláusulas excesivas como el adelanto de meses de alquiler y el pago de una fianza.   

Introducir cláusulas abusivas estaría multado con 1.000.000 de euros

La multa por infracciones graves podría llegar hasta los 100.000 euros, pero en caso de que sean muy graves, como cuando se introduzcan cláusulas abusivas en los contratos, las empresas tendrían que abonar hasta un millón de euros de sanción. Esta medida queda contemplada en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, RD1/2007 recogida por el BOE, que determina cuándo se considera que se producen abusos.

Incumplir la normativa de regulación de precios en el alquiler así como la imposición de condiciones sobre prestaciones no solicitadas o las prácticas comerciales desleales con el consumidor son algunas de las situaciones que se están investigando. Todo ello a raíz de varias denuncias interpuestas para perseguir las irregularidades en el alquiler de inmuebles.

Algo que, para las empresas investigadas, supone de entre cuatro a seis veces el beneficio ilícito ingresado. Pero además, se va a analizar el pago de distintos conceptos como por ejemplo las fianzas, que no podrán ser desproporcionadas o el cobro de mensualidades por adelantado. 

Los inquilinos no deben pagar los gastos de gestión de la inmobiliaria

La Ley 12/2023 del 24 de mayo de Derecho a la Vivienda prohíbe expresamente el traslado a los inquilinos de los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato. Por eso, desde el Ministerio de Bustinduy, se ha recordado que la vivienda es un derecho y que está reconocido como un “bien de primera necesidad”, como marca la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos).

El hecho de que esto sea oficial, que esté recogido por el Boletín Oficial del Estado (BOE) hace que las agencias inmobiliarias deban cuidar el cumplimiento de los derechos de los inquilinos, de modo obligatorio. Y para que los futuros inquilinos no estén desprotegidos, se ha comenzado esta investigación.

En su red social X, el mismo ministro Bustinduy ha explicado que "el cobro de comisiones a quien alquila una vivienda por parte de inmobiliarias es ilegal. Otras prácticas abusivas frecuentes también lo son". Y concluye que, desde su Ministerio se va a "terminar con la impunidad en este sector".

Las inmobiliarias piden que "no se estigmatice al sector" por lo que haga "una minoría"

La Federación de las Asociaciones Inmobiliaras, la FAI, ha asegurado que las empresas que están cobrando comisiones indebidas a los inquilinos "son una minoría" y han pedido que no se estigmatice al sector. 

Han elaborado un comunicado una vez que han conocido que el Ministerio de Consumo ha comenzado una investigación con la que se penalizará a quienes cometan infracciones como el pago de las comisiones en la gestión de arrendamiento o la firma de contratos temporales en el caso en que la temporalidad no estuviera justificada. 

El sector está compuesto por más de 120.000 profesionales y no se puede generalizar, explican, y han reivindicado el papel de las agencias inmobiliarias en el proceso de alquiler.

"La Ley de Vivienda hay que cumplirla pese a que consideremos que es una ley que no soluciona el problema del alquiler, más bien es contraproducente ya que perjudica a quien pretende ayudar, que es el inquilino". 

Y apoyan el papel de los agentes inmobiliarios como "garantía" ya que realizan "una labor intensa de contención de rentas, promoviendo contratos legales y priorizando la mayor duración del alquiler".