La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido de manera formal a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que habilite el crédito necesario en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para cubrir la subida salarial de los funcionarios conforme al IPC (Índice de Precios al Consumo) y con efecto retroactivo a 1 de enero 2025.
El sindicato ha enviado esta solicitud un día más tarde de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado la orden ministerial para elaborar las cuentas públicas de 2026. CSIF explica que a partir de ahora los órganos que forman parte del sector público estatal tendrán remitir sus presupuestos antes del 12 de septiembre de este año.
“Aprovechamos este trámite para reiterar la necesidad de que esta nueva norma presupuestaria incluya las medidas para la mejora de las condiciones económicas del conjunto de trabajadores del sector público lo que redundará en la mejora de nuestros servicios públicos y en el fortalecimiento de nuestro estado del bienestar, la protección del capital humano con el que cuentan las administraciones y los derechos de las personas trabajadoras, todos estos criterios establecidos en nuestra norma de presupuestación”, ha remarcado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press.
Recuperar el poder adquisitivo perdido
CSIF pide a la ministra que se recupere el poder adquisitivo perdido, que está en un 20% actualmente y la recuperación del régimen retributivo previo a los recortes de 2010, recibiendo el 100% de las pagas extraordinarias. El sindicato también pide la equiparación salarial para los empleados públicos del mismo cuerpo y escala independientemente del territorio o administración de que dependan. De este modo, se rompería con las “desigualdades retributivas actuales”.
También han solicitado que se adecúen los grupos profesionales conforme a la ley, la carrera profesional para el grupo de empleados públicos, la actualización de la indemnización por razón del servicio tanto en las cuantías de manutención y pernocta como por el uso del vehículo particular así como la homologación retributiva del personal laboral en el exterior, actualizando las retribuciones conforme al poder adquisitivo de cada país.
Otros temas en los que el Gobierno debería poner atención, según CSIF son la actualización de las indemnizaciones por residencia, que llevan 25 años sin revisarse, estableciendo cuantías homogéneas independientemente del territorio en el que estén y la regulación del amparo de la negociación colectiva que puedan suscribir acuerdos que impliquen incrementos retributivos superiores a los que establece la norma presupuestaria.
Fin de la tasa de reposición en la OEP
La tasa de reposición en la Oferta de Empleo Público (OEP) también es otra de las demandas de CSIF que pide que se elimine, permitiendo que las administraciones públicas puedan adaptar las ofertas de empleo público a la planificación de los recursos humanos de cada ámbito.
Piden la flexibilización en la promoción interna, terminando con el actual proceso selectivo, de maner que se vincule a un curso selectivo además de que se establezca una jornada laboral de 35 horas para todas las administraciones públicas para eliminar la diferencia de trato entre funcionarios.
La jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario es otra de las peticiones, así como su aplicación al conjunto de empleados públicos. CSIF ha reivindicado la aplicación de la jubilación anticipada por razón de actividad a los colectivos con trabajos de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre.
Afirman que sería necesario el incremento del haber regulador de las clases pasivas de modo que se homogenice a la cuantía que se percibe en el Régimen General de la Seguridad Social, y que se regule la jubilación voluntaria a los 60 años en este régimen.
