El Gobierno de España va a modificar los subsidios por desempleo, de los que actualmente existen 1.766.424 beneficiarios en toda España. Esta modificación, que se conoce como la ‘reforma de los subsidios’, no solo se está preparando desde el Ministerio de Trabajo, sino también desde el de Economía, que tiene un fin claro: incentivar la incorporación de las personas desempleadas al mercado laboral.
Las tensiones entre ambas carteras ministeriales serían más que palpables, buscando el primero ampliar el número de beneficiarios. Sin embargo, según ha adelantado ‘El País’, Trabajo sí que estaría dispuesto a graduar su cuantía y unificar todas las ayudas en un único subsidio por desempleo. A cambio, se debería extender también a los mayores de 45 años, una extensión que Yolanda Díaz anunció esta semana que tenía la intención de hacer, a expensas todavía de confirmaciones.
El siguiente cambio importante, además de esta simplificación, afectaría al modo de cobro de los subsidios. Tal como se pudo saber hace unas semanas, la cuantía de estas ayudas iría disminuyendo con el tiempo: al principio sería más alta, y se cobraría más, y después iría bajando proporcionalmente con el paso de los meses. No obstante, el Gobierno habría confirmado que la cantidad total percibida sería la misma, solo que se percibiría de forma diferente con el objetivo de fomentar la búsqueda de empleo.
Cobrar los subsidios a la vez que se trabaja: nuevas compatibilidades
Del mismo modo, la reforma de los subsidios permitiría cobrar estas ayudas a la vez que se trabaja. No solo a tiempo parcial como hasta ahora, sino también con un empleo a tiempo completo. Se podría hacer durante un tiempo y, como ya explicaron algunos abogados laboralistas, guarda también una letra pequeña: aquellos que se encuentren en esta situación, tendrían que ajustar correctamente el IRPF al tener dos pagadores (el SEPE y el empleador), ya que de lo contrario podría salir a pagar en la declaración de la Renta.
Otro cambio que se ha adelantado es el refuerzo del compromiso de actividad. Para ello, se reforzarían los servicios públicos de empleo, para que exista más vigilancia y conseguir un apoyo mayor al parado, tanto para formarlo como para orientarlo. Hay que tener en cuenta que, actualmente, sí que están obligados a firmar este acuerdo de actividad.
Bajo el mismo, tienen la obligación de “participar en los programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, que establezcan los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación, aceptar la colocación adecuada que los servicios públicos de empleo o dichas agencias le hayan ofrecido” y “buscar activamente empleo y participar en acciones para aumentar las posibilidades de ocupación que, en su caso, indiquen los servicios públicos de empleo competentes, dentro de un itinerario de inserción”.
El problema es que, en la práctica, estos compromisos no se materializan. No existen itinerarios de inserción personalizados ni ofertas de formación, por lo que realmente se queda en una mera firma. Conseguir un compromiso real, enfocado a la búsqueda activa de empleo, es lo que se buscaría con esta modificación.
Un objetivo que, no obstante, podría parecer que perjudicaría a los trabajadores con más problemas de reinserción laboral (como son los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años). No obstante, desde el Gobierno entienden que aquellas personas con una vulnerabilidad mayor, y más problemas para encontrar trabajo, están amparadas por el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que es una ayuda de la Seguridad Social diseñada para garantizar unos ingresos mínimos.
La reforma se cerrará en “las próximas semanas”
La reforma de los subsidios se debería haber aprobado a finales de 2022, siendo uno de los pactos establecidos con Bruselas para recibir el pago de los fondos europeos. Las tensiones entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo habrían sido el principal motivo de su retraso. Sin embargo, tal como anunció el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García, este lunes, se cerrará en “las próximas semanas”. Será entonces cuando se redactará el Real Decreto Ley con todos los detalles.
García también destacó el importante papel que tendría el refuerzo del compromiso de actividad, buscando aumentar el control sobre los desempleados que rechazan una oferta de empleo. En este sentido, según los informes de la OCDE, España es uno de los países donde menos se exige a los parados buscar empleo, siendo uno de los motivos por los que se estaría trabajando en este punto en la reforma.
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