El Gobierno aún tiene 47.000 millones de euros sin usar para ayudar a las empresas

La hucha del Gobierno atesora más de 47.000 millones de euros aún sin utilizar destinados a ayudas económicas empresariales. Concretamente, 47.422 millones ahorrados y que ha ido acumulando desde 2020, fecha en la que explotó mundialmente la pandemia del nuevo coronavirus y para lo que fueron destinados específicamente estos fondos. El objetivo era el de sortear daños colaterales con pocos precedentes.
 
Estos recursos se enmarcan dentro de las líneas de avales del ICO, aún sin designar, y de los fondos de recapitalización de Sepi y Cofides. También de las ayudas directas de 7.000 millones de euros destinados a más de un total de 95 sectores de autónomos y empresas gestionados por las comunidades autónomas.
 
Ahora, todos ellos se ven reflotados y puestos de nuevo en primera plana de actuación nacional e internacional a causa de la guerra en Ucrania tras la invasión militar de Rusia, cuyo primer mes de conflicto armado está evidenciando consecuencias de alto y variado alcance, con los sobrecostes energéticos o la falta de determinados productos. Las empresas piden ayuda y Europa ya activa la maquinaria para ello. 

Riesgo de quiebra y situación de impagos

La guerra ha acabado de poner a ebullición un caldo de cultivo envenenado que amenaza con dejar en K.O. técnico a varias empresas. Según el Consejo General de Gestores Administrativos, cerca de 300.000 pymes están al borde de la quiebra y piden a gritos estas ayudas, en una situación en la que la capacidad de acción de la gran banca también está limitada, al haber aumentado a la mitad el plazo para asumir deudas de casi 20.000 millones de euros.

Europa fusiona las ayudas Covid y las de la guerra

¿Qué baraja la Unión Europea? Reutilizar estas partidas millonarias de ayudas originadas por las secuelas del Covid-19 también para aquellas empresas que estén sufriendo los efectos indirectos del conflicto bélico. Es lo que se debatirá en la UE para la reunión del 24 y 25 de marzo en la cumbre de los estados miembro, para trazar la estrategia de a bordo del peliagudo contexto económico mundial.
 
Así, se pretende aprovechar los mecanismos de acceso, implantación y ejecución de estas ayudas para adaptarlos a los actuales, al nuevo contexto. De esta manera, empresas en certificada situación de vulnerabilidad pueden recibir oxígeno para su asfixiado tejido productivo. Como se ha remarcado, no tienen por qué ser las mismas o acreditar las condiciones derivadas del Covid-19. Sus motivos, por tanto, pueden ser nuevos.

A este respecto, se ha diseñado por parte de la Comisión Europea el denominado ‘marco temporal’, que permitirá a los estados miembro conceder estos fondos sin que se enmarquen bajo la etiqueta de ayudas públicas, que tienen que cumplir plazos e iniciativas. En otras palabras, recibirán ayudas sin condicionantes drásticos. 

Tercera extensión de plazos en la amortización de créditos

La mayoría de patronales y colectivos de trabajadores autónomos en situación de vulnerabilidad económica reclamaban una medida dentro del paquete de ocho que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros para ayudar a la economía frente a la nueva crisis y que, a la espera de la luz verde de Bruselas, se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre. La banca también lo ve con buenos ojos.

 La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, constató que se ampliará el vencimiento de los créditos actuales y que se negocia con el Banco de España hacerlo también en las carencias en el pago del capital de estas financiaciones y que vencían el 30 de abril. Se trata, por tanto, de la tercera ampliación en la amortización de créditos avalados, tras la primera de cinco años impuesta en 2020, y ampliada a ocho y diez años con el avance de la pandemia. Se combina, de esta manera, el acceso a las líneas ICO del Covid-19, que vencen ahora el 30 de junio, con las de la guerra, que seguirá el esquema de las primeras.