El anuncio de las 12 nuevas medidas en materia de vivienda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está generando debate y hay opiniones dispares sobre cómo estas ayudarán a solucionar uno de los problemas que más preocupan a la población española. En este sentido la asociación de consumidores FACUA se muestra en contra de la exención del pago del IRPF para “para los caseros que no especulen con sus precios ajustándose al índice de referencia, aunque no exista imposición legal para ello.”
Facua, no ha sido la única en pronunciarse sobre estas medidas, también lo han hecho los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) que pese a estar de acuerdo con algunas de las medidas planteadas, consideran que las propuestas fiscales no pueden considerarse una solución completa para abordar los problemas relacionados con la vivienda en España.
Continuando con la asociación de Consumidores en Acción en cuanto a esta exención en el pago del IRPF, advierten que “quien se beneficia económicamente del alquiler de un inmueble debe siempre tributar por ello”, y señalan que “las exenciones favorecen el rentismo y refuerzan la idea de la vivienda como una inversión.”
Así valora Facua las nuevas medidas propuestas por el Gobierno en materia de vivienda
Respecto al resto de medidas propuestas por Sánchez, desde Facua, consideran, que, aunque son un avance, se requieren actuaciones más profundas para garantizar el derecho a la vivienda y proteger a los sectores más vulnerables.
Han valorado de forma positiva la imposibilidad de descalificar la vivienda pública impulsada por la Administración General del Estado. Según la asociación, esta medida evita que quienes accedan a estos inmuebles puedan posteriormente utilizarlos para especular.
Señalan que, aunque es un paso importante que las viviendas gestionadas por la Sareb pasen a una nueva empresa pública destinada a alquileres sociales, es insuficiente. Para la asociación estas iniciativas deben complementarse con políticas más ambiciosas, como la expropiación del uso de viviendas vacías en manos de grandes tenedores. “El Estado debe imponer que estas propiedades se destinen al alquiler a un precio regulado por la Administración”, propone.
Facua, ya trasladó el pasado octubre al presidente una serie de propuestas relacionadas con la vivienda, entre las que destacaba la necesidad de expropiar el uso de inmuebles vacíos durante más de un año, propiedad de grandes tenedores, para destinarlos al alquiler social. Insisten en que esta medida es clave para aumentar la oferta de viviendas accesibles y combatir la especulación.
También plantean la creación de un sistema de indemnizaciones para proteger a los inquilinos frente a prácticas abusivas. Según la organización, “los arrendadores que incurran en este tipo de conductas deberían compensar a los afectados”, además de establecerse un límite para evitar subidas de precios superiores al IPC al cambiar de inquilino o al firmar un nuevo contrato.
Asimismo, solicita que los inquilinos sean reconocidos como consumidores, de forma que los abusos por parte de los arrendadores sean considerados infracciones en materia de consumo. Esto permitiría que las autoridades autonómicas impongan sanciones y habiliten mecanismos extrajudiciales para resolver conflictos de forma más ágil y efectiva.
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