Bruselas se pone firme y exige a España la retirada de las ayudas energéticas

La Comisión Europea de Bruselas insta al Gobierno de España a la eliminación progresiva de las ayudas energéticas durante los próximos años. Pero, ¿hasta cuándo?

Las recomendaciones de Bruselas para eliminar progresivamente las ayudas energéticas en España
Sede de la Comisión Europea en Bruselas. Archivo
Javier Martín

La Comisión Europea solicitó formalmente a España la retirada progresiva de las ayudas energéticas. Aplicadas con el motivo extraordinario de la inflación o la guerra en Ucrania, Bruselas insta al Gobierno a su eliminación progresiva durante 2023 para hacerlo de forma total en 2024. Asimismo, también ha recomendado usar el dinero ahorrado para disminuir la deuda pública y limitar el gasto.

Si una vez se hayan retirado estas ayudas, con la leve mejoría del panorama que se está observando, y la situación volviese a empeorar, requiriendo su reinstauración, España deberá hacerlo con cuantías abordables y destinadas únicamente a proteger a los hogares y empresas más vulnerables. Estas ayudas, que se cifran en torno a los 40 millones de euros en España, habrían colaborado a incrementar el PIB un 1,1 % y a evitar que el alza de precios fuera un 2,3 % mayor, sobre el 8,4 %.

La reducción del uso de los combustibles fósiles es otra de sus disposiciones, de la que posee una alta dependencia, potenciando, a cambio, la utilización de energías renovables, el incremento de la disponibilidad de viviendas sociales y asequibles energéticamente eficientes o intensificar los esfuerzos políticos dirigidos a la provisión y adquisición de las cualificaciones necesarias para la transición ecológica.

La recomendación de Bruselas a España para limitar la dependencia de ayudas

Bruselas, asimismo, aconseja a España reducir el aumento del gasto público primario al 2,6 % como tope en 2024, con el objetivo de recortar el déficit estructural del 0,7 % que debe cumplir como obligación en este 2023, equivalente a 9.289 millones de euros. Hay que recordar que se regresarán a las normas fiscales comunes, un máximo de déficit público del 3 % del PIB y una deuda del 60 %.

Las cuentas de la Comisión esperan que el año que viene no se cumpla el objetivo marcado en cuanto a gasto público, creciendo un 1,4 % en 2024. Además, sugiere conservar la inversión pública financiada a nivel nacional y garantizar la distribución y el buen uso de las subvenciones del fondo de Recuperación y Resiliencia y otras ayudas de la Unión Europea. 

Esto permitiría aplicar en 2024 una política fiscal a medio plazo de saneamiento “gradual y sostenible” para llegar a 2026 con una economía ciertamente saneada. También que disminuya gradualmente hasta el 2,7 % del PIB en 2025 y hasta el 2,5 % en 2026. La previsión es que el déficit de las administraciones caiga por debajo del 3 % del PIB en 2025. Mientras que el ratio de deuda pública lo haga del 109,1 % del PIB a finales de 2024 al 106,8 % a finales de 2026.

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