La prestación por incapacidad temporal de la Seguridad Social sigue experimentando novedades en este 2024. Esta administración ha lanzado un nuevo aviso, después de que desde abril del año pasado los trabajadores ya no tengan la obligación de emitir sus partes de baja médica a las empresas. Según apuntan desde ABC, ahora se podría solicitar información complementaria de los beneficiarios ante el aluvión de partes de baja registrados en 2023.
Durante el pasado año, los datos registrados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social muestran cómo ocho millones de personas estuvieron de baja médica, lo que supuso un coste de 14.000 millones de euros en gestión, siendo el segundo gasto más grande de la Tesorería General de la Seguridad Social, después de las pensiones.
Como apuntan desde el ministerio competente, liderado por Elma Saiz, aún no hay un acuerdo con las mutuas (fuera de control de las ausencias laborales) por los procesos traumatológicos y no se ha conseguido el objetivo de controlar los abonos. ¿El resultado? Se ha tenido que pedir ayuda a la CEOE.
La Seguridad Social pedirá información complementaria de los trabajadores en baja médica
Como ha solicitado por carta la directora general del INSS, María del Carmen Armesto, a la directora del departamento de Relaciones Laborales de la CEOE, Rosa Santos, es necesario un mayor control de la prestación de incapacidad temporal. A pesar de las medidas implantadas, es necesario obtener mayor información para comprobar que la ayuda da cobertura a las personas que realmente lo necesitan.
“Se está solicitando a las empresas que aporten detalles sobre el puesto de trabajo del empleado y una descripción de las funciones laborales, lo que permite una mayor comprensión de las limitaciones derivadas de la patología del trabajador y la relación con sus funciones laborales”, recogen desde Marca.
La directora del INSS hace hincapié con la calidad de los datos facilitados por parte de las empresas acerca del trabajador afectado por una enfermedad o lesión. El foco del mensaje lo pone en la falta de información sobre las funciones laborales, lo que dificulta el trabajo de los inspectores médicos y afecta a la correcta gestión de la prestación, es decir, que llegue a las personas correctas.
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