El 'Derecho al Error' es como se conoce a la posibilidad de resolver fallos involuntarios ante la Administración que tienen los contribuyentes antes de que lleguen a ser sancionados por hacer mal la Declaración de la Renta, por ejemplo. Esto busca disminuir el efecto que tienen algunos pequeños errores y aspectos pasados por alto en la gestión tributaria.
Desde Hacienda se afirma que los errores sin intención son considerados con el fin de evitar sancionar por pequeños descuidos, aunque existen incumplimientos que se quedan en un vacío legal al no haber norma que determine qué hacer con ellos. Las condiciones, los criterios y las normas al respecto de estos errores no son públicos aún, sino que están a expensas de un criterio interno.
Por este motivo, el propio órgano asesor de la Secretaría de Hacienda, el Consejo para la Defensa del Contribuyente, insiste en que este derecho debe aprobarse por ley. De lo contrario, no existirá ninguna "garantía real" de que un autónomo pueda evitar una sanción cuando caiga en un pequeño error sin mala fe al presentar sus impuestos.
De hecho, hace apenas unos días, un parlamento autonómico, el de Cataluña, incorporó este principio en el articulado de una nueva norma, sentando un precedente que podría impulsar su futura inclusión en la Ley General Tributaria.
Hacienda aplica el ‘Derecho al Error’, pero sus efectos reales son limitados para los autónomos
La Agencia Tributaria sostiene desde hace años que, cuando un incumplimiento no genera perjuicio económico para las arcas públicas, aplica el llamado Derecho al Error y evita imponer sanciones.
Estas situaciones abarcan fallos habituales sin intención de defraudar por parte de los autónomos, como la presentación fuera de plazo de modelos informativos, errores meramente formales o la falta de documentación secundaria.
Sin embargo, Jesús Rodríguez, presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente (CDC), explicó a este medio que esta práctica está muy lejos de convertirse en un derecho propiamente dicho, porque “en ausencia de modificación de la ley, intentan aplicar el espíritu del principio en los pequeños incumplimientos pero le falta el apoyo de la norma”.
A su juicio, estas “aplicaciones benévolas sin apoyo normativo” pueden dificultar el trabajo de los funcionarios que gestionan los expedientes, ya que “dependen de su interpretación” y no aportan la seguridad jurídica necesaria.
No hay garantía real de que un autónomo que se equivoque no vaya a ser sancionado
En la práctica, esto se traduce en que un autónomo que comete un error por primera vez no tiene asegurado quedar exento de una sanción, incluso cuando no exista perjuicio económico para Hacienda.
En definitiva, el denominado Derecho al Error aplicado por la Agencia Tributaria no es un derecho como tal, sino “una práctica interna, no publicada y dependiente del criterio del funcionario”. Su carácter oficioso provoca que dos contribuyentes en circunstancias idénticas puedan recibir respuestas distintas, lo que incrementa la inseguridad jurídica y deja a los autónomos en una situación de vulnerabilidad.
Por ese motivo, el CDC propuso en 2022 introducir este principio siguiendo el “modelo francés”, y su presidente considera que terminará incorporándose a la Ley General Tributaria, aunque la actual falta de actividad legislativa retrase su aprobación. Con ello, además de tener en cuenta los antecedentes del contribuyente, se garantizaría que “cuando ha sido cumplidor, no sancionarlo”.
Cataluña acaba de reconocer legalmente el Derecho al Error
Hace poco, el Parlamento catalán aprobó una ley que incorporó de forma explícita el derecho de cualquier ciudadano a corregir un error ante la Administración. La norma incluye también medidas como eliminar la obligatoriedad de cita previa para ser atendido y exigir un lenguaje administrativo claro y accesible.
El presidente del CDC subrayó que se trata de “la primera plasmación a nivel normativo que se produce en España” y que “copia” el modelo francés al requerir buena fe, excluir el dolo y aplicarse solo al primer incumplimiento. Además, va más allá del ámbito tributario, extendiendo esta garantía a todas las administraciones.
Rodríguez celebró que la reforma se asemeje a la propuesta del CDC, al incorporar condiciones como que el error no proceda de “un comportamiento que no sea doloso, que sea de buena fe y que sea el primer incumplimiento”.
Qué supondría el Derecho al Error para los autónomos
Según el defensor del contribuyente, si este principio se incorporara a la ley, los autónomos serían de los más beneficiados, ya que son quienes con más frecuencia incurren en “pequeños incumplimientos sin mala fe” relacionados con deducción de gastos, presentación de modelos periódicos, gestión del IVA, retenciones u obligaciones informativas.
Rodríguez añadió que permitiría resolver numerosas dudas que generan conflictos recurrentes con la Administración, especialmente en materia de gasto deducible, “donde hay muchísima conflictividad con la Administración”. También valoró que, siguiendo el ejemplo catalán, su alcance no se limite al ámbito tributario y pueda extenderse incluso a la Seguridad Social de los autónomos.
No obstante, señaló que si finalmente se legisla, el Derecho al Error quedaría acotado y no todos los supuestos podrían acogerse a él, por lo que seguirían existiendo incumplimientos que darían lugar a procedimientos sancionadores.
Lo que sí permitiría es reforzar la seguridad jurídica tanto para los autónomos como para los profesionales que gestionan sus trámites, ya que dispondrían de un marco legal claro y uniforme.
La aprobación de esta primera normativa autonómica ha reactivado un debate impulsado por el Consejo para la Defensa del Contribuyente. Su presidente considera que el Derecho al Error acabará incorporándose a la Ley General Tributaria para otorgar protección normativa a los millones de autónomos que deben enfrentarse a la burocracia mientras gestionan sus negocios.
