El Parlamento sueco ha dado luz verde a dos nuevas leyes con las que endurece su política migratoria obligará a determinados funcionarios como los que se encuentran en las oficinas, de empleo, la Seguridad Social del país nórdico o la Agencia Tributaria a informar sobre aquellas personas que levanten sospechas por estar residiendo de forma irregular en el país.
Las dos leyes son un modo de endurecer la política migratoria, una de ellas es la que va a permitir a las autoridades denegar o retirar los permisos de residencia por comportamientos incluidos dentro de lo que ellos entienden como mala conducta aunque no sean un delito específicamente.
La norma no cuenta de una forma cerrada, como señalan varios medios de comunicación entre ellos El País, qué actuaciones podrían provocar la pérdida del permiso pero el Gobierno ha explicado que entre estas se encontrarían las deudas sin pagar, incumplir las obligaciones tributarias, trabajos sin declarar, los delitos o tener vínculos con organizaciones extremistas.
La Agencia de Migración será la que se encargue de revisar los permisos adoptando las decisiones que correspondan y los afectados en caso de no estar conforme, podrán acudir a un tribunal de migración.
Los funcionarios están obligados a informar a las autoridades
El Parlamento ha aprobado con 174 votos a favor y 172 en contra otra norma a la que el sector crítico ha denominado ‘ley del soplón’ que obliga a determinados trabajadores de organismos públicos a llamar a la policía cuando tengan la sospecha de que una persona extranjera no tiene documentación o esta no se encuentra en regla.
Los trabajadores públicos que tendrán que adoptar esta medida son los que se encuentran en las oficinas de empleo, la Seguridad Social, el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional, la Agencia de Pensiones o la Agencia Tributaria.
Varias organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes han considerado que estas excepciones no impiden que la información sobre una persona circule por los distintos organismos. Con esto se refiere a que los profesores, médicos o trabajadores sociales quedaron exentos de la obligación impuesta por el Gobierno de Suecia a los empleados públicos, como apuntan algunos medios citados.
La cuestión son los criterios que se emplean en esta nueva norma, especialmente en la que tiene que ver con la ‘buena conducta’ ya que los criterios empleados son muy amplios.Civil Rights Defenders ha apuntado a que los extranjeros pueden quedarse sin saber qué medidas se podrían tomar en su contra.
Un investigador sostiene que estas medidas podrían aumentar la vulnerabilidad de los migrantes
Jacob Lind, investigador de la Universidad de Malmö, ha asegurado que las nuevas medidas podrían hacer aún más vulnerables a las personas migrantes, de modo que se encuentren en una situación de marginalidad con problemas para acceder a los servicios públicos y a determinados derechos.
La organización PICUM asegura que la obligación de denunciar podría causar que muchas de las personas que deben acudir a estas oficinas, encuentren una traba más y decidan no hacerlo. Asimismo se generaría un conflicto de intereses entre los empleados públicos que tienen la obligación de atenderlos.
Quienes inclumplan delitos “no podrán seguir en el país”
El Ejecutivo sueco ha defendido que las personas extranjeras que cometan algún delito o no cumplan con las obligaciones que aparecen en las leyes, no podrán quedarse en el país. El ministro de Migración, Johan Forssel, cuando presentó este proyecto de ley aseguró que “cualquier persona que no ponga de su parte para hacer lo correcto, no debería poder contar con quedarse”.
Suecia se encuentra inmersa en una puesta en marcha de medidas con las que controlar la política migratoria. Estos movimientos arrancaron tras las elecciones de 2022. En estos momentos, el actual Gobierno depende del apoyo parlamentario de los Demócratas de Suecia, que es una formación de derechas que consiguió el 20,6% de los votos siendo la segunda fuerza del país.
Desde ese momento, Suecia ha tomado decisiones para reducir algunos de los beneficios destinados a personas migrantes solicitantes de asilo impulsando campañas para desincentivar la llegada de nuevos residentes extranjeros.