La inflación obligará a las cuentas estatales a realizar un esfuerzo extra para compensar la consecuente revalorización de las pensiones. Los ministros Escrivá, Calviño, Montero ya se han encargado de confirmarla ante el temor y la incertidumbre generalizada a la creciente pérdida de poder adquisitivo por el incesante aumento del coste del nivel de vida desde el pasado verano.
Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que la tasa de Índice de Precios al consumo (IPC) que mide la inflación se sitúa actualmente en el 9,8%. Un número que no se veía desde 1985 y que crecerá si prosigue el conflicto geopolítico entre Ucrania y Rusia y sus consecuencias.
Una de ellas que el Gobierno deberá gastar más de 15.200 millones extra, según las previsiones actuales que ha llevado a cabo Fedea sobre el impacto de la inflación, proyectada en un 6% media anual entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022. Los gastos en pensiones, ahora mismo, crecerían en un 8,4%, por el 5% que lo harán las cuotas de la Seguridad Social que se encargan de abastecer el sistema. Un desequilibrio que el Estado se va a ver obligado a cuadrar mediante las transferencias por gastos impropios.
1.700 millones de euros más por cada punto de inflación
Cada 1% más de incremento de la inflación supondrá a las cuentas del Estado un desajuste extra en sus partidas de gasto de 1.700 millones de euros. En estos momentos, el coste total se traduce en 10.200 millones a ingresar a la hucha de la Seguridad Social el próximo año. Aunque las previsiones de otros organismos como el Banco de España lo aumentan en torno a los 12.500 millones de euros.
Y se hará mediante las transferencias de gastos impropios, una herramienta confeccionada para financiar el funcionamiento del Sistema o los complementos mínimos y con el que se va a cubrir también el desajuste general en el saldo del componente contributivo. Es decir, imprevistos del contexto.
Estos se sufragan, además de por la ya mencionada vía de las cotizaciones, mediante "una cierta creación de empleo del 1,5% compatible con una tasa de crecimiento de la actividad económica del 2,5% real", subraya el informe. En total, el gasto en pensiones en España previsto para 2023 se iría hasta los 188.500 millones de eros en 2023. El correspondiente al 14% del PIB en España. “Un importante déficit antes de afrontar el ambicioso reto de incorporar a los baby boom", apuntan.
El agujero de la reforma de las pensiones
La inflación, por tanto, añade más leña al fuego de las pensiones, cuya última reforma (la ‘reforma Escrivá’) suscitó gran desaprobación de los organismos rectores, como el Banco Central Europeo, que lo calificó en diciembre como “pan para hoy y hambre para mañana”.
Esta liga por ley la revalorización de las pensiones a la inflación mediante el IPC medio interanual y la revisión cada cinco años para comprobar si ha habido pérdida de poder adquisitivo. El propio organismo cifró en 10.000 millones de euros el agujero que tendrá que tratar de llenar para evitar contribuir a incrementar la deuda pública.
Asimismo, también se señala que esta reforma supondrá un desequilibrio para el resto de la sociedad. La mayoría de los sueldos no cuentan con cláusulas de revalorización y, además, se generará mayor presión en cotizaciones (0,6%), que soportarán empresas (0,5%) y trabajadores (0,1%).
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