El Gobierno de España ha cerrado el año con una oferta de empleo público extraordinaria mediante las que se han convocado 1.000 plazas adicionales en las corporaciones locales. Una medida incluida en el decreto anticrisis y aprobada el pasado miércoles en el Boletín Oficial de Estado (BOE), tras su aprobación en Consejo de Ministros. Esta bolsa de trabajo se deberá realizar en el plazo de un año desde la publicación de las respectivas convocatorias.
El objetivo es, principalmente, cumplir con la ejecución de las inversiones del Plan de Recuperación financiadas con los fondos europeos. “En un contexto de importante aumento de los procedimientos y expedientes de gestión económico-financiera y fiscalización como consecuencia de la ejecución de las inversiones del Plan de Recuperación financiadas con los fondos europeos, Next Generation EU, se hace necesario reforzar a las Administraciones locales”, señalaba el texto de la norma.
Por ese motivo, el Gobierno ha considerado necesario reforzar la plantilla de las entidades locales, que deben contar con el “suficiente personal” para realizar las funciones públicas, reservadas a los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional. Una necesidad que, según el Ejecutivo, se encuentra con una realidad que “evidencia un problema estructural” de cobertura de los puestos reservados, motivo que ha llevado a ampliar las vacantes de estos empleados públicos.
Oferta de empleo público complementaria a la de 2022
Esta oferta de empleo público extraordinaria se ha ejecutado de forma complementaria, con carácter adicional, a la correspondiente a 2022. De ese modo, en las respectivas convocatorias se deberá de especificar las subescalas que correspondan y su distribución territorial, que deberá ser proporcional al número de puestos vacantes en cada comunidad autónoma.
El Gobierno se encargó de reiterar que esta convocatoria extraordinaria para gestionar los fondos europeos servirá para reforzar “de manera inmediata” el personal de la Administración local que se dedica a as funciones de secretaría, comprensiva de fe pública (autenticar, formalizar y certificar actos públicos) y asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, la contabilidad, tesorería y recaudación, y el asesoramiento legal. Funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales (ayuntamientos).
Esta oferta de empleo público conlleva un esfuerzo extra que se enmarca en la adenda al Plan de Recuperación presentado por el Ejecutivo, mediante el que pedirán 84.000 millones de euros en préstamos a Bruselas. Respecto al decreto anticrisis, cabe recordar que recopila distintas medidas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania así como otras situaciones de vulnerabilidad, en un contexto todavía marcado por la inflación y la subida de precios.
De ese modo, contempla acciones como la prórroga al tope de la subida de los alquileres, un cheque de 200 euros para las familias vulnerables (para las rentas inferiores a 27.000 euros), o la rebaja de impuestos energéticos y en productos de alimentación. Todas ellas se aprobaron en Consejo de Ministros, aunque todavía están pendientes de convalidación en el Congreso de los Diputados.
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