El Gobierno ha iniciado las negociaciones con los sindicatos para definir la oferta de empleo público (OEP) de 2026 en la Administración General del Estado (AGE), con la previsión de que sea muy similar a las 26.889 plazas convocadas en 2025 y con el objetivo de aprobarla en abril. Este proceso se ha desarrollado en paralelo a los avances para implantar la jornada laboral de 35 horas, cuya aplicación está próxima tras meses de negociación.
Las conversaciones entre el Ministerio de Función Pública y las organizaciones sindicales han comenzado sin cifras cerradas, aunque, según recogen desdel Europa Press, desde el departamento que dirige Óscar López han señalado que la nueva convocatoria será “muy similar a la del año pasado”.
Los sindicatos han coincidido en que esta oferta deberá adaptarse a la próxima implantación de la jornada de 35 horas, un cambio que afectará a la organización del trabajo en la Administración. Desde CSIF han reclamado que la OEP de 2026 supere el número de plazas del ejercicio anterior, especialmente en áreas con déficit de personal como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social o Instituciones Penitenciarias, así como en los servicios vinculados a la regularización de extranjeros.
Reclamaciones sobre empleo y planificación
La central sindical también ha pedido eliminar la tasa de reposición (el límite que regula la incorporación de nuevos efectivos) ante la falta de Presupuestos Generales del Estado, con el fin de que las administraciones puedan ajustar sus plantillas a las necesidades reales.
CSIF ha recordado que rechazó la oferta de 2025 al considerar que se generó menos de la mitad de empleo neto que el año anterior y que se redujo la promoción interna. En este sentido, ha defendido que en la nueva convocatoria se apliquen los criterios del acuerdo marco vigente para mejorar los procesos selectivos y reforzar la atención al ciudadano.
Por su parte, UGT ha urgido al Ejecutivo a presentar cifras concretas antes de la próxima reunión y ha condicionado su apoyo a que la oferta garantice la compatibilidad entre la reducción de jornada y la calidad de los servicios públicos.
Además, el sindicato ha denunciado retrasos en convocatorias anteriores, con 5.765 plazas de nuevo ingreso y 3.238 de promoción interna aún pendientes de procesos selectivos correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025.
Además, Función Pública y los sindicatos están ultimando un acuerdo para reforzar el acceso al empleo público de personas con discapacidad. Entre las medidas previstas, se incluye la reserva de al menos un 10% de las plazas en acceso libre y promoción interna.
El acuerdo contempla también pruebas específicas, adaptación de procesos selectivos y el reconocimiento de situaciones de discapacidad sobrevenida, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y desarrollo profesional dentro de la Administración.
La jornada de 35 horas, cerca de aplicarse
En paralelo, Gobierno y sindicatos han avanzado en la negociación para implantar la semana laboral de 35 horas en la AGE, una medida contemplada en el Acuerdo para una Administración del siglo XXI.
Según UGT, el acuerdo podría cerrarse en los próximos días tras la presentación de un nuevo borrador, lo que permitiría extender esta jornada a todos los colectivos de la Administración General del Estado.
El sindicato ha defendido que se trata de una reivindicación histórica y ha subrayado que “este es el momento de consolidar” este derecho sin retrocesos en aspectos como la flexibilidad horaria o la conciliación.
Posiciones enfrentadas sobre el modelo
Mientras el Gobierno apuesta por una oferta continuista, los sindicatos reclaman un refuerzo de plantillas que permita afrontar tanto la reducción de jornada como la mejora del servicio público.
UGT ha insistido en que no respaldará una oferta que suponga una merma en la calidad del servicio, mientras que CSIF ha advertido de la necesidad de aumentar el empleo neto y corregir las limitaciones de convocatorias anteriores.
El desarrollo de la negociación en las próximas semanas será determinante para definir tanto el volumen de plazas como las condiciones laborales en la Administración del Estado.