Ni trabajo ni pensión para Jacobo Barchín: la lucha de un Guardia Civil que evita cobrar la incapacidad permanente

'No hay nada peor en esta vida que tener una vocación y no poder ejercerla', o eso dicen. Y no porque no se esté capacitado, sino porque los caprichos del destino frustran nuestros sueños. Jacobo Barchín, de 34 años, es un agente de la Guardia Civil que desde hace más de tres años y medio lucha por mantener su trabajo y regresar al cuerpo en un puesto adaptado a sus necesidades. 

Su reclamo de no cobrar la pensión de incapacidad permanente parece que no está siendo escuchado ni por el tribunal médico militar ni por sus superiores. Situación que ha llevado a su mujer, Raquel Morcillo, a dar a conocer su caso en redes sociales.

Este agente sufrió el 2 de diciembre de 2020 una caída mientras montaba en bicicleta. Tras caer en una arqueta de agua, sin señalizar ni alcantarillar, le provocó una lesión medular que le dejó en silla de ruedas. Pero el afán de recuperarse lo muestra día a día a sus 34 años. No solo para demostrarse a sí mismo que puede, también a los tribunales médicos y a la Dirección General de la Guardia Civil.

La batalla de Jacobo por regresar a la Guardia Civil en un puesto adaptado

Como explica su mujer en una charla con NoticiasTrabajo, “una vez que lo operaron, los médicos determinaron que tenía una lesión medular completa, algo que ahora ha cambiado y ya es incompleta tras la rehabilitación”. Esto lo ha metido en un “limbo”. La Seguridad Social no permite cobrar más de 545 dias una prestación por incapacidad temporal (baja médica). En este caso, Barchín la sigue cobrando a día de hoy “por el retraso en los trámites burocráticos”.

“Él siempre ha tenido claro desde el principio que quería reincorporarse a su puesto de trabajo. Desde el año 2015 es Guardia Civil y, anteriormente, militar durante cuatro años”, explica su esposa. “Incluso él, estando hospitalizado, se sacó unos cursos para seguir trabajando".

“Al año de estar hospitalizado le llamó el Tribunal Médico Militar para hacerle un reconocimiento, y ahí le dijeron que lo iban a ayudar, pero necesitaba el reconocimiento del grado de discapacidad”. En ese momento, la pandemia retrasó la situación. "A los seis meses volvimos y al presentar su discapacidad física del 70% le negaron el regresar a su puesto”, prosigue.

Como bien hace hincapié Raquel, la discapacidad es solo de los miembros inferiores, porque la cognitiva está intacta. “Él es completamente autónomo, conduce y va solo a rehabilitación”. Esto ha provocado que él siga en activo dentro del cuerpo, pero de baja médica.

P: ¿Buscasteis asesoría para presentar las alegaciones frente a ese Tribunal Médico Militar?

R: “Sí, Jacobo presentó alegaciones asesorado por el departamento jurídico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.” 

Después de esto, le contestaron y en enero de 2024 tuvo que acudir de nuevo al tribunal médico en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. “Allí lo mismo, le dijeron que estaba capacitado para un puesto con limitaciones, pero en junio de 2024 llegó el acta y ahí vuelven a proponerle que acepte la pensión de incapacidad”.

Ahora, Jacobo ha vuelto a reclamar esta última decisión “por discriminación por discapacidad”, y está a la espera de respuesta del Ministerio de Defensa.

P: ¿Cuál es la justificación real que dan desde los tribunales médicos para impedirle regresar a su puesto?

R: “No lo sabemos ciertamente. Ellos se amparan en su grado de discapacidad. Para nosotros esto es una discriminación. Es más que evidente que en la calle no puede estar patrullando, pero sí en una oficina realizando labores administrativas. Él está destinado en Campello (Valencia) y dentro de su mismo cuartel hay actividades que puede ejercer. Hay rampa de acceso, baño adaptado…”

La opción que evita el despido automático por incapacidad permanente

Tras un cambio reciente en el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, una persona a la que se le otorga una discapacidad, ya sea por enfermedad o accidente, de carácter laboral o no, puede evitar el despido automático.

Como bien indica el Ministerio de Trabajo, capitaneado por Yolanda Díaz, en estas situaciones la persona tiene el plazo de un mes para exigir que el empleador (público o privado) le facilite el regreso en un puesto de trabajo adaptado a sus necesidades y grado de discapacidad.

Este cambio normativo ha llegado “como agua de mayo, a la vida de Jacobo". Ahora, la ley sí que le ampara para cumplir su sueño de regresar a la benemérita, a pesar de sus circunstancias físicas, que no psíquicas ni cognitivas. “Él tiene derecho a seguir trabajando y a decir cuál quiere que sea su futuro laboral”, expone su mujer.

P: Raquel, ¿qué te motivó para lanzarte a las redes sociales y difundir la situación personal de tu marido?

R: “Cuando vi todo el trabajo que ha invertido Jacobo en su recuperación y el trabajo realizado antes hasta llegar hasta aquí y ver que no le están ayudando por estar en una silla de ruedas, me pareció súper injusto”. 

“Vi que esto se tenia que visibilizar. Entender que todos tenemos derecho a trabajar. Es totalmente lícito el que una persona quiera seguir trabajando o decida que es su momento de abandonar el mercado laboral. Al final estamos hablando de una administración pública, que debe ser la primera en dar ejemplo.” 

“Cuando nos enteramos, fue como ver la luz después del túnel. Aunque esto está en el Estatuto de los Trabajadores y los Guardias Civiles se rigen por un estatuto diferente, esperamos que al final lo sigan aplicando exactamente igual, porque si no sería discriminatorio”, concluye la entrevistada.