El ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, ya ha dado su respuesta a la mediática sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En la misma, este órgano instaba al Gobierno a convertir en fijos a cientos de miles interinos de larga duración, considerando que España no ha actuado correctamente para disuadir a las Administraciones Públicas del abuso de la contratación temporal.
Ante esta resolución, Escrivá ha pedido esperar a que los tribunales españoles interpreten la sentencia del TJUE, entendiendo que la interpretación realizada ha sido “muy extensiva” y que la misma se refiere a “unos casos muy concretos”. Además, incide en que en la misma, se refleja de forma “clara” que la decisión de modificar o no la jurisprudencia nacional consolidada corresponde a los tribunales españoles, si consideran que la interpretación actual es incompatible con los objetivos recogidos en el acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, como sí consideran desde la justicia europea.
De hecho, desde el TJUE, en respuesta a una petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), añadieron además que en la legislación española faltan “medidas adecuadas” para prevenir y sancionar adecuadamente los abusos derivados de la utilización sucesiva de los contratos temporales, como es el caso del contrato indefinido no fijo.
Escrivá reconoce el problema de la temporalidad en España
El ministro de Función Pública, que está trabajando en la reforma de la Administración Pública, ha detallado que el problema de fondo es la “excesiva temporalidad” existente en España, que se ha mantenido “durante décadas” y sigue perdurando, en declaraciones recogidas por Europa Press.
Al respecto, ha declarado que “en España hemos entendido que la flexibilidad en las relaciones laborales se conseguía tanto en lo público como en lo privado, teniendo grandes reservas de trabajadores temporales que se podían ajustar para arriba y abajo”.
Según Escrivá, es por esta razón por la que Europa los “entiende mal”, alegando que “tiene razón para entendernos mal” y que esto “no solo pasa con esta sentencia, sino en distintos informes o discusiones en el marco del Plan de Recuperación”. Ha continuado expresando que muchas de las decisiones que se han tomado en España, en el sector público, “las tomaba una dirección que se llama Costes de personal. Por lo tanto, los recursos humanos en la Administración Pública se entendían como un coste, cuando los recursos humanos son inversión a largo plazo”.
Una situación que, ha apuntado, se está intentando solucionar con la reforma laboral y se va a bordar en la Administración Pública, con una mejora de la planificación de los recursos humanos y la eliminación de la tasa de reposición, como ya anunció durante la presentación de los objetivos de su ministerio.
Sobre esta reforma de la Administración Pública, ha vuelto a recordar que se va a apostar por un modelo basado en las competencias funcionales y en las necesidades de la misma, como ya se expuso en el Real Decreto ley 6/2023: “esta planificación no existe ni en la Administración General del Estado ni en prácticamente ninguna administración pública en España. Esta es la gran transformación”, ha concluido.
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