La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha adelantado que el Consejo de Ministros de mañana martes, 14 de abril, no aprobará el Real Decreto con la reforma del registro horario. Pese a ello, ha asegurado que están “trabajando para que vaya rápidamente”, después de los rifirrafes con el Ministerio de Economía, en manos de Carlos Cuerpo, y el informe desfavorable del Consejo de Estado.
Hay que recordar que esta reforma formaba parte, inicialmente, del proyecto de ley para la reducción de jornada a 37,5 horas. Al caer está en el Congreso de los Diputados, el Ministerio de Trabajo decidió aprobar la parte del registro de jornada aparte, mediante real decreto. Fue en septiembre del año pasado cuando el Gobierno aprobó la tramitación urgente del proyecto de Real Decreto para el nuevo registro de jornada, pero meses después, no ha sido aprobado. Y tampoco lo será mañana.
Trabajo ha fundamentado esta reforma en unos pilares básicos: el registro pasará obligatoriamente a ser digital y accesible en remoto para cada trabajador, los representantes sindicales y la Inspección de Trabajo. Esto es, la inspección podrá acceder ‘online’ en cualquier momento a los registros.
De esta forma, entre otros objetivos, la cartera de Díaz pretender frenar las horas extraordinarias sin remunerar, calculando que cada semana se hacen más de 2,8 millones de horas extra sin pagar.
Más novedades del registro horario
Asimismo, de salir adelante este real decreto, se deberán registrar todos los tipos de jornada (ordinarias, extraordinarias, flexibles y horas complementarias en el tiempo parcial), todo ello para saber si se cumplen los límites de jornada y los descansos mínimos.
Esta reforma establece además que no se pueden modificar los apuntes realizados sin el consentimiento de los trabajadores.
Economía pide más margen para las empresas
El Ministerio de Economía aboga por incluir un plazo de adaptación para las pymes de un año y no de 20 días, como figura actualmente en la norma. Para el departamento de Carlos Cuerpo, se necesita un periodo transitorio amplio para su aplicación y herramientas que minimicen el impacto operativo para las pymes, así como que se tenga en cuenta la realidad de cada sector.
En esta línea, ve necesario revaluar la necesidad de imponer cargas burocráticas adicionales. Además, Economía advierte que las pymes se verán obligadas a implantar sistemas digitales, que precisan licencias de software, costes de puesta en marcha y dificultades iniciales, además de la formación de los trabajadores.
Por esta razón, propone que sea la propia Administración la que desarrolle un sistema o aplicación pública accesible en su coste para las empresas, siguiendo el modelo de la factura electrónica.