Yolanda Díaz reactiva el Estatuto del Becario y quiere aprobarlo “con carácter urgente”

Fue en junio de 2023 cuando, después de un año del primer borrador, el Ministerio de Trabajo llegó a un acuerdo con los sindicatos (no con la patronal) para la aprobación del Estatuto del Becario. Sin embargo, otro año después, esta no se ha producido. Esto podría estar a punto de cambiar y es que se ha dado el primer paso para lograrlo: el Grupo Parlamentario Sumar, el partido de Yolanda Díaz, ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para reactivar su tramitación.

La iniciativa planteada, tal como ha dado a conocer ‘Europa Press’, se va a debatir en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, e insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para su tramitación “con carácter urgente”. Esta se haría siguiendo el texto pactado con los sindicatos CCOO y UGT en junio de 2023, no esperándose grandes cambios (una de las medidas acordadas, que es la cotización de los becarios, sí que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2024).

Para Sumar, esta norma es de suma importancia. Principalmente, por sus potenciales efectos para corregir el recurso “fraudulento” de muchas compañías, consistente en utilizar a personas en formación para cubrir puestos de trabajo reales en empresas e instituciones, que vienen asumiendo las mismas funciones que un trabajador ordinario. 

“Esta práctica no solo juega en contra de la generación de empleo en nuestro país y supone un perjuicio patrimonial para las arcas públicas ante el incumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social por parte de las empresas, sino que desincentiva la futura incorporación al trabajo de la persona estudiante, cuya experiencia resulta en una prestación de servicios idéntica a la de cualquier trabajador por cuenta ajena, pero sin el reconocimiento de los derechos que le corresponderían como tal”, apuntan desde la formación.

Principales medidas acordadas en el Estatuto del Becario

La proposición no de ley registrada por Sumar plantea rescatar el texto acordado con los sindicatos, por lo que saldrían adelante las medidas acordadas en junio del año pasado y que amplían los derechos actuales de los becarios. Entre ellas, se encuentra la obligación de las empresas a compensar los gastos de las prácticas, como es el abono a los estudiantes de los gastos de transporte o manutención. No se trataría de una retribución en sí, sino de una compensación. 

La norma también limita la presencia de los becarios en las empresas, pudiendo suponer, como máximo, el 20% total de la plantilla. La excepción sería las pymes, que sí podrían contar con dos becarios sin atender a este porcentaje. En el acuerdo, también se limitaban las prácticas curriculares y extracurriculares:

• Prácticas curriculares (las que se realizan durante los estudios oficiales de grado, máster o doctorado): no podrán superar el 25% de las horas concretadas en los créditos ECTS de cada titulación. Un grado de 4 años, se compone de 240 créditos, por lo que estas prácticas no podrían superar los 60 créditos. 
• Prácticas extracurriculares ((las que no forman parte del plan de estudios): no podrán superar el 15% de las horas que se concreten en los créditos ECTS de la titulación o superar las 480 horas. Es donde hubo más polémica y, realmente, la intención inicial de Trabajo y los sindicatos era eliminarlas, pero cedieron para intentar que la patronal se sumara al acuerdo (sin éxito).

En último lugar, también se recogía un régimen sancionador, con diferentes multas en función de la gravedad de las infracciones, oscilando entre los 7.501 hasta los 225.018 euros. Sumar, en el registro de esta PNL, ha destacado que “se trata de una norma fundamental, fruto del diálogo social, que permitirá dotar a las personas estudiantes y a las empresas de un régimen jurídico que proporciona seguridad jurídica y cierra en nuestro país el modelo de empleo-formación, delimitándolo claramente”.