Malas noticias: Yolanda Díaz podría no tenerlo tan fácil para subir las indemnizaciones por despido

La reducción de la jornada laboral no es la única medida que está librando el Ministerio de Trabajo para “ampliar derechos” a los trabajadores. Yolanda Díaz también se ha comprometido a aumentar la indemnización del despido improcedente, asegurando recientemente que será después del verano cuando se pongan con ella. Sin embargo, aunque parecía que tenía el camino hecho para ello, podría no tenerlo tan fácil. 

Según ha podido saber Europa Press, el Gobierno no prevé modificar la regulación de estas indemnizaciones, considerándola “adecuada” al estar “tasada y basada en criterios objetivos” que aportan “seguridad jurídica al sistema”. Así lo habría dado a conocer el Gobierno en respuesta a una batería de preguntas parlamentarias de varios diputados de Vox en el Congreso, tal ser preguntados por este asunto. 

En concreto, la formación de Santiago Abascal habría preguntado al Gobierno si va a haber alguna modificación en la indemnización del despido improcedente, exponiendo como precedente la sentencia del Tribunal de Justicia del País Vasco que, siguiendo los preceptos de la Carta Social Europea, otorgó una indemnización mayor a la máxima legal actual. 

El Gobierno, según avanza Europa Press, sería contrario a esta modificación, considerando que el sistema actual ofrece ventajas para los trabajadores, “al eximirles de la prueba del daño realmente causado en caso de despido improcedente”, y para las empresas, por lograrse un “efecto neutro en la decisión de contratación”. Sin embargo, esta solo sería la postura del ala socialista, del PSOE, resultando contraria a la de Yolanda Díaz, al frente de Trabajo, que es el departamento que quiere llevar a cabo esta reforma. 

¿Contraria o no a la Carta Social Europa?

La respuesta se va a conocer oficialmente a finales de este mes de julio, ya que es el plazo máximo que tiene el Gobierno para publicar el fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) sobre esta cuestión. Si no lo hace, lo publicará el propio organismo europeo, aunque en cierto modo ya se dio a conocer cuál es su posición, que le daría la razón a Yolanda Díaz y obligaría al Gobierno a cambiar su decisión. 

¿El motivo? PSOE y Sumar, en su pacto de Gobierno, se comprometieron a “establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”. Así pues, el Ejecutivo estaría obligado a cumplir con el fallo del CEDS, porque en este se determina si está cumpliendo o no con dicha normativa.

En concreto, en el artículo 24 de la Carta se establece que, en caso de despido improcedente, los trabajadores tienen derecho “a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Y la opinión de Díaz y de los sindicatos (siendo UGT quien elevó esta cuestión al CEDS) es que la actual indemnización por despido, de 33 días salario por año trabajo con un límite de 24 mensualidades, estaría incumpliendo este punto, ya que en muchos casos este “tope” impide una reparación real del daño causado, como especifica la norma europea. 

“El límite máximo de los baremos de indemnización no permite conceder a un trabajador una indemnización superior en función de todas las circunstancias, ya que los tribunales solo pueden ordenar una indemnización dentro de los límites del baremo”, expresaba el propio Comité Europeo en su informe de Conclusiones 2023, por lo que se presume que esta reflexión es la que va a confirmar también su fallo. 

Además, este adelanto concuerda con varias declaraciones de Yolanda Díaz y UGT. La ministra, por su parte, aseguró hace unos meses que “reformar el despido en nuestro país es hacerlo justo, y es reconocer que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras no son predecibles, y que, como dice la doctrina europea, no puede ser que un empresario sepa de antemano cuánto le cuesta despedir a un trabajador o a una trabajadora en nuestro país”.  

Y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, poco después de que se conociera el fallo (no públicamente, solo se dio a conocer a este sindicato y al Gobierno), señaló en una columna que cuanto antes se supiera lo resuelto por el Comité, sería “mejor para todos”. 

Yolanda Díaz aboga por el “despido restaurativo”

Tanto los sindicatos como el Ministerio de Trabajo defienden una reforma de la indemnización por despido improcedente para que esta sea tanto reparatoria como disuasoria, asegurando Yolanda Díaz que el despido sale “demasiado barato” en España. 

La propuesta de la ministra y vicepresidenta segunda del Gobierno es que la cuantía de estas indemnizaciones no esté limitada y se establezca teniendo en cuenta distintos factores, como la edad, la antigüedad en la empresa o si la persona pertenece a un colectivo vulnerable. Esto se ha dado a conocer como “despido restaurativo” o indemnizaciones “a la carta” y se vio reflejada en una PNL registrada por Sumar.

Esquerra Republicana (ERC), Podemos, EH Bildu y BNG también han reclamado esta reforma, solicitando la recuperación de la indemnización por despido improcedente de 45 días que fue derogada durante el mandato de Mariano Rajoy.