El sindicato CSIF ha solicitado este martes una reunión urgente con el ministro de Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, con el objetivo de abordar el grave problema del abuso de los interinos en las administraciones públicas. La organización denuncia que el Gobierno sigue sin aplicar soluciones eficaces y ha advertido de que, si no se actúa antes de final de año, retomará las movilizaciones en todo el país. “Si no cambia de actitud, antes de que acabe el año habrá de nuevo movilizaciones en toda España”, ha afirmado.
Según recogen desde Europa Press, CSIF ha alertado de que alrededor del 30% del personal de las AAPP permanece en situación temporal, muy por encima del 8 % que establece la normativa española y europea. Esta situación ha provocado que Bruselas retenga cientos de millones de euros en ayudas a España, como medida de presión ante el incumplimiento de sus compromisos en materia de estabilidad en el empleo público.
El sindicato teme que el próximo jueves el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita unas conclusiones duras contra el Estado español, en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo. “Las administraciones están fracasando en la aplicación de la norma”, ha señalado CSIF, que considera que las medidas impulsadas por el Gobierno son insuficientes y siguen penalizando al personal interino.
CSIF ha acusado al ministro Óscar López de tener “bloqueada la negociación” con los representantes del personal público. La organización sindical considera imprescindible abrir un diálogo real y adoptar reformas estructurales para garantizar la estabilidad laboral. Mientras no se cumplan los compromisos, ha asegurado, continuará con las medidas de presión necesarias para acabar con el abuso de la temporalidad en el sector público.
Exigen procesos más ágiles, sanciones y el fin de la tasa de reposición
CSIF reclama la eliminación definitiva de la tasa de reposición en las ofertas de empleo público, para que las administraciones puedan convocar plazas según sus necesidades reales y no dependan de límites estatales que perpetúan la temporalidad.
Además, solicita que se convoquen todas las plazas cubiertas actualmente de forma interina y que los procesos selectivos se resuelvan en un plazo máximo de tres años, tal como establece la legislación vigente.
El sindicato también reclama la imposición de sanciones ejemplares, tanto civiles como penales, a los responsables públicos que mantengan el abuso sistemático de la contratación temporal. En este sentido, ha rechazado la última propuesta del Ministerio, que reduce de tres a dos años el plazo para cubrir una vacante, al considerar que “mantiene la penalización sobre el personal interino, limitando en dos años su permanencia en el puesto”.